Por si los bancos no tuvieran suficientes excusas para cobrar comisiones, el Ayuntamiento de Madrid les ha dado una razón más. El consistorio ha aprobado, dentro de las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor en 2017, la creación de una tasa que gravará la actividad de los cajeros automáticos ubicados en la calle. Y los bancos están que trinan.

Era una medida que se incluía en el programa electoral de Ahora Madrid aunque la alcaldesa, Manuela Carmena, reculó y negó hace más de un año que se fuera a aprobar la tasa sobre los cajeros automáticos. Al final Carmena se ha desdicho -de nuevo- y el consistorio sí ha aprobado este recargo.

El nuevo gravamen afecta a los cajeros automáticos instalados en la línea de fachada de los edificios de la ciudad, de forma que se libran los dispensadores de efectivo ubicados dentro de las sucursales bancarias. Las entidades financieras sólo pagarán por los cajeros a los que se tenga acceso directo únicamente desde la vía pública.

En la patronal bancaria AEB no ha gustado esta tasa de nuevo cuño. “Estamos en contra de gravar con una tasa el acceso del cliente a obtener dinero de un cajero de acceso público”, ha afirmado el portavoz de la asociación de las entidades, José Luis Martínez Campuzano, en declaraciones a SABEMOS. “En mi opinión supone encarecer un servicio básico para el cliente financiero”, ha añadido.

El cabreo de la banca, empero, no es lo que más preocupa a estas alturas de la película. Lo peor es que esta nueva tasa podría agravar la crisis de las comisiones bancarias, que ha servido para imponer recargos al usuario que acude a una red de cajeros que no es la de su entidad.

“Consideramos que esta decisión, en función de la política comercial de las entidades, podría acabar en mayor o menor medida repercutiendo en el usuario”, ha vaticinado Martínez Campuzano. O sea, que las entidades podrían trasladar a sus clientes el cobro de este recargo, dependiendo de su mapa de comisiones bancarias.

Todavía es pronto para conocer las repercusiones de esta medida, dado que la información es aún escasa. Fuentes del mercado consultadas por SABEMOS han indicado que las entidades necesitan tiempo para evaluar su respuesta ante la nueva situación diseñada por el equipo de Manuela Carmena.

Lo mismo apuntan desde otra entidad, Bankia, con una gran implantación en la región. Fuentes del banco heredero de Caja Madrid han indicado que aún es pronto para ponderar el alcance de la medida ni cómo responderá la compañía ante esta tasa. Por otro lado, las fuentes consultadas han afirmado que en las localidades con este tipo de impuestos en las que opera Bankia, la entidad no repercute este coste en sus clientes.

No da para hacer dinero

El comunicado difundido por el Ayuntamiento habla de un impuesto que varía en función de la “categoría fiscal” de la zona de la ciudad en la que esté cada cajero. De esta forma, el importe oscilará entre los 26,21 euros por cajero y año de mínimo y los 742,22 euros de máximo, con otras 7 categorías más de precio, tal y como ha anunciado el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

En cualquier caso, el alcance recaudatorio de esta tasa sobre los cajeros es limitado: el consistorio prevé ingresar con esta tasa tan sólo 745.405 euros en 2017. Teniendo en cuenta que en Madrid hay 2.084 cajeros, el pago medio por cajero y por año será de 357,6 euros.

Si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los datos del Banco de España (BdE), los 2.084 cajeros de Madrid suponen un 4,17% del parque español de dispensadores de efectivo, estas máquinas serían responsables de 38.395 millones de operaciones, frente al total de 918.773 millones de transacciones que se producen en toda España al año. Por lo tanto, si hubiera que repartir el importe de la tasa -745.405 euros- entre todas las operaciones que se producen cada año en los cajeros de Madrid de manera lineal, las entidades podrían cobrar 0,000019 euros por cada operación.

Esos 745.405 euros no son más que una chuchería para los bancos pero para el Ayuntamiento son un gesto simbólico.

Foto: Efe