Deloitte ha defendido este lunes su labor de auditoría en Bankia al seguir “en todo momento” la normativa del Banco de España, organismo que junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) validó los estados contables del nuevo grupo tras la unión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades.

De esta manera el socio auditor de la firma Francisco Celma ha rebatido en la Audiencia Nacional las acusaciones y ha arremetido contra los peritos que cuestionaron las provisiones con las que nació el grupo BFA-Bankia y que fueron claves en la elaboración de las cuentas con las que la entidad debutó en bolsa en 2011.

Según fuentes jurídicas, tanto Deloitte como Celma, que han comparecido ante el juez Fernando Andreu en calidad de investigados -antes imputados-, han justificado que llevaron a cabo trabajos de consultoría además de los de auditoría. Por esta cuestión, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, abrió un expediente sancionador a la firma en 2013 por supuesta falta de independencia, acusación que Celma ha rechazado aportando a la causa dos cartas fechadas en mayo de 2013 y abril de 2014, una de ellas remitida por la CNMV al propio ICAC.

Pero para el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular, dichas afirmaciones dan un giro a una investigación en la que ve necesario que el actual subgobernador del Banco de España y en el momento de la salida a bolsa vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, sea llamado a declarar como investigado.

El CIC ya ha pedido este mismo mes mediante un escrito en la Audiencia Nacional que declaren como investigados el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Restoy.

Sin embargo, Deloitte ha insistido en que las provisiones especificas pendientes de asignación, el “colchón” de Bankia, eran más que suficientes para hacer frente a la salida a bolsa, en contra de lo que sostienen los peritos judiciales. Además, sobre el expediente sancionador del ICAC, Celma ha recordado que está pendiente del recurso interpuesto ante el Ministerio de Economía hace casi dos años, una demora por la que ha mostrado su extrañeza ya que, según ha explicado, el plazo medio de resolución en estos casos es de tres meses.

Según otras fuentes jurídicas, el auditor ha cargado contra la subjetividad de los peritos cedidos por el Banco de España a esta causa y ha señalado la existencia de incongruencias en los informe aportados por éstos ya que no coinciden ni en las causas de los supuestos errores en el grupo BFA-Bankia ni en los importes.

En concreto, el auditor ha criticado las inconsistencias de los diferentes peritajes especialmente por haber ocultado la corrección de sus estimaciones iniciales en más de 400 millones. Por ello han rechazado la versión de quienes les acusan de haber contribuido a la “estafa de Bankia” ya que el propio supervisor en ningún caso señaló tras su revisión contable la existencia de error alguno en las cuentas de la entidad de marzo o junio de 2011 que no hubiese sido detectado por los auditores.

La imputación de Deloitte y Celma se produjo después de que las acusaciones populares de la CIC y el movimiento ’15MpaRato’ lo solicitaran en varias ocasiones, aportando como base el informe de los peritos. En ese documento, los expertos reiteran que los estados financieros recogidos en el folleto de la salida a Bolsa informaron de unas provisiones para insolvencias de 6.913 millones que consideran falsas.