La Audiencia Nacional ha desestimado las peticiones de Coca Cola Iberian Partners de adaptar las condiciones de readmisión de sus empleados en base a las necesidades de la planta madrileña. Tras la nulidad del ERE, el grupo pidió revisar las cuantías que los empleados devolvieron en septiembre al ser readmitidos por orden del Tribunal Supremo.

Otro nuevo capítulo en el enfrentamiento entre la filial española del grupo Coca Cola y sus empleados de la embotelladora en el municipio madrileño de Fuenlabrada. Desde que la Audiencia Nacional anulara en primera instancia el expediente de regulación de empleo (ERE) –que dejaba en la calle a un 821 trabajadores y suponía el cierre de la planta- en 2014, el Supremo tuvo que ratificar dicha anulación y obligar a la compañía a cumplir las readmisiones.

Más de dos años después del inicio del conflicto, la readmisión de estos efectivos se ha convertido en una nueva batalla en los tribunales. Los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada llevan más de un año esperando a que se construya el Centro de Organizaciones y Logísticas (COIL) acordado ante la Audiencia Nacional.

Sin embargo, fuentes sindicales del Comité confirman a este periódico que no hay “ninguna inversión” ni ninguna actividad que certifique que la fábrica ha vuelto a su funcionamiento normal.

Un informe de la Inspección de Trabajo apoya esta tesis, según los profesionales la fábrica está paralizada y sólo la planta de “reciclaje” registra alguna actividad. Por otro lado, los empleados son sometidos a fuertes controles de seguridad sobre lo que también advirtió dicho organismo.

El conflicto más reciente se ha dado en la propia Audiencia Nacional, tras la decisión del juez de no admitir la modificación de las condiciones de readmisión de los empleados, en relación a jornadas y salarios.

En la misma línea, Coca Cola solicitó la revisión de las cantidades económicas devueltas por los trabajadores después de su reincorporación en septiembre. En concreto hace referencia a los intereses devengados por la empresa durante el proceso, que en algunos casos no fueron devueltos junto con la indemnización.

Según los cálculos de los sindicatos, cada trabajador debería retornar unos 8.000 euros al grupo si así lo contemplan los magistrados. La Audiencia ha designado a un tercero independiente la labor de calcula dichas cuantías, será un profesional del Colegio de Economistas de Madrid y no existe plazo para dicho procedimiento.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores están a expensas de la valoración del Tribunal Supremo sobre si la ejecución de la sentencia se ajusta o no a derecho, una decisión que podría llegar en las próximas semanas.

Fuentes sindicales confirman a SABEMOS que la situación en Fuenlabrada sigue siendo insostenible y no descartan que en un futuro cercano la fábrica cierre definitivamente sus puertas.

“No deberían hacerlo pero si pueden lo harán planteándolo de otra manera”, señalan desde CCOO.

Desde la organización también reconocen que si se mantiene este contexto, la única vía posible sería la denuncia por fraude procesal contra la filial española del grupo.