La corrupción ha salpicado al partido de Mariano Rajoy estos meses en casos como Taula, Acuamed o Los papeles de Panamá. También ha habido nuevas revelaciones en Púnica o Los papeles de Bárcenas que permiten a la oposición cargarse de argumentos para desacreditar al presidente del Gobierno en funciones. Esperanza Aguirre y José Manuel Soria dimitieron y el cerco es cada vez más estrecho sobre Rita Barberá, otrora emblema del PP.

“La corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, pues nos ha hecho daño”. Hace justo un año que Mariano Rajoy pronunciaba estas palabras ante el Círculo de Economía en Sitges para contextualizar el batacazo que el PP acababa de sufrir en las elecciones autonómicas y municipales. Doce meses después, el deterioro electoral se ha reflejado también a nivel nacional y el “martilleo” de la corrupción no ha cesado. Ni en las televisiones ni en los juzgados.

La sucesión de escándalos en el entorno de Rajoy lleva a Ciudadanos a rechazarlo como líder y al PSOE a renegar de la gran coalición

Desde las generales del 20 de diciembre, los populares se han visto afectados por al menos una docena de nuevos escándalos, algunos de ellos derivados de casos que llevan años siendo investigados, como Gürtel y Púnica, y otros de nuevo cuño, como Acuamed o Taula. En este tiempo, la presunta corrupción ha hecho dimitir de su responsabilidad orgánica a Esperanza Aguirre, ha acabado con la carrera de José Manuel Soria y ha dilapidado el capital político de uno de los grandes emblemas del PP, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

La sucesión de escándalos dificultó cualquier entendimiento de Rajoy con Ciudadanos y cargó de argumentos al PSOE para rechazar la gran coalición. Ante el 26-J, el horizonte se presenta muy parecido, ya que parece que el empate a escaños entre bloques ideológicos se mantendrá, al igual que permanecerá en el candelero el goteo de casos de corrupción que afecta a Génova. El candidato del PP defiende que la legitimidad se la dan sus compañeros de partido y sus votantes, mientras los adversarios le ven amortizado por haber estado al frente de la formación que tantos capítulos oscuros acumula sobre el asunto que más preocupa a los españoles, según el CIS. Una sucesión que no ha remitido desde las últimas generales, más bien todo lo contrario.

Acuamed: dimisión en Moncloa

El lunes 18 de enero la Guardia Civil registró la sede de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, al detectar fraudes en las contrataciones. La operación se saldó con 13 detenciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante y la dimisión de Federico Ramos de Armas, subsecretario de Presidencia. El número tres de Soraya Sáenz de Santamaría se vio implicado por su actividad anterior a la llegada a Moncloa, cuando fue secretario de Estado de Medio Ambiente. En su declaración ante la Audiencia Nacional, varias semanas después, señaló al exministro del ramo, Miguel Arias Cañete. Ramos de Armas aseguró que Cañete presionó para que, en contra de su criterio, saliera adelante el contrato por el que se le investiga.

Taula: Barberá en la picota

Un mes después de las elecciones y a los cuatro días de rechazar Rajoy ser candidato a la investidura, estalló en Valencia la Operación Taula. Se produjeron hasta 24 detenciones el mismo día, entre ellas la del expresidente de la Diputación valenciana, Alfonso Rus, en el marco de un caso que investiga adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones en instituciones gobernadas por el PP. Génova disolvió la estructura del partido en la capital -nueve de los diez concejales estaban salpicados- y abrió expediente a Rita Barberá, quien gracias a su condición de aforada tardó unas semanas más en verse directamente implicada.

La situación de Barberá, que mantiene su escaño en el Senado y forma parte de la diputación permanente de la Cámara alta, ha sido muy criticada por la oposición. PSOE, Podemos y Ciudadanos consideran que el PP está protegiendo a quien ha sido uno de sus grandes activos municipales los últimos 25 años, señalada por la Justicia por presunto blanqueo de capitales y financiación ilegal de la formación en Valencia.

Púnica: Aguirre vuelve a irse

Un nuevo registro en la sede del PP e indicios de financiación irregular en Madrid llevaron a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a dimitir el 14 de febrero. Aguirre dejó su cargo orgánico pero no su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital, dando así por asumida su “responsabilidad política” al promocionar en su momento a Francisco Granados y no advertir los comportamientos ilícitos hoy investigados por la Justicia. “Es tiempo de sacrificios y de cesiones”, indicó en lo que muchos vieron como un movimiento para empujar a Rajoy hacia la retirada.

Panama Papers: adiós de Soria

La filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca desveló los nombres de decenas de figuras públicas, españolas y extranjeras, con fondos en Panamá, país de baja presión impositiva que hasta la etapa Zapatero figuró en la lista de paraísos fiscales. Entre los señalados apareció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien también se vio luego relacionado con otra sociedad radicada en Jersey. Las contradicciones de su discurso acabaron provocando su renuncia a las funciones de ministro, al acta de diputado y a la presidencia del PP canario.

Granada: detención del alcalde

El PP perdió su bastión de Granada hace unas semanas, al apoyar toda la oposición la candidatura del socialista Francisco Cuenca como sucesor del dimitido José Torres Hurtado. El exregidor popular había sido detenido y posteriormente puesto en libertad poco antes, en el marco de un caso –Nazarí– que investiga indicios de corrupción urbanística relacionados con el consistorio granadino. En la operación, que ha dejado al PP con el gobierno de solo dos de los 30 mayores municipios de España, también fue detenida la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y registrado el Ayuntamiento y el domicilio de Torres Hurtado. Ambos defienden su inocencia y ambos fueron suspendidos de militancia por Génova.

Bárcenas: amenaza de embargo

La semana pasada trascendió la decisión del juez José de la Mata de reclamar 1’2 millones de euros al PP por el caso de los papeles de Bárcenas, so pena de ser embargado en diez días. De la Mata considera al partido responsable civil subsidiario y le exige esa cantidad tras negarse a abonarla los extesoreros que están siendo investigados, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Génova garantizó que depositaría el fondo, aunque subrayó que era una medida cautelar y “no una condena” e impregnó su discurso de sospechas sobre la imparcialidad de este juez, que fue alto cargo del Gobierno de Zapatero y también instruye el caso Gürtel.

Murcia: cerco al presidente

La última liebre ha saltado en Murcia, fruto de la investigación de la rama de la Púnica en esta región. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estima que el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, debe ser citado en calidad de investigado, algo que de producirse le costaría el puesto. Ciudadanos, que tiene firmado un pacto de gobierno con el PP murciano, ha garantizado que exigirá su dimisión si ese supuesto se materializa. En caso de que Sánchez no se retirara, el partido naranja daría por roto el acuerdo. La Guardia Civil ve indicios de que el presidente autonómico contrató de forma irregular con la trama para mejorar su reputación online. La misma sospecha tiene sobre Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y exsenadora.

Y muchos más

Además de los casos señalados, el PP se ha visto afectado por otros, como la detención del expresidente del partido en Menorca -acusado de corrupción urbanística-, los nuevos indicios contra el exdiputado nacional Vicente Martínez-Pujalte -acusado de falsedad y cohecho por la Fiscalía y por su excompañera de bancada Ana Torme-, el avance de la causa contra los presuntos comisionistas Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui o las nuevas revelaciones de la trama Púnica en Madrid.

La corrupción ha provocado críticas de Nuevas Generaciones y choques entre Moncloa y Génova y entre nuevos y veteranos dirigentes del partido

Este último caso -del que no paran de conocerse detalles una vez levantado el secreto de sumario- ha puesto en la diana, tras las declaraciones del cabecilla David Marjaliza, a diputados del grupo de Cristina Cifuentes, como Jaime González Taboada, Juan Soler o Ignacio García de Vinuesa. También en la comunidad madrileña está bajo sospecha la gestión del ente público Canal de Isabel II, especialmente en lo relacionado con su actividad en América Latina. El propio Gobierno de Cifuentes ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía, poniendo así en entredicho a su predecesor en el cargo, Ignacio González.

Además, en estos meses ha sido procesado por el caso Brugal el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, se le ha abierto una nueva causa al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y se ha dictado juicio oral contra el expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, por contratos irregulares en la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. Alfonso Alonso y Javier Maroto, por su parte, han recurrido la sanción que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas por causar un perjuicio de 393.000 euros al Ayuntamiento de Vitoria al otorgar un contrato en 2007 por encima del precio de mercado.

Un rosario de contratiempos, en definitiva, que ha hecho que el martillo de la corrupción no desaparezca ni un solo día de los informativos. Además del desgaste del partido y de su líder, esta concatenación ha provocado disputas internas entre Moncloa y Génova y entre valores emergentes y la vieja guardia por la discrepancia de criterios a la hora de hacer frente a los escándalos. También Nuevas Generaciones fue muy crítica en su última convención –“por culpa de la corrupción nadie se atreve a decir que es del PP”– y el número dos de los populares madrileños, Ángel Garrido, aseguró recientemente que sería “un suicidio” continuar en la misma línea y “no tomar ninguna decisión de cambiar” el rumbo de la organización.

A este panorama trata de sobreponerse Rajoy para que la campaña del 26-J gire en torno a las negociaciones postelectorales, las posibilidades de la coalición Unidos Podemos y el riesgo de que se frene la recuperación económica. Si se impone el debate sobre la corrupción, sus posibilidades de salir bien parado serían escasas, a la vista de los acontecimientos.