El lunes se constituyó oficialmente la Plataforma del Tabaco para defender unilateralmente la continuidad del negocio de los cigarrillos ante lo que los profesionales califican como “un acoso continuo” por parte de la Administración.

Parece que la industria tabacalera está de capa caída en España, la continua caída de las ventas desde 2005, las leyes antitabaco y el aumento de los precios son los principales motivos por los que el sector se encuentra en peligro de extinción.

Ante la situación de urgencia, agravada por la proliferación del contrabando de tabaco, la industria ha querido unirse al completo para pedir una regulación más justa y más clara a las administraciones. La materialización de esta lucha ha quedado plasmada con la puesta en marcha de la Plataforma del Tabaco.

“Se trata de aglutinar a toda la cadena de valor del sector, desde los pequeños estancos a los grandes fabricantes y las empresas de distribución y vending. Lo que pretendemos es asegurar la viabilidad del sector a largo plazo y promover un entorno de mayor seguridad jurídica. Nos sentimos amenazados y sin embargo somos una de las actividades económicas más importantes para el país”, señalaba uno de los miembros del comité fundador de la organización.

Sin duda, desde que pusiera en marcha la actual normativa antitabaco en 2011, el consumo de cigarrillos ha disminuido notablemente. Por otro lado, la industria tabacalera sigue siendo la quinta fuente de financiación por volumen del Estado español –recauda alrededor de 9.300 millones de euros anuales- y emplea a más de 70.000 personas.

“Es evidente que ha bajado el consumo de tabaco, fundamentalmente en la crisis, pero lo curioso es que no ha descendido el número de fumadores, que hace diez años constituía el 33% de la población y actualmente el 32%”, añadía el representante.

Otro de los problemas derivados del incremento de los precios en este tipo de productos es el nacimiento de un mercado ilícito muy potente, que se concentra fundamentalmente al sur de la península.

“Al aumentar los precios se ha incrementado a su vez el comercio ilícito, que actualmente supone un 12,5% del total de la actividad y roba más de 1.000 millones de euros al año. Además, los obstáculos al suministro sólo benefician a las mafias del mercado, que consiguen un nicho cada vez mayor”, explicaba el portavoz de la plataforma.

El cierre masivo de estancos

Desde que el Gobierno permitiera la venta de establecimientos en 2006, el número de estancos en el mercado ha ido creciendo progresivamente. Sin embargo, esta tendencia se ha acentuado en los últimos dos meses, cuando se han multiplicado por tres las tiendas en venta y el precio medio ha bajado un 25%.

“Los últimos datos reflejan que los inversores no ven clara la viabilidad del negocio. El comercio minorista es fundamental, los estancos en España son muy importantes y si ellos caen, el efecto cadena es muy evidente. En resumen: si el estanco estornuda el sector se constipa. Lo que no puede ocurrir es que zonas con mucha población, como Montecarmelo en Madrid, estén desabastecidas por la falta de establecimientos”, señalaba la misma fuente.

Otra de las batallas a las que se enfrenta la industria son las recientes sanciones impuestas por el comisionado en función de las interpretaciones hechas sobre los contratos de ventas en dichos negocios, cuantías que ascienden hasta los los 120.000 euros.

“El reglamento del 98 está obsoleto, se trata de una ley desfasada en la que no quedan claras las reglas del juego. Las interpretaciones de los últimos meses han dado pie a expedientes sancionadores desproporcionados, que en muchos casos ponen en jaque la viabilidad de los negocios”.

A la espera de los grandes fabricantes

La plataforma ya está constituida por la mayor parte de agentes del mercado –asesores, estancos, empresas de vending y distribución-, sin embargo falta el apoyo oficial de los actores más representativos, las grandes tabacaleras, que respaldan la iniciativa pero quieren tener las espaldas cubiertas de cara a posibles problemas legales.

“El último mes nos hemos estado reuniendo con ellos y no san manifestado su voluntad de adhesión firme. Sin embargo, existe un tema de un artículo legal que nos hace dudar sobre la necesidad de pedir un permiso al comisionado para que puedan participar oficialmente”, aclaraba el representante de la plataforma.