La Comisión Europea (CE) ha dictaminado este jueves que España “no ha tomado medidas efectivas” para reducir el déficit, con lo que se abre la vía a una posible multa. Entre los motivos que esgrime el organismo comunitario está no haber bajado los impuestos el año pasado. Además, sostiene que tampoco logrará corregir el desvío en 2017.

Los comisarios de la CE han adoptado esta decisión sobre la situación presupuestaria de España por procedimiento escrito, que agregaron que la decisión sobre Portugal es idéntica.

España tenía que situar este año el déficit por debajo del 3 % del PIB, pero en 2015 se desvío hasta el 5,1% -si se cuenta la ayuda financiera a la banca- y se alejó definitivamente de poder situar el déficit en el 2,8% en 2016. Por su parte, Portugal tenía que hacerlo en 2015 pero cerró el ejercicio con un 4,4 % del PIB, incluido el impacto fiscal por el rescate de Banif.

El procedimiento por escrito forma parte del proceso decisorio de la Comisión y se ha producido tras el primer debate mantenido en el colegio de comisarios el martes en Estrasburgo, donde está reunido esta semana el pleno de la Eurocámara.

Si los ministros deciden que efectivamente España no ha tomado medidas eficaces para cumplir sus objetivos de reducción del déficit, la Comisión tiene 20 días para recomendar al Consejo en otra decisión una multa, que en el peor de los casos puede ascender a casi 2.200 millones de euros, (el 0,2% del PIB) y suponer la suspensión de parte de los fondos estructurales europeos.

La causa: la reforma fiscal

“La relajación de la política fiscal en 2015 tuvo un gran impacto en el resultado” del desvío registrado, indicó la CE en su decisión remitida al Consejo de la UE.

El esfuerzo que ha hecho España entre 2013 y 2015 se estima en el 0,6 % del PIB, “muy por debajo del 2,7 % recomendado” por sus socios comunitarios, indica la CE.

La Comisión sostiene que las medidas de consolidación, por ejemplo en el marco de las reformas de la administración pública y del sistema de pensiones, “fueron insuficientes para compensar el impacto de algunas medidas expansivas implementadas en 2015, tales como la rebaja del IRPF y del impuesto de sociedades y la devolución parcial de la paga extra de Navidad” de 2012 a los funcionarios.

También apunta a “la tendencia alcista en el gasto vinculado al envejecimiento de la población”.