Las encuestas vaticinan la tercera victoria electoral consecutiva de Rajoy, que podría mejorar los resultados de diciembre. Los populares no pagarán un peaje adicional al del 20-D por las impopulares medidas de su gestión ni los escándalos de corrupción surgidos en torno a su partido.

Las undécimas elecciones generales de la democracia arrojarán con toda probabilidad la sexta victoria del centro derecha, la quinta del Partido Popular. Desde su refundación hace algo más de un cuarto de siglo, los populares se han impuesto en 1996, 2000, 2011 y 2015 y quedaron segundos en 1989, 1993, 2004 y 2008. Su candidato y líder desde hace doce años, Mariano Rajoy, afronta su quinta cita como cabeza de cartel, con todas las encuestas garantizándole la tercera victoria consecutiva. Está lejísimos de los resultados que logró en 2011 (44% de los votos, 186 escaños) pero con la expectativa de superar los del pasado diciembre (28’7%, 123 diputados).

Rajoy sacará al menos el doble de votos que Ciudadanos y 25-35 escaños más que la segunda fuerza

A tenor de los sondeos, se moverá entre el 29% y el 31%, con 115-130 actas. Sacará al menos el doble de votos que su competidor en el centro derecha, Ciudadanos, y una ventaja importante -de entre 25 y 35 escaños- a la segunda fuerza. Un resultado que ni mucho menos le garantiza la reelección, pero que le valdría para reforzar su legitimidad hacia dentro y hacia fuera del partido. Y que llegaría después de una gestión muy contestada que ha incluido la adopción de numerosas medidas impopulares, además de estar acompañada de un rosario de escándalos de corrupción en torno a la formación de Rajoy.

Ambas cosas le pasan factura, así como el débil efecto que la recuperación todavía tiene sobre una mayoría de ciudadanos, pero no le hacen perder la primera posición. El hecho de que estos comicios lleguen tras una legislatura fallida ha supuesto que todos esos asuntos queden en segundo plano y el debate sobre hipotéticos pactos copara la atención en campaña. Solo las escuchas a Fernández Díaz y el Brexit se abrieron espacio, ya cuando la actividad electoral tocaba a su fin.

Economía

La era Rajoy comenzó con un hachazo fiscal -subidas del IRPF y el IBI- para recaudar unos 6.000 millones más y un recorte del gasto público por valor de otros 9.000 millones. El paquete de medidas, aprobado el 30 de diciembre de 2011, buscaba reducir el déficit público, que se había disparado hasta el 11%. Las políticas de ajuste seguirían con la aprobación de los Presupuestos Generales (13.400 millones menos de gasto, nuevas subidas de impuestos), el recorte de 10.000 millones en sanidad y educación de primavera de 2012 y la nueva batería de medidas que Rajoy presentó al Congreso el verano de ese año -subida del IVA, supresión de la extra de Navidad a los funcionarios, recorte del subsidio de desempleo- para reducir el gasto en 65.000 millones a lo largo de dos años.

El PP subió impuestos y recortó en sanidad y educación, aunque logró evitar el rescate y poner fin a la recesión

Se daba así respuesta al rescate financiero que Europa aprobó para sanear un sector muy deteriorado por la crisis. El Gobierno evitó el rescate global del país, el logro del que más y con mayor énfasis presume, tras un 2012 horribilis en el que la prima de riesgo llegó a estar en los 649 puntos -ahora permanece por debajo de los 200-.

Además de la reforma financiera, se aprobó la reforma laboral -muy contestada por la oposición y los sindicatos, que convocaron una huelga general contra ella-, la de la administración, la educativa o la energética. Una agenda que hace al PP hablar de la legislatura “más reformista de la democracia” y a la oposición criticar una gestión que entiende ha desmontado ejes vertebradores del sistema. Cuatro años y medio después, los datos macroeconómicos se han dado la vuelta -el PIB cayó un 1% en 2011 y un 2’6% en 2012 y subió un 3’2% en 2015, ritmo que se mantuvo en el primer trimestre de 2016-.

La tasa de paro rozaba el 23% en diciembre de 2011, tocó techo en 2013 (26’94%) y se encuentra ahora en el 20’1%. En mayo, se bajó de los cuatro millones de parados por primera vez desde 2010. Sindicatos y oposición denuncian que ese empleo que se crea es precario y que la desigualdad ha aumentado los últimos años -más de 13’4 millones de personas estaban en riesgo de exclusión en 2014, según un informe de Intermon Oxfam difundido en enero-. El Gobierno blande el discurso contrario, enfatizando también la subida de cotizantes a la Seguridad Social -ahora hay medio millón de afiliados más que a finales de 2011-, la mejora de las exportaciones, los récords que ha batido el turismo y la bajada de la prima de riesgo.

Política

La economía fue la absoluta prioridad de Rajoy, que apenas adoptó medidas importantes de cariz estrictamente político. La LOMCE y la reforma judicial fueron las más importantes. Ambas se aprobaron sin consenso y la segunda incumplió el programa del PP al no abordar la despolitización del CGPJ. Muy protestada fue también la Ley de Seguridad Ciudadana con que el Gobierno quiso dar respuesta a la ola de manifestaciones que turbaron la primera parte de su mandato.

En 2014 se produjo uno de los acontecimientos políticos más importantes desde la Transición: la abdicación de Juan Carlos I

El acontecimiento institucional más importante fue, en todo caso, la abdicación del Rey Juan Carlos, que obligó a poner en marcha los mecanismos del Estado para articular un hecho no reglado en la legislación. El PP contó con el apoyo del PSOE en un proceso de sucesión exprés, que hizo que Felipe VI fuera proclamado apenas 17 días después de que su padre anunciara su adiós.

Y el principal problema político ha venido de Cataluña, donde la Generalitat y una mayoría del Parlamento han lanzado un desafío secesionista que pretenden culminar el año que viene. La respuesta de Rajoy ha sido recurrir al Constitucional todas las iniciativas que contravengan el marco jurídico y negarse a negociar nada que no respete los principios de igualdad y soberanía nacional recogidos en la Carta Magna.

En materia antiterrorista, la lucha contra el islamismo radical ha sido la prioridad absoluta, con varias operaciones abortadas y decenas de detenciones practicadas. A iniciativa del PSOE se firmó el Pacto Antiyihadista al que luego se sumaron las principales fuerzas políticas, a excepción de Podemos e IU.

Corrupción

Una de las grandes protagonistas de la etapa Rajoy y la principal losa del PP. Sin los incontables escándalos surgidos los últimos años en torno a los partidos tradicionales no se entendería la irrupción de las nuevas formaciones. Podemos y Ciudadanos son hijos de la crisis y el descontento por la respuesta dada ante ella, pero también del hartazgo por la corrupción. PSOE, CiU o IU acumulan decenas de casos, pero, salvo los ERE andaluces y el caso Pujol, pocos han tenido la repercusión de los del PP. Además de haber estado muy diseminados en el tiempo y haber afectado a los tesoreros nacionales del partido y al propio aparato de Génova, se ha dado la circunstancia de que surgían en torno a la formación en el Gobierno, la que aplicaba las medidas impopulares para atajar el déficit.

El PP presume de haber tomado hasta 70 medidas contra la corrupción, pero tiene a todos sus extesoreros investigados

El caso Bárcenas y sus derivadas se llevó la palma, obligando al presidente del Gobierno a comparecer ante el Congreso para defenderse de las acusaciones de haber cobrado sobresueldos y explicarse por los SMS de apoyo que envió al extesorero cuando se le descubrió la fortuna en Suiza. Otros casos, como Gürtel y Púnica, han sido también muy sonados por la cantidad de dinero presuntamente defraudado y por la capilaridad de las tramas, especialmente extendidas por Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero ha habido muchas más, de Nóos -con Iñaki Urdangarín como presunto cabecilla pero numerosos excargos del PP investigados- a Brugal, pasando por las tarjetas black -con miembros de todos los partidos y agentes sociales implicados- o Bankia.

Solamente desde el 20-D, los populares acumularon una decena más de escándalos de presunta corrupción, algunos tan graves como la Operación Taula o Acuamed. El ministro Soria y el alcalde de Granada tuvieron que dimitir, al tiempo que el cerco se estrechaba sobre Rita Barberá, antiguo emblema del PP. Estos hechos son los que llevan a Ciudadanos, el partido más próximo ideológicamente a Génova, a vetar a Rajoy con el argumento de que “no puede limpiar España quien no ha sido capaz de limpiar su casa”. El PP aduce que la corrupción ha sido un mal endémico, que ha afectado a todos los partidos e instituciones y a muchos otros agentes, y que su Ejecutivo ha tomado hasta 70 medidas para combatirla y prevenirla. Entre ellas, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, el endurecimiento del Código Penal, la Ley Reguladora del Estatuto del Alto Cargo o la prohibición de condonaciones de deuda de entidades a partidos. Casi un tercio de los electores avalarán hoy con su voto este discurso.