El pacto de investidura firmado por Partido Popular y Ciudadanos incluye una medida, la número 10, para que los consumidores tengan derecho a pagar cualquier operación con un importe superior a 10 euros mediante tarjeta de crédito. La medida aporta más facilidades para el comprador y también puede ayudar en la lucha contra la economía sumergida y el dinero negro.

La regla de oro del comercio electrónico es que el cliente tiene que poder pagar de forma segura y como le dé la gana, desde Paypal hasta contra reembolso o transferencia bancaria. El mundo real es otro cantar: muchos establecimientos todavía hacen gala de su anacronismo y solo permiten pagar en efectivo. Los bancos les cobran comisiones, alegan, cuando en muchas ocasiones lo que quieren decir es que prefieren que no quede rastro de las operaciones para esquivar el control fiscal.

PP y Ciudadanos creen que hay que “establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito”, tal y como consta en su pacto de investidura. Esta medida, que forma parte del paquete de 150 iniciativas para la nueva legislatura, tiene como objetivo “incrementar la facilidad, comodidad y seguridad de esas operaciones”.

AEB: “Los pagos electrónicos representan un ahorro de costes para el conjunto del sistema respecto a la movilización y uso de efectivo”

Desde luego, los que más ganan son los consumidores, que ven cómo sus opciones de pago aumentan. Además, las operaciones electrónicas dejan una prueba fehaciente de que se ha contratado un servicio o se ha adquirido un producto, lo que le da más legitimidad al cliente a la hora de reclamar. Es lo que resaltan en la patronal bancaria AEB.

“La AEB está a favor de facilitar el uso de los medios de pago electrónicos puesto que son más cómodos y seguros para el usuario. También representan un ahorro de costes para el conjunto del sistema respecto a la movilización y uso de efectivo”, asegura un portavoz de la asociación en declaraciones a SABEMOS.

Los grandes ganadores de la generalización del cobro con tarjeta de crédito por encima de 10 euros son los consumidores, aunque los bancos también salen bien parados. Por un lado, las entidades reducen su estructura de costes de mantenimiento de los cajeros y de la red de transporte de dinero. Pero por otro lado también consiguen que los terminales de cobro con tarjeta de crédito y débito lleguen a más comercios, ya que se vuelve una condición obligatoria para operar. De esta forma, las entidades acaban con más establecimientos a los que repercutirles una comisión.

No obstante, la medida número 10 del pacto de investidura matiza que la promoción del pago electrónico viene acompañada de una reducción de las comisiones. Habría que ver cómo se articula este coto.

En cualquier caso, este punto no incluye una de sus principales razones de ser: los pagos electrónicos constituyen “un valioso instrumento para la lucha contra la evasión y el delito fiscal”, como explican desde la AEB.

Dinero blanco y negro

Todo lo que sea pago con tarjeta deja rastro y evita operaciones en dinero negro”, resume en una conversación con SABEMOS el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado.

Las operaciones con efectivo no dejan ese rastro, añade, por lo que pueden no ser declaradas. De esta forma escapan al control fiscal y a los impuestos, así que la medida del cobro con tarjeta de crédito incluida en el pacto sería “positiva para combatir la economía sumergida”, según Cruzado.

Otra cosa es que se consiga lo que se persigue. “La medida como tal no va a obligar a la gente a utilizar la tarjeta de crédito. No quiere decir que se vaya a aumentar el uso. El pago con tarjeta es importante pero veremos hasta qué punto la iniciativa es efectiva”, matiza Carlos Cruzado.

Es importante, indica, que la obligación para los comerciantes de ofrecer la opción de pago electrónico no sea una carga “onerosa” para sus cuentas, en especial debido a las comisiones bancarias. Ese ha sido uno de los factores que ha impedido la extensión del cobro con tarjeta de crédito y débito y que ha provocado que España esté “a años luz” de los países del norte de Europa en cuanto a la extensión de los pagos electrónicos, de acuerdo con el presidente de Gestha.

Razones para ser ‘cashless’

España es uno de los 10 países del mundo que más se pueden beneficiar de la reducción de las operaciones en efectivo y el aumento de los pagos electrónicos. Está junto a Estados Unidos, Holanda, Japón, Alemania, Francia, Bélgica, República Checa, China y Brasil en la lista de mercados con potencial para digitalizar sus transacciones, aunque lejos todavía de países punteros en el movimiento cashless (“sin efectivo”, en inglés) como los estados nórdicos o el Reino Unido.

Las razones económicas son evidentes: si hay más movimientos de tarjetas de crédito y débito se reduce la necesidad de que el dinero en efectivo se mueva. Menos billetes y monedas en la caja registradora de un supermercado implican menos furgonetas blindadas de reparto, una red de transporte con altos costes.

Con la transformación de las transacciones en efectivo a electrónicas se consigue también aminorar la dependencia de la red física de cajeros electrónicos, que también conllevan costes de mantenimiento para los bancos. Y si la entidad repercute estos costes en forma de comisiones, el ahorro para el consumidor es significativo.

Esas son las ventajas evidentes pero también las hay inherentes, como la consabida lucha contra la economía sumergida y el dinero negro. Pero por otro lado, si se garantiza el pago con tarjeta y se reduce la dependencia del efectivo, los consumidores tienen menos incentivos para sacar dinero de sus entidades, una conducta que si se reproduce en masa podría acarrear situaciones de falta de liquidez y, a largo plazo, conduciría a corralitos.

La abundancia de pagos electrónicos en detrimento de las operaciones con efectivo es un rasgo de las economías avanzadas. Para que el cobro con tarjetas de crédito se generalice hace falta un cierto nivel de excelencia tecnológica, lo cual requiere que un país sea desarrollado, pero el mero hábito de comprar con “dinero de plástico” ya implica una mentalidad diferente. Los ciudadanos que abrazan la reducción de la moneda contante y sonante renuncian al dinero negro, pues todas las operaciones quedan registradas. Para dar ese paso hay que tener, como sociedad, cierto sentido del civismo que no se da en todos los países. La medida número 10 será una prueba de madurez para España.

Foto: Flickr – frankieleon