La legislación actual regula de manera estricta el paso del sector público al privado en los altos cargos de la Administración General del Estado, pero no dice nada acerca de los diputados y senadores. Los comisarios europeos deben esperar 18 meses para ejercer otro cargo, mientras que su indemnización por cese dura 3 años.

El fenómeno de las ‘puertas giratorias’ se ha convertido en una práctica cada vez más habitual y más criticada por la opinión pública. La legislación trata de regular este conflicto de intereses inherente al ejercicio de cualquier cargo público, tanto antes como después de su ejercicio.

El que sale del sector público al privado puede tener la tentación de hacer méritos de cara al sector privado, especialmente en sectores regulados y en ámbitos de contratación pública, donde hay más expectativas que ganancia”, señalaba Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación ‘¿Hay Derecho?’, en el foro organizado por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa.

Las consecuencias de la crisis económica en España y la reciente inestabilidad política han incrementado la sensibilidad de los españoles ante estos asuntos. Para calmar los ánimos se promulgó la última Ley 3/2015 con el objetivo de regular el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Sin embargo, esta norma no afecta por igual a todos los cargos políticos y tampoco recoge todos los supuestos posibles para estas transiciones, lo que genera un limbo legal que aprovecha más de uno.

La ley no afecta ni a diputados ni a senadores, que no tienen ningún problema para pasar de su escaño al sector privado, ni al sector autonómico ni a funcionarios de cuerpos de alto nivel. Siempre hay supuestos que se quedan fuera, como el de Elena Salgado, que eludió la prohibición porque se fue a una filial, o el de David Taguas, que se fue a una asociación de empresas. El problema de intentar acotar supuestos para ser objetivos es que siempre quedan otros sin cubrir, y el ciudadano de a pie no ve el tecnicismo”, añadía durante su intervención.

Los intereses enfrentados entre el sector público y el privado pueden darse en cualquiera de las etapas durante el ejercicio del cargo.

La misión de control corresponde a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, que recibe una declaración de las actividades, bienes y derechos previos al puesto en la Administración, informa a los altos cargos sobre los posibles conflictos y su deber de abstención durante el mandato y vigila durante dos años que no se produzcan choques de intereses tras el cese.

“Si ponemos normas muy rígidas estamos evitando intereses legítimos. ¿No puede un señor que ha sido ministro hace cinco años ir al sector privado? No creo que sea un planteamiento muy serio. Si un alto cargo, en contra del criterio de la Oficina, va a una empresa incompatible, hay una sanción eficaz, que es que la empresa no va a poder contratar con el sector público”, explicaba Flor María López, directora de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Casos de portada

Elena Salgado

La que fuera vicepresidenta económica con el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fichó recientemente como consejera de Nueva Pescanova, tras la reestructuración llevada a cabo por la compañía

La ex ministra socialista se coló en el top ten de las ‘puertas giratorias’ al entrar a formar parte del consejo de una filial chilena de Endesa a los pocos meses de dejar su cargo.

Salgado también fue titular de Sanidad y Administraciones públicas, sin embargo obtuvo sin problema el permiso del nuevo Gobierno popular al considerar que el régimen de incompatibilidades de dos años no era aplicable a las filiales de compañías españolas en el exterior.

David Taguas

El que fuera jefe de la Oficina Económica de Moncloa durante la primera legislatura de Zapatero tampoco dudo a la hora de aceptar la presidencia de Seopan, el llamado lobby de las constructoras, pocos meses después de dejar su cargo.

El economista, que falleció en 2014, no tuvo problemas en su paso al sector privado al tratarse de una asociación de empresas. Durante su mandato, tuvo algunos encontronazos con sus anteriores compañeros en el Gobierno socialista, especialmente tras el recorte de la inversión en obra pública decretado en el verano de 2010.

Agustín Conde

Su caso es el más reciente en el tiempo, el ex diputado del PP dejó su cargo tras las últimas elecciones del 20-D, después de presentarse como número tres por Toledo y administraciónno resultar elegido.

Tan sólo dos meses después se conocía su incorporación al consejo de administración de Red Eléctrica Española, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Ministerio de Hacienda.

En este caso la ley no prevé sanción alguna al no tratarse de un alto cargo de la Administración y no haberse dedicado directamente al sector energético durante sus años en el cargo público.

“Es muy habitual el paso de los políticos a actividades de lobby, como en el caso del ex diputado Agustín Conde en Red Eléctrica. En Estados Unidos, hasta el 55% de los antiguos congresistas y senadores son lobbystas profesionales”, señalaba Elisa de la Nuez.

Las ‘puertas’ en Europa

En la Unión Europea existe un código de conducta específico para los comisarios (2011) que les obliga a “abstenerse de cualquier acto incompatible con la dignidad y obligaciones de su cargo” durante su mandato y una vez finalizado éste.

La traducción práctica de la norma es que Administración Gn

Sin embargo, los ex comisarios sólo tendrán que dar cuenta de sus actuaciones durante los 18 meses posteriores a su salida de la institución, aunque la pensión indemnizatoria por el cese dura tres años naturales.

“El comisario debe cumplir sus deberes de honestidad y discreción, sino se podrá decretar su cese o el de su pensión post-mandato. Sin embargo, sólo tiene que comunicar sus actuaciones durante los 18 meses posteriores a su mandato, un periodo corto si tenemos en cuenta que percibe la indemnización por cese durante 3 años. Parece que son vasos comunicantes, que tendría que ser más cauteloso durante ese periodo”, explicaba Rafael Garcia-Valdecasas, uno de los tres miembros del Comité de Ética de la Comisión Europea.