El juez Fernando Presencia está últimamente en todas partes. El magistrado, que fue sancionado en Valencia en relación con una serie de cursos que se impartían a futuros administradores concursales, y que viene de ser suspendido de funciones por un delito de prevaricación judicial en su nuevo destino, Talavera de la Reina, está convencido de que todos sus males tienen que ver con un único motivo: su defensa de la figura de la dación en pago. Considera que se le ha perseguido en una maniobra orquestada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ausbanc, y los propios bancos que apoyaban a la organización de Luis Pineda.

“Todos mis males vienen de la dación en pago”, lamenta Presencia, entrevistado por SABEMOS. “Cuando me llegó la sanción se produjo inmediatamente una campaña de prensa en mi contra y contra todos los jueces de lo mercantil que habíamos logrado que se reconociera la figura de la dación en pago en la reforma de 2011”, lamenta.

Preguntado sobre las relaciones entre vocales del CGPJ y Ausbanc, Presencia tiene las cosas muy claras: “El consejo quería apoyar los cursos de Ausbanc. Fernando de Rosa –que fue presidente del CGPJ a propuesta del PP hasta 2014 y que fue conseller de Justicia y Administraciones Públicas en el Gobierno de Francisco Camps– me llegó a decir que tuviese mucho cuidado con la dación en pago. Ahora sé a qué se estaba refiriendo. En realidad, si miras los nombres de los magistrados que dieron cursos para Ausbanc, hay muchos de sus delfines. Como Miguel Pascual de Riquelme, -el discutido presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU)–, o Purificación Martorell”.

Más de 44 jueces participaron desde 2010, según ‘El País‘, en cursos de Ausbanc con remuneraciones de entre 800 y 1500 euros. Según El Plural, las remuneraciones estaban entre los 300 y los 1.000 euros.

Entre los asistentes estaba Margarita Robles, flamante número dos de la lista socialista en Madrid. “Margarita se ha ido a la política porque sabía qué iba a pasar. Va a cobrar como diputada la mitad que como magistrada. Ella dice que no cobró, pero tanto ella como Manuel Almenar –exvocal del CGPJ– tendrán que dar alguna explicación, porque para que ellos diesen los cursos había que pagar dietas a los jueces asistentes a costa del erario público y proveer de sustitutos”.

Para Presencia, hubo una relación directa entre su sanción por dar cursos a favor de la dación en pago y los bancos que apoyaban a Ausbanc y así, indirectamente, también remuneraban a los jueces. “El mismo día de mi sanción salía en televisión Emilio Botín diciendo que la dación en pago era un error”, lamenta Presencia.

El juez se considera un campeón de esta figura. “La dación en pago era una genialidad que parte del concepto de que se permite resolver un concurso de acreedores sin descapitalizarlo”, apunta. Y elabora sobre este particular: “El problema es que se trataba de la primera vez desde la crisis del 29 que los bienes de los activos estaban por debajo del pasivo. Pero una vez que sacas de la ecuación el activo hipotecado, el convenio se podía cumplir. Es lo que se consiguió con la inmobiliaria Llanera” –aunque finalmente la sociedad fue liquidada, su concurso de acreedores, con la dación en pago de la mayoría de sus activos hipotecados y una elevada quita, fue considerado el camino a seguir por muchas empresas del sector–. Para Presencia, la dación en pago “hace circular los bienes inmuebles, que dejan de ser así bienes varados, y ayuda a recuperar la economía”.

A su juicio, esto generaba un problema para la banca, que se veía obligada a provisionar y les ponía en una situación de desbalance que amenazaba con la disolución. “Entonces llegó la Sareb, el llamado banco malo, que nació como la solución al problema permitiendo que los bancos se librasen de los activos tóxicos. El problema es que en España no se entendió bien la fórmula y el modelo ha fallado. En lugar de recibir los activos y recolocarlos en el mercado para activar la economía se ha transformado en un cementerio de elefantes y las entidades prefieren no aceptar la dación en pago”, lamenta. ¿Uno de los principales perjudicados? “El Santander, que estaba en una situación terrible y por eso creo que se decidió a apoyar una campaña contra quienes apoyaban la dación”, opina del juez.

Presencia asegura que la suya ha sido una lucha constante contra el hecho de que organizaciones como Ausbanc organizasen los cursos. En cambio, abogaba por convertir al poder judicial en una sociedad de gestión de derechos que administrase la propiedad intelectual de los jueces en dichos cursos y generase recursos para garantizar la independencia de los magistrados.

“A mí me sancionan por mi participación en la creación de unos cursos, nacidos a partir de las jornadas de Xátiva, que costaban dinero y que no tenían el apoyo del CGPJ. Así que diseñé un programa para que la Universidad Politécnica de Valencia pudiese salvar dichas jornadas. Ese master en Administración Concursal era una referencia para los jueces de lo mercantil españoles, era la titulación más cualificada. ¿Y por qué me sancionan? Porque se nombraban los administradores concursales entre los asistentes a dichos cursos. ¡Cuando lo ilegal sería dar los concursos a administradores sin titulación! En realidad, ahora estoy pendiente de que se revise la sanción porque ha cambiado el criterio y no ha vuelto a sancionarse nada parecido. Creo que sólo se desacreditaron los cursos para desacreditar, a su vez, la dación en pago, y a mí me cogió en medio”.

Para Presencia, la implicación de los jueces en los cursos de Ausbanc es “el talón de aquiles de un CGPJ presidencialista, una banda que favorece un sistema que potencia la corrupción”. Es más, llega a afirmar: “El CGPJ estaba integrado en la organización de los cursos de Ausbanc. Sin su participación no habrían existido. Por eso había que crear la imagen de que Pineda era de los buenos y que todo lo que perjudicaba a Ausbanc estaba muy mal”.

En su opinión, el retraso de la judicatura en abrazar la dación en pago ha perjudicado a la economía española. “Tardaremos mucho en recuperarnos de no defender judicialmente la dación en pago. Nos ha costado un par de año de retraso en la recuperación. Todos los países que han salido de la crisis la tienen reconocida. Y es que, si no lo haces así, el crédito no funciona”.

El magistrado no sólo tuvo problemas con Ausbanc, sino que también se enfrentó con el pseudosindicato Manos Limpias. “A mí Manos Limpias me extorsionó. Estaba luchando con una trama de corrupción en Talavera de la Reina y llega un momento en el que Manos Limpias cree que es posible armar una macrocausa y nos pide que les facilite información para que ellos armen una acusación popular. Y la verdad es que me vino estupendamente. Pero en un momento dado me dicen que hay que pagar a los profesionales que lleaban los casos y me negué. También me dijeron que debía sindicarme. Como les dijes que eso no era legal me propusieron que lo hiciese mi mujer. Me negué y, como vieron que no me dejaba comprometer, me dejaron con el culo al aire. Y cuando Manos Limpias deja de apoyarte es que se pasa al enemigo. La sensación que daban al retirarse es que los denunciados tenían razón”, explica.

Presencia afirma que habló con la Udef por primera vez en octubre de 2015 y que colaboró con ellos en la investigación sobre el pseudosindicato. Después, tras las primeras detenciones y con la aquiescencia de la Udef, comenzó a hacer declaraciones para esquivar cualquier relación con Manos Limpias y destacar que, todo lo contrario, les había denunciado.

Comenta además un punto delicado, y es que si Manos Limpias se desmorona, las acusaciones populares en las que participa o ha participado serán revisadas. Preguntado sobre si Manos Limpias y Ausbanc habrían caído en caso de no existir el juicio contra la Infanta Cristina, su respuesta es contundente: “No”.

Está claro que su caída se debió a que intentaron comerse un pez demasiado grande. Al hacerlo, han salido a la luz dos décadas de presuntas extorsiones y chantajes, en connivencia con una banca que lo mismo los utilizaba –siendo el Santander un aliado evidente, a estas alturas–, que se resistía con uñas y dientes a la extorsión –como en el caso de BBVA.

 

Fernando Presencia, juez de lo mercantil. Foto: CONFILEGAL