Bruselas ha abierto esos tres millares de procedimientos a las Administraciones españolas por incumplir la normativa comunitaria. Hasta 2010, España había recibido 159 sentencias condenatorias del TJUE.

La Unión Europa aprueba cada año centenares de nuevas normas jurídicas de todo tipo de obligado cumplimiento por los estados miembro. Y los países deben adoptar el contenido de estas directivas, reglamentos y otras leyes en el tiempo establecido y de un modo correcto. Y si los gobiernos nacionales no lo hacen, la Comisión Europea emprende procedimientos de infracción contra el país en cuestión que puede acabar en sanción si el incumplimiento persiste.

Desde que España se incorporó a la entonces Comunidad Económica Europea, en 1986, acumula casi 3.000 procedimientos de infracción por no implementar en tiempo y/o en forma normativas comunitarias al ordenamiento jurídico nacional. En concreto, han sido 2.974 procesos de infracción los iniciados en estos casi treinta años, según se recoge en la base de datos de la Comisión Europea.

Y a pesar de contar con esos casi tres millares de procedimientos abiertos desde 1986, España está lejos de la cabeza de los países más incumplidores: lejos de los casi 4.900 procedimientos de Italia, los más de 4.100 de Grecia o los más de 3.700 de Francia registrados en estas tres décadas.

“A pesar de que existe una variación importante entre Estados en el proceso de implementación de la legislación europea, España tiene un desempeño medio”, sostiene Javier Arregui, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, en un reciente estudio sobre los incumplimientos legislativos publicado por el Real Instituto Elcano. El estudio se circunscribe a los procedimientos abiertos entre 1986 y 2010, pero sus conclusiones son extrapolables si se amplía el ámbito de análisis hasta 2016.

Según el informe, de los 2.729 expedientes abiertos a España hasta el año 2010, 1.852 se quedaron en la primera fase de notificación formal por parte de la Comisión Europea, con la que Bruselas solicita que se adopte la legislación y da un plazo concreto a los países para ello; 658 procedimientos llegaron a la segunda fase de dictamen motivado, en la que se examina minuciosamente la respuesta del Gobierno nacional al requerimiento; y 219 casos acabaron en demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre 2011 y 2016 se han sumado otros 19 casos más, según la base de datos).

“España ha sido condenada en el Tribunal por 159 infracciones durante el periodo entre 1986 y 2010. Teniendo en cuenta el número de procedimientos de infracción abiertos por la Comisión, es un porcentaje menor. Lo mismo sucede en la mayoría de Estados”, apunta Arregui. Según sus datos, más de un 85% de las infracciones abiertas por Bruselas quedan resueltas antes de que el TJUE emita una sentencia condenatoria.

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