Los recientes escándalos de fraude y evasión fiscal han provocado que el 75% de los europeos se ponga de acuerdo en la exigencia de una mayor intervención en la materia a nivel comunitario. En España el porcentaje se dispara hasta alcanzar casi el 90% de los encuestados.

Los “Papeles de Panamá” o los “Papeles de Luxemburgo” han sido la crónica de cada día para millones de españoles y europeos que ven como las leyes tributarias no funcionan igual para todos.

La indignación y la preocupación por la avalancha de casos recientemente publicados son los detonantes de que el 75% de los europeos pidan una actuación más contundente en la lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal, según los datos publicados en el Eurobarómetro del Parlamento Europeo.

En España se acentúa la sensación de impunidad y hasta el 89% de los encuestados pide una mayor implicación del Parlamento Europeo en la solución de esta problemática.

La falta de uniformidad en las leyes a nivel comunitario es uno de los hándicaps que impide combatir el fraude impositivo de manera efectiva. El intercambio de información entre los Estados miembros también es clave en la lucha contra estas prácticas. Sin embargo, el alto organismo no se cansa de recalcar que esta es una de las prioridades de la UE para los próximos años.

“Es necesario responder de manera efectiva a esta preocupación. El Parlamento Europeo lidera esta batalla y ha adoptado propuestas ambiciosas y concretas para aumentar la transparencia fiscal y combatir la elusión fiscal”, señala Roberto Gualtieri, presidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios.

¿Qué medidas se están poniendo en marcha? Para empezar, las grandes multinacionales están en el punto de mira -con motivo de los recientes casos destapados de ingeniería fiscal-, al igual que aquellos Estados miembros cuyas leyes son más laxas en materia tributaria. 

“La Eurocámara ha reclamado un intercambio automático de información entre los Estados de la UE sobre las resoluciones fiscales; e informes públicos de las multinacionales sobre los impuestos que pagan en cada país; además de una definición común de paraísos fiscales y sanciones duras y concretas”, añade.

En este sentido, el Parlamento se esfuerza en homogeneizar las políticas de los distintos gobiernos para “colmar las lagunas legales” y mejorar la “coordinación” a escala internacional. El asunto ha sido planteado como un problema de primera línea, ya que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios. 

“Es sencillamente una cuestión de justicia con los ciudadanos de la UE”.

El mayor escándalo en el ámbito europeo fue el de “LukLeaks” o “Papeles de Luxemburgo” -un complejo entramado de evasión llevado a cabo por multinacionales-, lo que llevó a la creación de dos comisiones específicas sobre las resoluciones fiscales.

El pasado 16 de julio se hicieron públicas las conclusiones de ambos organismos, entre las que se reclama: la creación de un registro de titulares reales y beneficiarios efectivos de las empresas, una lista negra de paraísos fiscales, e iniciativas contra el uso indebido de los incentivos fiscales aplicables a patentes para fomentar la investigación y el desarrollo.

Por otro lado, la comisión especial que investigará el caso de los “Papeles de Panamá” comenzará a investigar en otoño.