Génova asumirá el miércoles el grueso de las exigencias de Ciudadanos para negociar, pero tratará de rebajar la que reclama una investigación parlamentaria sobre el ‘caso Bárcenas’. Los populares intentarán llevar a Rivera a un pacto global para toda la legislatura.

El PP ha encajado bien el ultimátum lanzado el martes por Albert Rivera. Y no se esfuerza en disimularlo. Después de que Mariano Rajoy lo celebrara como “una buena decisión para España” y aplazara siete días la respuesta al mismo, pesos pesados de su partido han dejado claro que no hay muchas vueltas que darle al asunto. “Son propuestas que se pueden aceptar”, analizó ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que considera que algunas de ellas ya son defendidas por el PP. Tres lo son de manera clara -supresión de aforamientos políticos, apartar a los imputados por corrupción y laminar los indultos a corruptos-, otra no despierta excesiva fricción -limitar el mandato presidencial- y las dos últimas requieren de una negociación que aborde el detalle en que se ejecutarían -reforma electoral y comisión de investigación sobre el caso Bárcenas-.

El propio Casado indicó sin cortapisas que están pensando en la “aceptación” o la presentación de una “alternativa asumible” al documento de Ciudadanos, dejando claro que la negativa no está sobre la mesa. “Las medidas de C’s puede asumirlas el PP perfectamente, pero vamos a abordar con más detalle alguna de ellas”, le siguió Andrea Levy. El punto que más recelo despierta es el de la comisión de investigación. Desde el mismo miércoles el partido filtró su intención de convertir esa iniciativa en una comisión que aborde la corrupción en general, no solo la presunta financiación ilegal de Génova. Preguntado por este diario, un alto dirigente de Ciudadanos descartó la propuesta y remarcó que “la comisión de investigación debe constituirse, debe hacerlo en los tres primeros meses de Gobierno y debe estar dedicada solo a la presunta financiación ilegal del PP”.

En cómo limen esas diferencias está todo el interés sobre el paso previo a la negociación para el pacto de investidura que debe abordarse después. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró que ella votará a favor de las seis condiciones de Rivera porque cree que su partido debe dar “un paso al frente”. Además, añadió que la mitad de ellas ya las llevó en su programa y se mostró dispuesta a aceptar tal cual la comisión sobre Bárcenas porque será algo que se abra paso en cualquier caso esta legislatura.

Cifuentes cree que el PP debe “dar un paso al frente” y aceptar en bloque todas las condiciones de Ciudadanos

Toda la oposición está a favor de la medida y, como argumentó Cifuentes, al PP le quedan dos opciones: “colaborar” en la articulación de la misma u “oponerse a ella”. Lo que no cambiará es la intención de los adversarios de hacer “un juicio universal” contra su partido. Estas veleidades son precisamente las que escaman a la dirección popular. Rajoy ya criticó en el debate a cuatro de la campaña la actitud “inquisitorial” de Rivera cuando este le echó en cara los casos de corrupción y el PP ha denunciado en numerosas ocasiones que Ciudadanos tiene una doble vara de medir al respecto, siendo más laxo con el PSOE andaluz y no pasando ni una a los populares madrileños.

Por eso, intentarán que la comisión parlamentaria tenga una finalidad más amplia que el mero caso Bárcenas, fórmula que menguaría la negativa repercusión mediática de la iniciativa y afectaría también a otros partidos con casos de corrupción a sus espaldas. No parece que Ciudadanos lo vaya a aceptar.

Superada esa discrepancia, llegará el momento de poner fecha a la investidura, condición “logística” que pone Rivera antes de sentarse a hablar. Aunque Rajoy despachó con un “ya veremos” la pregunta de si pedirá en cualquier caso la confianza del Congreso, él mismo o Ana Pastor deberán fijar la sesión si quieren que se confeccione la mesa de negociación. A ella irá el PP con una determinación: abordar un pacto global de legislatura.

Génova quiere un pacto global como el suscrito en 1996 con los nacionalistas para garantizarse la gobernabilidad

Casado puso un ejemplo, el de 1996, para expresar esa intención. “Sería positivo que en la negociación les pidamos un acuerdo de legislatura, como hicimos en el 96”, explicó en referencia al pacto que Aznar alcanzó con CiU, PNV y Coalición Canaria para garantizarse la gobernabilidad. Rajoy ya ha explicado muchas veces que quiere “estabilidad” y no solo sacar adelante la reelección, señalando al partido naranja como crucial para esa misión. Los dos documentos enviados al resto de partidos para intentar negociar son igualmente textos de gran diversidad programática, encaminados a ese objetivo.

La intención de Ciudadanos no es esa, sino abordar un acuerdo de mínimos que permita a sus diputados votar a favor de la investidura de Rajoy. Ni se plantean entrar en el Gobierno ni quieren que el entendimiento sea tan prolijo y ambicioso como el que en febrero firmaron con el PSOE. Aunque se basarán en él para negociar, no irán al detalle de pedir 220 medidas de todo tipo, sino reformar los aspectos que creen más urgentes: despolitización de la Justicia, régimen de autónomos, conciliación, la arquitectura institucional y administrativa, garantía de servicios básicos.

Todo ello, en cualquier caso, no será debatido antes del jueves. La semana de margen impuesta por Rajoy es vista como un exceso por Rivera, que sin embargo no pone mayores objeciones. Esperará al miércoles, a la respuesta a sus condiciones y a la fijación de la sesión de investidura, para designar equipo y empezar los contactos con el PP. Sigue viendo factible tener Gobierno a finales de agosto o primeros de septiembre, para lo cual ambos partidos tendrán que implementar una negociación exprés de apenas diez días y esperar a que el PSOE, firme en el ‘no’ a Rajoy, cambie de postura. Si no, todo será en vano.