El gestor de los aeropuertos ha propuesto al Gobierno mantener congeladas las tarifas aéreas hasta 2021.

El consejo de administración de Aena confirmó el pasado marzo  sus planes de congelar las tasas aeroportuarias hasta 2021. Las aerolíneas, que son las que las pagarán, reclamaban una rebaja de las tarifas. Pero nones. El gestor de los aeropuertos ratificó la propuesta que ya había adelantado en diciembre y que desde entonces mantiene.

La de Aena, en realidad, es sólo una propuesta. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el que se incluirán la evolución de las tarifas para el próximo lustro lo elaborará –teniendo en cuenta la proposición de AENA- la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, y lo aprobará el Consejo de Ministros antes del próximo 30 de septiembre.

Pero antes de todo ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está obligada a emitir un informe sobre la propuesta. Un informe preceptivo, pero no vinculante como lo era hasta el año pasado. El regulador acaba de emitir ese informe y, como se esperaba, con él rechaza abiertamente la propuesta de congelar las tasas de Aena y reclama una rebaja anual superior al 2% durante los próximos cinco ejercicios.

La CNMC considera que las tarifas deberían bajar, en concreto, un 2,02% cada año entre 2017 y 2021. Una rebaja con la que el organismo presidido por José María Marín Quemada estima que Aena tendría garantizada su sostenibilidad económica y que serviría, a la vez, para incentivar el crecimiento de tráfico aéreo operado por las aerolíneas.

El supervisor discrepa con varias de las estimaciones o planteamientos defendidos por la propia Aena en su propuesta de mantener sin cambios las tarifas durante cinco años. Y es que la CNMC considera que Aena tiene en cuenta erróneamente en sus cálculos una compensación de déficit pasados, cuando este año se verá ya saldado el único déficit real producido (correspondiente a 2013).

El supervisor también se queja de que la propuesta de Aena no haya incorporado los criterios de reparto de los costes entre la actividad aeroportuaria y el negocio comercial (fundamentalmente la explotación de las tiendas de los aeropuertos), por lo que los costes reconocidos por parte de Aviación Civil estarían en realidad 335 millones de euros por debajo de lo establecido.

Y, en paralelo, la CNMC critica que las previsiones de tráfico aéreo y de ingresos por pasajero que contempla Aena para defender la congelación de las tasas son demasiado conservadoras, por lo que la estimación de ingresos es inferior al escenario que el supervisor considera como realmente previsible. Asimismo, la CNMC estima que el coste medio de capital antes de impuestos será del 6,3%, muy inferior al 8,4% que maneja Aena y que no sería acorde con los estándares internacionales del sector.

La CNMC lleva meses quejándose abiertamente de que sea Aena la entidad encargada de realizar la propuesta sobre sus propias tarifas que se traslada al Gobierno. El organismo ha aprovechado la emisión del informe para reclamar que su opinión sobre las tarifas aéreas vuelva a ser vinculante, y que no se limite tan sólo a publicar un informe preceptivo y apenas consultivo.

Hace unas semanas, el propio presidente de Aena, José Manuel Vargas, defendió en declaraciones a SABEMOS su propuesta de congelación de tarifas y subrayó que no existe margen para rebajar las tasas como reclaman las compañías aéreas y ahora también la CNMC formalmente.

Las asociaciones de compañías aéreas, con las que AENA había manteniendo una ronda de encuentros, solicitaban una rebaja del 2,59% anual hasta 2021 para mantener su expansión en el mercado español. Sin embargo, el consejo del gestor de los aeropuertos, ahora parcialmente privatizado, considera que la congelación de las tarifas durante el próximo lustro se trata de una propuesta “coherente y razonable” y que “garantiza la sostenibilidad del sistema aeroportuario español a largo plazo”.

Y es que desde AENA se subraya que se trata de mantener durante un lustro unas tasas, pero que ya incluyen la rebaja del 1,9% que ha tenido que aplicar por imposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tras una dura pugna legal.