El Ministerio de Industria remitió a la CNMC su propuesta de incremento del margen de comercialización de la tarifa eléctrica regulada el pasado lunes, un día después de pasar por las urnas. La subida tendrá carácter retroactivo, y se aplicará a todos los recibos desde abril de 2014 por orden del Tribunal Supremo. El Ejecutivo propone una subida muy modesta, de sólo el 0,2% de media, que se queda muy lejos de los objetivos de las eléctricas.

El Gobierno ha esperado a que pasaran las elecciones generales para iniciar el proceso para subir el recibo de la luz. El Tribunal Supremo ya ordenó al Ministerio de Industria el pasado noviembre revisar el margen de comercialización que reciben las eléctricas por la tarifa eléctrica regulada, a la que están sujetos 13 millones de clientes. Pero la sentencia llegaba justo antes de las elecciones del 20-D y nadie activó los trámites.

El Ejecutivo estuvo durante meses ignorando el requerimiento del Alto Tribunal de revisar el margen –además, con carácter retroactivo, aplicándose la subida desde abril de 2014-, hasta que en mayo el propio Tribunal Supremo emitió otra sentencia dando un plazo de un mes para que se aprobara en el Consejo de Ministros la nueva metodología para calcular el margen de comercialización. Ese plazo expira este miércoles, 30 de junio.

Pero igual que sucedió con la primera sentencia, y en plena vorágine preelectoral, electoral y postelectoral en que lleva el país desde hace seis meses, el Gobierno ha esperado a que se celebrasen los comicios del 26-J para iniciar el proceso para cumplir la sentencia y subir la luz con carácter retroactivo. De hecho, el Ministerio de Industria envió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta al respecto el pasado lunes, sólo un día después de las elecciones.

La subida que propone el Gobierno es en cualquier caso muy moderada. La nueva metodología para calcular el margen de comercialización que reciben las eléctricas que ofrecen el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la antigua TUR, contempla una subida de media de sólo el 0,2%. Muy lejos de las aspiraciones de las compañías eléctricas y de incluso la CNMC.

El margen de comercialización está congelado desde hace siete años en 4 euros por kilovatio al año. Y ahora el Gobierno propone aplicar subidas muy tibias para aplicar subidas hasta 4,08 euros por kilovatio en 2014, a 4,24 euros en 2015 y a 4,17 euros en 2016, según ha adelantado eldiario.es. Esto es subidas, equivalentes a del 0,08%, del 0,23% y del 0,17% para cada uno de los tres ejercicios afectados. Los incrementos que calcula el Gobierno están por debajo de la estimación de la CNMC, que apuntaba a que el margen debía escalar cómo mínimo a los 5,25 euros por kilovatio y año, una cifra a la que deberían sumarse luego otras partidas.

Según la sentencia del Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros debe aprobar la medida antes del 30 de junio, un plazo que fuentes del mercado eléctrico no descartan que se pueda acabar cumpliendo, pese a lo ajustado de los tempos.  El Ministerio de Industria –ahora comandado por Luis de Guindos tras la salida de José Manuel Soria- decidió apurar al máximo los plazos para no hacer el anuncio en plena campaña electoral.

Los 13 millones de usuarios acogidos a la tarifa regulada tendrán que hacer frente a un recargo en sus facturas de la luz con carácter retroactivo, porque el nuevo margen que se llevan las grandes eléctricas por ofrecer el PVPC se aplicará con efectos desde abril de 2014.

Fue entonces, hace más de dos años, cuando el Gobierno sustituyó la tradicional Tarifa de Último Recurso (TUR) por el nuevo precio regulado de la electricidad que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Tanto Iberdrola como Gas Natural Fenosa denunciaron ante los tribunales que el margen fijado por el Gobierno –de 4 euros por kilovatio cada año- no era suficiente para cubrir los costes. Las eléctricas, de hecho, sostienen que un 40% de los costes totales de la comercialización se quedan sin cubrir con ese precio.

Una sentencia anterior, del pasado noviembre, ya obligaba al Gobierno a fijar el nuevo margen de comercialización, pero ha mantenido la medida congelada. Y ahora el Tribunal Supremo estima una reclamación posterior de Iberdrola en la que la compañía denunciaba que el Ministerio de Industria había incumplido la ejecución de la sentencia. Por ello, el Alto Tribunal le marca ahora al Gobierno un plazo máximo que expira el viernes próximo.

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