El consejero delegado del Banco Popular, Pedro Larena, ha previsto esta semana que en el primer trimestre del año la entidad tendrá cerrada la estructura de su sociedad inmobiliaria a la que prevé traspasar unos 6.000 millones en activos improductivos.

Todavía “no hay nada cerrado”, “estamos fijando la estructura de la sociedad”, que “está en marcha y avanza a buen ritmo”, ha dicho Larena durante la rueda de prensa de presentación de los resultados correspondiente al tercer trimestre.

En su intervención, Larena ha recordado que la creación de dicha sociedad se enmarca dentro del nuevo Plan de Negocio, con el que el banco prevé librarse de 15.000 millones en activos improductivos antes de 2018. Una de las fórmulas que estudia el banco para deshacerse de dichos activos es la creación de esta sociedad inmobiliaria, a la que podría incorporar Aliseda, que gestiona los inmuebles de la entidad.

“Aliseda se plantea para que pueda formar parte de ella, y aunque no es imprescindible, la hace más apetecible”, ha dicho Larena, que ha confirmado que la citada sociedad inmobiliaria podría salir a bolsa, y ello con el objetivo de dar liquidez al accionista, que tendrá una participación en ella “sin desembolsar dinero” y en relación con la acciones que tenga.

Y de por medio, el ERE

Por otra parte, Pedro Larena, ha anunciado que las negociaciones con los sindicatos por el plan de ajuste de personal que dejará fuera a unas 2.600 personas “terminará, posiblemente, la semana que viene”.

“Se está hablando, los sindicatos están cumpliendo su función y nosotros estamos haciendo lo posible para acercar posiciones”, ha comentado Larena. Este recorte de personal, unido al cierre de 302 oficinas se engloba dentro del “cambio radical de la cultura de trabajo y del tipo de tareas que realizan las sucursales”.

El plan de ajuste de personal incluirá a unos 2.600 trabajadores del banco y se realizará a través de “prejubilaciones, bajas incentivadas y excedencias de trabajo voluntarias”. También se procederá a un periodo inicial de adscripciones voluntarias.

A través de las prejubilaciones, Popular espera reducir en 1.900 su número de empleados; 1.700 de ellos mayores de 59 años, y unos 200 con edades comprendidas entre 55 y 58 años. Otros despidos se realizarán en oficinas (1.613 empleados); en centros regionales y territoriales (575); y en sucursales, donde saldrán 404 trabajadores.