La Comisión Europea ha publicado un análisis sobre las normas implementadas tras la crisis en materia de remuneración para las entidades de crédito y las empresas de inversión. Aunque el resultado es por lo general positivo, el organismo reconoce que sus directrices deben ser “proporcionales” y atender al tamaño y características de las entidades implicadas.

La crisis trajo consigo una ‘avalancha regulatoria’ al sector financiero. La Unión Europea quiso hacer los deberes e impuso una gran cantidad de restricciones y reservas a las entidades bancarias y de inversión con el objetivo de “reducir los comportamientos temerarios y las visiones a corto plazo”. Una de ellas fue la limitación a las remuneraciones de los altos directivos en las entidades de crédito o similares con el objetivo de evitar comportamiento tan abusivos como los observados desde 2007 en Wall Street.

Sin embargo, casi una década después del estallido de la burbuja, Bruselas reconoce que estos estrictos controles sobre los sueldos y retribuciones variables son “costosos” y “difíciles de aplicar” en comparación a sus potenciales beneficios. En el informe publicado, la Comisión hace referencia a las normas sobre aplazamiento y pago de instrumentos que se aplican a entidades pequeñas y sencillas o a personas con bajos niveles de remuneración variable. También es el caso cuando las entidades que cotizan están obligadas a utilizar las acciones para remunerar a su personal.

Según el análisis del organismo europeo -basado en diferentes estudios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA)-, las normas han demostrado ser “muy efectivas” para evitar grandes riesgos y movilizar la perspectiva de beneficios del corto al largo plazo, aunque sigue siendo necesario adaptarlas al contexto actual y dotarlas de mayor flexibilidad.

A la luz de estas conclusiones, la Comisión llevará a cabo una evaluación de impacto en la que se estudiará una posible aclaración de esas normas y su aplicación a las entidades más pequeñas y menos complejas, en el marco de la revisión más amplia de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC) y del Reglamento sobre requisitos de capital (RRC), que se están examinando. Se espera que se presente la propuesta definitiva para finales de este año.

“Las normas de la UE en materia de remuneración funcionan y han demostrado ser herramientas útiles para reducir la asunción excesiva de riesgos y garantizar su atención a los intereses a largo plazo de las entidades de crédito y las empresas de inversión, contribuyendo así a la estabilidad financiera. Sin embargo, nuestra evaluación indica que puede haber margen para formular normas de remuneración más proporcionadas y menos gravosas desde un punto de vista administrativo,pero nos aseguraremos de que ningún ajuste de las normas afecte a la estabilidad financiera, que sigue siendo el objetivo global”, señalaba Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, y supervisora del informe. 

La Directiva sobre requisitos del capital (DRC) y el Reglamento sobre requisitos del capital(RRC) regulan las políticas y prácticas remunerativas de las entidades de crédito y las empresas de inversión. A raíz de la crisis financiera, se ha reconocido ampliamente, a escala internacional, que las políticas remunerativas mal concebidas pueden dar lugar a una asunción excesiva de riesgos por parte del personal y a centrarse en los beneficios a corto plazo.

A fin de preservar la estabilidad financiera, la DRC III, seguida de la DRC IV y el RRC, introdujo normas en materia de remuneración del personal clave que pueden influir en el perfil de riesgo de sus entidades. Estas normas tienen por objeto limitar la asunción de riesgos excesivos y adaptar los incentivos a los objetivos a largo plazo de las empresas.