El supervisor, tras impugnar la normativa del Ministerio de Fomento para regular el taxi alternativo (con licencias VTC), cifra el impacto económico de las restricciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cumplió su amenaza y en abril confirmó la presentación de una demanda contra el Ministerio de Fomento por la normativa que regula la actividad de empresas como Cabify o Uber, y que blinda al sector del taxi ante la aparición de esta nueva competencia.

El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que la nueva regulación del negocio de vehículos con conductor (VTC) – articulada a través del Reglamento de la Ley de Ordenacción de Transportes Terrestres (ROTT) y la orden ministerial de Fomento que lo desarrolla- incluye restricciones a la competencia que “carecen de justificación y son claramente perjudiciales para la sociedad”, y que lo hacen sin incluir una justificación económica que las avale.

Como ya adelantó SABEMOS en exclusiva, la CNMC ha elaborado un informe económico para avalar su rechazo a las nuevas normas y en él cifra en un mínimo de 324,3 millones de euros al año el recorte de actividad económica que conllevarían las restricciones aprobadas por el Gobierno. [Ver aquí el informe completo].

La pérdida en el bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año”, sostiene la CNMC. Y, de hecho, subraya que esta cuantificación se trata de un umbral mínimo y conservador, dado que no contabilizar la pérdida de bienestar por otras ineficiencias y dinámicas, ni por el mayor tiempo de espera al haber menor disponibilidad de vehículos.

“Las restricciones limitan de forma sustancial la entrada y la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros”, sentencia”. Y, de hecho, el supervisor llega a apuntar que el objetivo de las restricciones es el de “blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi”.

Entre esas restricciones se encontrarían los límites al número de licencias VTC (que se fija en función de una ratio de un permiso VTC por cada 30 licencias de taxi), la obligación de que se contrate previamente el servicio y que se alquile todo el vehículo, y la prohibición de recoger pasajeros directamente en la calle.

“Ninguna de estas restricciones está justificada desde la óptica de la competencia ni de la regulación económica eficiente”, dice el organismo, que considera que “la opción económica alineada con el interés general es establecer un régimen de libertad de entrada y libertad de precio en los mercados de transporte urbano de pasajeros en vehículo (taxi o VTC), con libre prestación del servicio en todo el territorio nacional”.