La patronal Foro Madrid Empresarial pide a los agentes implicados “responsabilidad en la toma de decisiones”, aunque recalca que los “intereses y derechos adquiridos por empresas y compañías hasta ahora deben ser respetados”. Esta petición se suma a otras muchas hechas al consistorio madrileño para que no paralice la operación.

Nuevo capitulo en la interminable historia de la ‘Operación Chamartín’. Tras una semana de inactividad política, son el resto de agentes implicados los que han decidido dar su opinión sobre la negativa del Ayuntamiento de Manuela Carmena a llevar a cabo el proyecto de Distrito Castellana Norte (DCN).

Los últimos en entrar al tablero de juego han sido los empresarios de la patronal Foro Madrid Empresarial, organización que aúna a más de 300 entidades madrileñas y que está presidida por Hilario Alfaro (Alfaro1926).

Desde el sector piden a los implicados que “aparquen sus diferencias y den una lección de responsabilidad al pensar en Madrid, en los madrileños y en el interés general”.

La llamada de atención llega tras un año de disputas entre la promotora responsable del proyecto, DCN, y el Ayuntamiento de Madrid. La tensión entre ambos alcanzó su punto álgido hace apenas un mes, cuando Carmena presentó un proyecto alternativo -‘Madrid Puerta Norte’- sin el conocimiento de ninguna de las partes implicadas.

Las reacciones a la propuesta han sido contundentes: desde el Ministerio de Fomento -parte en el proyecto a través de Renfe y Adif-, hasta la Comunidad de Madrid, pasando por la constructora y el resto de fuerzas políticas en la Asamblea (excepto el PSOE), todos dicen ‘no’ a la alcaldesa.

“El futuro del proyecto no es político ni ideológico, pasa por adaptarlo a la realidad actual de Madrid y al desarrollo de las ciudades del siglo XXI. No es admisible que nos arriesguemos a un nuevo proceso legal largo y tortuoso por no ser capaces de dialogar y encontrar puntos de encuentro sobre un proyecto”, señalan desde el Foro.

Sin embargo, el escenario parece estar lejos del diálogo y más cercano al enfrentamiento. Las última reunión entre los protagonistas tuvo lugar en el Ministerio de Fomento y finalizó sin ningún acuerdo a la vista.

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recordó a la alcaldesa que su proyecto requiere la remodelación del Plan General de Ordenación Urbanística, que en última instancia depende de sus competencias.

En la misma línea, el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe, anunció la semana pasada que no dudará en tomar las acciones legales necesarias para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de la paralización del proyecto. El organismo en funciones cifró este perjuicio económico en 700 millones de euros, cantidad invertida en obras terminadas o en ejecuciones contratadas.

Desde DCN tampoco descartan emprender medidas vía judicial por la inversión ya realizada y la ruptura del contrato, cuya fecha límite es el 31 de diciembre de este año.

“Si la compañía o el proyecto se ven perjudicados como consecuencia de decisiones administrativas que consideremos que no se ajustan a la legalidad no vamos a dejar defender nuestro intereses”, señalaba Antonio Béjar, presidente de la promotora, hace apenas un mes.

Por su parte, los empresarios madrileños animan al consistorio a cumplir con los compromisos ya suscritos y a no dejar pasar de nuevo esta oportunidad.

“Los intereses y derechos adquiridos por empresas y compañías hasta ahora deben ser respetados, al igual que las decisiones de gestión de la ciudad tomadas por sus responsables municipales. La nueva paralización del proyecto sería un fracaso. Madrid se juega mucho más que un plan urbanístico. La reforma del norte de la ciudad es también un proyecto social. Por esa razón merece una reflexión pausada y equilibrada al margen de cuestiones ideológicas y dogmáticas”, sentencian desde la patronal.

Otros puntos de vista

Al inicio de esta semana, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) envió una carta al Ayuntamiento, a la Comunidad y a Fomento en la que expresa su preocupación “ante la deriva tomada por el proyecto y el riesgo de ruptura total”.

Desde el organismo hacen dos peticiones expresas: que el consistorio comprenda que “Madrid necesita la prolongación de la Castellana”, y por otro lado, que Fomento se retracte en sus amenazas legales, “porque empezar con el discurso de las indemnizaciones sería desastroso”.

En la misiva también se hace un llamamiento a la ejemplaridad compartido por el resto de agentes sociales. En concreto, se insta a todas las administraciones a entender que “la discontinuidad de los gobiernos no puede impedir la continuidad de los proyectos”.