El operador público ha desoído la prohibición del Parlamento Europeo de licitar vía subasta electrónica los proyectos de corte intelectual. La última adjudicación por este medio se produjo hace menos de una semana en un servicio de ingeniería para el aeropuerto de Tenerife Sur.

Las empresas de ingeniería y consultoría están cansadas de que la Administración no se tome en serio las normativas europeas. Acaban de concluir los dos años de plazo que Bruselas puso como margen para aplicar las Directivas 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública y 2014/25/UE sobre entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

El plazo previsto para su transposición caducó el pasado 18 de abril, con lo que queda en manos del nuevo Gobierno su adaptación efectiva y la puerta abierta a posibles sanciones por el retraso.

Las consecuencias prácticas del incumplimiento son que la actual Directiva europea tendrá que aplicarse por encima de la legislación nacional hasta que ésta se acople a la nueva norma. Así lo confirmó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el apartado 2 de su Recomendación sobre los efectos directos de las directivas comunitarias a fecha 18 de abril de 2016, la cual fue aprobada por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16 de marzo.

“La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha venido reconociendo efecto directo a las disposiciones de las directivas comunitarias una vez expirado el plazo de transposición, pudiendo ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción nacional. En el caso que nos ocupa, el 18 de abril de 2016, gozarán de efecto directo las disposiciones de las Directivas”, señala dicho documento.

Sin embargo, Aena (Ministerio de Fomento) ha decidido saltarse algunos artículos de la normativa sin motivo aparente. Es el caso de la contratación del expediente DIN 29/16 sobre la adecuación de la plataforma en el aeropuerto de Tenerife Sur, el cual prevé la adjudicación mediante procedimiento de subasta electrónica.

El problema es que los artículos 35.1 y 53.1 de las mencionadas Directivas prohíben cerrar el procedimiento por vía telemática para ciertos trabajos considerados de corte “intelectual”.

“No podrán ser objeto de subastas electrónicas determinados contratos públicos de servicios y obras que, al tener por objeto prestaciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras, no pueden clasificarse mediante métodos de evaluación automatizados”, explica dicha normativa.

Desde el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), patronal del sector, requieren al Ministerio de Fomento y a Aena que “adopten las medidas oportunas para suspender la subasta electrónica” y que se repita la licitación.

Según ellos, los trabajos de Ingeniería y Consultoría son sin lugar a dudas de “caracter intelectual”, ya que hacen referencia a la elaboración de los proyectos de obras y a la supervisión de las mismas. Los responsables de la organización ya se han puesto en contacto con el citado ministerio y con la operadora aeroportuaria para hacer esta petición.

Sin embargo, no descartan interponer si fuera necesario un recurso contra dicha adjudicación, ya que las Directivas son invocables por los particulares ante las jurisdicción nacional.