El Juez del Supremo que instruye la investigación por supuesto blanqueo de dinero contra la senadora y exalcaldesa de Valencia por el PP Rita Barberá la ha citado como imputada para el próximo 21 de noviembre.

El Tribunal Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como “pitufeo”, supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.

La investigada comparecerá de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa. La comparecencia se celebrará a partir de las 10.30 horas.

Conde Pumpido, en otra resolución dictada este jueves, ha admitido la personación del PSOE como acusación popular contra Barberá, para lo cual ha impuesto a este partido una fianza de 3.000 euros.

La causa abierta por el Supremo se apoyó en el informe favorable del fiscal y deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado Caso Imelsa. La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros.

Asimismo, se indaga si con donaciones de mil euros de concejales y asesores que todos los investigados reconocen haber efectuado y que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500, se trató de blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita.

En el auto que abrió la causa contra Barberá el Supremo destacaba que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.

“Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla”, dijo el Supremo.

La causa apunta hacia la secretaria del Grupo María del Carmen García-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.

El Caso Imelsa nació a partir de una investigación sobre determinadas irregularidades en la Concejalía de Cultura y la Diputación Provincial, así como en el de la empresa pública Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGS.

En ese contexto se tuvo conocimiento de una conversación telefónica -cuya escucha se hizo con autorización judicial- según la cual se habría realizado un ingreso mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, donativo que fue reintegrado con dos billetes de 500 euros.