España fue el tercer país por número de infracciones al Derecho de la Unión durante 2015. Italia y Alemania son las ganadoras, mientras que Croacia y Dinamarca ocupan los últimos puestos. De los 1.368 procedimientos abiertos el año pasado, 104 tuvieron como destino suelo español.

Bruselas se ha marcado como objetivo crear un verdadero mercado único en todos los sentidos, y el Derecho de la Unión es la principal herramienta para conseguirlo. La Comisión ha publicado el trigésimo tercer informe anual sobre el control de la aplicación de la legislación comunitaria en los Estados miembros y esta ha sido su conclusión: la integración ya es una realidad pero la situación se ha “estancado” en algunos campos.

“En algunos campos la situación se está estancando, o incluso está empeorando, y están surgiendo nuevos obstáculos, de modo que el mercado único tiene que adaptarse para reflejar las nuevas realidades: las ideas innovadoras y los nuevos modelos empresariales también tienen que encontrar su lugar”, señala el organismo en un comunicado.

Los datos no son del todo alentadores: el número de procedimientos abiertos por infracción se ha ido incrementando durante los últimos dos años, con 1.347 y 1.368 nuevos casos, respectivamente, y las áreas de medio ambiente y transporte vuelven a ser las más penalizadas, con 276 y 241 procedimientos abiertos.

En su afán por lograr un conjunto de normas comunes a los 28 Estados miembros, Bruselas está prestando especial atención a la trasposición de las directivas en el tiempo y forma correctos.

En este sentido, España destaca de forma negativa al ser el tercer país en número de infracciones abiertas por la mala aplicación del Derecho de la Unión. En concreto, hasta 104 nuevos procedimientos fueron abiertos contra nuestro país, 88 por transposición incorrecta de las directivas y 21 por transposición tardía.

Sólo Italia, con 109, y Alemania, con 112, superan el caso español. En el otro extremo, Croacia, con 28 infracciones, y Dinamarca, con 37, representan al grupo de los más cumplidores.

Cuando un Estado miembro no transpone una directiva en el plazo acordado, la Comisión no duda en seguir recurriendo al sistema de sanciones económicas, que fue introducido por el Tratado de Lisboa: la Comisión ya ha llevado seis asuntos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ellos solicita que se impongan sanciones económicas. Estos asuntos afectan a Alemania, Grecia, Luxemburgo, Eslovenia y Polonia (dos asuntos).

“Los retrasos en la transposición del Derecho de la Unión impiden que los ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios que de él se derivan, afectan negativamente a la seguridad jurídica en general y generan desigualdades injustas en el mercado interior”, señalan desde el organismo.

Bruselas hace también un seguimiento exhaustivo sobre la correcta aplicación de las normas en cada país miembro. En este sentido, España se encuentra por debajo de la media en ámbitos clave como: contratación pública o cualificaciones profesionales.

Teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados, Croacia, Chipre, Estonia, Irlanda y Eslovaquia son los que mejores resultados han obtenido.