Los esfuerzos de Hacienda para descubrir los 1,69 millones de viviendas que eludían sus obligaciones con el fisco apenas suponen un 2% de los ingresos totales percibidos en los últimos cinco año a través del IBI. La economía sumergida vive su auge en el sector del alquiler, donde el 42% de los contratos no se declaran.

La recaudación extraordinaria que ha obtenido Hacienda por el rastreo realizado por la Dirección General del Catastro en más de 4.340 municipios, que asciende a 1.254 millones de euros, apenas supone un 2% de los ingresos totales percibidos en los últimos cinco años en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que superaron los 12.510 millones de euros en 2015, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El colectivo matiza que esos 1.254 millones levantados son el resultado de las liquidaciones del IBI que se han reclamado por los municipios durante los últimos cinco años, correspondientes a los cuatro años anteriores no prescritos desde que se detectaron las ampliaciones.

De este modo, estaríamos hablando de unas cifras que en términos relativos no suponen grandes magnitudes. Además, los 1,69 millones de inmuebles que se han regularizado durante esta investigación, para la que se han utilizado drones por primera vez, apenas suponen el 3,8% del total de los 42,8 millones de inmuebles que existen en España.

Por territorios, Extremadura es la comunidad en la que porcentualmente se han regularizado más inmuebles respecto al total regional, un 7,2%, seguida de Galicia, y Castilla y La Mancha, con un 6,5% y 6,1%, respectivamente. Por el contrario, que sea la Comunidad de Madrid donde menos fraude en concepto del IBI se ha detectado, porcentualmente el 1,2%, se debe al menor número de municipios que han solicitado la regularización catastral. Le siguen Cataluña y La Rioja, con el 2,1% y el 2,25%, respectivamente.

No obstante, en términos absolutos, es Andalucía la autonomía donde se han descubierto más inmuebles sin regularizar en el catastro, con más de 373.000, seguida de Galicia y Castilla y León, donde se han detectado 213.000 y 164.141, respectivamente. Por el contrario, las menores infracciones se han localizado en La Rioja (9.724), Asturias (27.632)- y Cantabria (27.800).

El limbo tributario de los alquileres

Estos hechos se suman a las irregularidades detectadas en el mercado del alquiler, convirtiendo al sector inmobiliario en uno de los predilectos de la economía sumergida en España. En España casi el 42% de los alquileres no se declaran, lo que supone algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan del control del Fisco, según los datos de Gestha.

A pesar de que el arrendamiento sumergido ha disminuido en 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres ilegales alcanzaban el 54,03%, los Técnicos de Hacienda avisan que estos fraudes no son muy importantes en términos cuantitativos, por lo que reclaman al próximo gobierno la puesta en marcha de un plan eficaz de lucha contra el fraude más sofisticado y complejo para situarlo en niveles similares al resto de países de la Unión Europea y llegar a recaudar unos 40.000 millones de euros adicionales al año.

En la actualidad, la economía sumergida en nuestro país ya alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros opacos, la mayor parte procedente de la evasión de grandes fortunas, conglomerados empresariales y multinacionales, según señala el organismo.