Agentes de la Agencia Tributaria se han personado este jueves en la sede de Google en la Torre Picasso de Madrid, así como el campus de formación que la tecnológica tiene en la capital, ante la sospecha de que estén cometiendo un presunto delito de fraude y evasión fiscal relacionado con el pago del IVA e impuestos.

Este movimiento por parte de Hacienda surge ante la sospecha de que Google no esté pagando todos los impuestos pertinentes en suelo español. Actualmente, la sede europea del gigante tecnológico está radicada en Irlanda, al igual que la de muchas otras compañías que también están bajo el punto de mira fiscal.

La noticia llega apenas un mes después de que las autoridades francesas hicieran lo mismo en las oficinas del país vecino. En ese caso, el registro estuvo motivado, de igual manera, por la denuncia de una presunta evasión fiscal en tierras galas. Y no ha sido el único caso. En suelo italiano y británico Google ha tenido problemas con las autoridades fiscales.

Las voces discrepantes con este este tipo de ingeniería fiscal que flirtea de manera descarada con la comisión de un delito, está provocando que muchas empresas, sobre todo estadounidenses con sedes tanto en Irlanda como Holanda, tengan cada vez más un mayor control.

La reacción de Google no se ha hecho esperar, y ha asegurado que cumple con la legislación fiscal en España, al igual que “en todos los países” en los que opera, y que está cooperando con las autoridades, en relación con una investigación sobre un presunto caso de evasión fiscal.

El plan de control tributario de 2016, aprobado el pasado febrero tiene como una de sus líneas fundamentales las actuaciones de control en el campo de la planificación fiscal internacional y del comercio electrónico, ámbitos en los cuales la Agencia Tributaria contará con un refuerzo de las herramientas de selección y control de contribuyentes.

Y los problemas que no cesan

La situación fiscal en los diversos países en los que se investiga a Google no es su único “fuego abierto” en estos momentos. El pasado mes de abril la Comisión Europea inicio una investigación por abuso de su posición de dominio en el mercado de la telefonía inteligente. Google supuestamente habría obligado a los fabricantes a preinstalar su servicio de búsqueda y su navegador a cambio de la concesión de licencias para aplicaciones, además de ofrecer cuantiosos incentivos financieros. La compañía americana defiende, en este caso, que Android “ha ayudado a fomentar un ecosistema basado en el código abierto y que promueve la innovación”.

La Comisión decidió informar oficialmente al gigante Google de que está siendo investigado por violar la ley antitrust de la Unión Europea. En este caso, se acusa a la compañía americana de restringir la competencia en el mercado de la telefonía móvil al obligar a los fabricantes usuarios del sistema operativo Android a preinstalar y utilizar de manera exclusiva su servicio de búsqueda (Google Search) y el de navegación (Google Chrome) como condición para obtener las licencias de determinadas aplicaciones exclusivas.

En concreto, el organismo europeo ha enviado tanto a Google como a su matriz Alphabet Inc. un pliego de cargos en el que informa sobre las objeciones contra ellos. “Google ha abusado de su posición dominante al imponer restricciones a los fabricantes de dispositivos Android”, informa la Comisión en un comunicado.