El 96% del fraude en el consumo de luz lo cometen empresas y grandes consumidores, y menos del 1% sería de clientes de bajos ingresos económicos que realizan enganches ilegales, según las estimaciones de Endesa. Y ese fraude cuesta 150 millones al año, pero las compañías eléctricas no lo notan, porque lo pagan todos los consumidores en sus recibos.

La red eléctrica española sufre pérdidas de energía cada vez mayores en los últimos años. Una parte pequeña se debe a fallos técnicos, a lecturas de los contadores no realizadas o a averías por falta de mantenimiento. Pero la inmensa mayoría de las pérdidas de la red se debe al fraude que cometen aquellos que no pagan por la luz que consumen.

La desviación existente entre la energía generada y la que oficialmente se demanda (y se paga) es progresivamente mayor y ha ido creciendo en los años de crisis. El año pasado alcanzó picos de más 5 teravatios hora, pero puede establecerse en una media de 3,5 teravatios, equivalentes al consumo eléctrico, por ejemplo, de Sevilla y toda su área metropolitana.

En el imaginario colectivo parece haber prendido el prejuicio de que el fraude eléctrico es consecuencia de los enganches ilegales a la red que cometen clientes con problemas económicos. Pero, según estudio de Endesa, sólo un 1% del fraude estaría siendo cometido por ciudadanos de bajos ingresos, y hasta un 96% de los robos de luz los ejecutarían empresas y grandes consumidores particulares.

Según las estimaciones de la compañía eléctrica, hasta el 80% de todos los fraudes que se cometen en la red son causados por compañías de diferentes sectores industriales y de servicios que se conectan ilegalmente y no abonan la luz consumida. Y otro 16% es cometido por particulares con consumos muy elevados.

150 millones al año, a repartir

El gran fraude se cometería pues sólo por grandes consumidores, mientras que los enganches ilegales de ciudadanos que sufren problemas económicos no se trataría más que un menudeo con una pequeña incidencia en el sistema. “El fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de los demás consumidores”, advierte Endesa.

Y es que el coste de esos fraudes no afecta a las compañías eléctricas que realizan la distribución de la luz, sino que es asumido directamente por el resto de clientes a través de sus recibos. Todos los consumidores se reparten las pérdidas millonarias que provoca el fraude de otros.

Según los últimos cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), los consumidores estarían pagando en sus facturas de luz alrededor de los 150 millones de euros cada año. Un dato correspondiente a marzo de 2014, por lo que la cifra puede haber crecido desde entonces. [Ver aquí el informe completo]. Los ciudadanos y las empresas españoles pagan equitativamente esos 150 millones de euros y, con ello, las compañías eléctricas no asumen las pérdidas que aparentemente les corresponderían como generadores, distribuidores o comercializadores de la electricidad.

Una cifra que se ha disparado en los últimos años, dado que, según un cálculo anualizado (pero con un año móvil), a mediados de 2011 el impacto para el sistema eléctrico del fraude era prácticamente cero, en 2012 rondaba los 100 millones de euros y desde 2013 se ha mantenido estable en el entorno de los 150 millones.

El cambio legal que cargó la ‘factura’ del fraude al consumidor

La CNMC propone que sean las propias compañías eléctricas las que asuman las pérdidas que provocan los fraudes y que los clientes, que no son responsables de los mismos, dejen de pagar en sus facturas los costes. Hasta 2009, las compañías distribuidoras de electricidad compraban la energía y en las liquidaciones de los costes regulados se le pagaba una cantidad estándar para compensar las pérdidas de energía. Si las pérdidas superaban esos límites estandarizados, la compañía asumía el coste económico porque no se lo podía trasladar al cliente y, por ello, las empresas trataban a toda costa de reducir los fraudes y velaban por la seguridad de la red.

Un cambio legal hizo que, desde 2009 y hasta junio de 2014, la distribuidora dejó de ser la responsable de comprar en el mercado la energía para compensar la que se perdía con los fraudes. Y eran las empresas comercializadoras las que, en primera instancia, asumían el sobrecoste que representaba ese consumo del que nadie se hacía responsable. Pero las comercializadoras simplemente trasladaban ese coste a los clientes finales, que eran los que pagaban los fraudes.

“En este periodo la diferencia de pérdidas ha sido soportada por los consumidores y, además, el hecho de que nadie se responsabilizara de su compra ha motivado que el precio de mercado final se haya incrementado y que ningún agente se haya preocupado de su reducción”, advertía ya el año pasado la CNMC en un informe.

Desde junio de 2014, los comercializadores sí que tienen que comprar en el mercado las pérdidas de energía, por lo que tienen ese incentivo de hacer la mejor previsión posible de las mismas (especialmente desde el pasado abril, porque desde entonces soportan la totalidad del coste) para acotar los desvíos. Con ello, se ha reducido el sobrecoste de las pérdidas al ser despachadas en su mayor parte en el mercado diario.

Pero “el comercializador no tiene ningún interés en reducir la energía de las pérdidas, ya que dicho coste es traspasado íntegramente al consumidor, y tampoco puede minimizar las mismas, ya que no es en modo alguno responsable ni de las redes ni de la captación de la medida”, dice el supervisor. “Con esta regulación se disminuye el coste de las pérdidas, pero no se disminuye la cuantía de las mismas”.

IMAGEN: Flickr | JLMaral.