Iberdrola filtró que la central burgalesa estaba condenada al cierre definitivo. Y aunque Endesa lo niega oficialmente –sin demasiado entusiasmo-, la compañía también sabe que Garoña no volverá a funcionar por las millonarias inversiones que harían falta realizar para una planta que es la más vieja de Europa, que lleva tres años cerrada y que es enana en relación al resto del parque nuclear español. La petición formal de renovación de licencia se mantiene –y se mantendrá- con el objetivo de que el CSN reconozca la viabilidad técnica de ampliar la vida de las centrales a largo plazo. Una declaración oficial que sentaría un precedente para reforzar el intento de ampliar hasta los 60 años el resto de plantas españolas. Garoña no reabrirá, pero es la puerta para el futuro de las otras centrales nucleares.

La rocambolesca historia de la central nuclear más vieja de España sigue sumando capítulos, aunque encara ya su final definitivo. La central de Santa María de Garoña en Burgos cerró en 2012. Fueron sus propietarias, Endesa e Iberdrola –que controlan a partes iguales la planta a través de la sociedad Nuclenor-, las que desenchufaron la central voluntariamente, a modo de órdago al Gobierno en la plena pugna por la reforma eléctrica. Y dos años después, tras varias reformas legislativas ad hoc del Ejecutivo del PP para hacerlo posible, Iberdrola y Endesa solicitaron la renovación de licencia de explotación y lo hicieron pidiendo su reapertura hasta 2031, cuando Garoña cumplirá 60 años desde su construcción.

Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudia la solicitud y, a pesar del clamor en contra de todos los grupos parlamentarios del efímero Congreso ya disuelto -de todos los partidos menos el PP-, los planes del organismo pasan por emitir un informe favorable a la reactivación de la central en junio o julio. Posteriormente tendrá que ser el próximo Gobierno (aunque podría ser el actual en funciones) el encargado de aprobar la autorización para la puesta en funcionamiento.

Iberdrola y Endesa evitaron el choque frontal al dejar el cierre de Garoña fuera del orden del día del consejo de Nuclenor de la pasada semana. Oficialmente el tema no se trató

Pero en otro giro inesperado de la rocambolesca historia, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comunicó a principios de abril a los sindicatos de la compañía su convencimiento de que Garoña no volvería a funcionar porque su explotación no es económicamente viable. Iberdrola, empeñada en reforzar su apuesta renovable y en asentar su imagen de eléctrica verde, filtró de manera interesada su cambio de discurso sobre las nucleares y su falta de viabilidad futura.

Un cambio de discurso que se ha vivido en Endesa, el otro socio de Garoña, casi como una traición. No tanto por ser totalmente inesperado, sino por que Sánchez Galán lo hiciera llegar a la prensa a través de los sindicatos y que no lo planteara previamente en el consejo de administración de Nuclenor. El enfrentamiento entre Iberdrola y Endesa sobre Garoña ahora es evidente, pero ambas eléctricas evitaron el choque frontal (o formal) en la reunión del consejo de Nuclenor celebrada la pasada semana y en el que oficialmente no se abordó el asunto, dejándose el futuro cierre fuera del orden del día. El consejo fue tenso y el desencuentro entre los dos socios, evidente, pero no se recogerá nada en el acta del cónclave.

Iberdrola reconoce que Garoña no reabrirá. De manera indirecta y con filtraciones, pero lo reconoce. Endesa, en cambio, oficialmente mantiene su posición de que la reapertura es posible, y que la planta puede ser viable técnica y económicamente. Oficialmente. Sin embargo, Endesa también sabe que la central de Garoña no volverá a funcionar nunca. Se lo calla, pero su cúpula directiva maneja como único escenario posible el cierre definitivo, según confirman a SABEMOS fuentes del sector eléctrico conocedoras de la situación.

Tanto Endesa como Iberdrola manejan como único escenario posible el cierre definitivo de la central más vieja de Europa

“Iberdrola ha cedido a las presiones políticas y se ha decidido a hacer más o menos pública su posición en contra de reabrir Garoña. Endesa va a seguir dando la batalla defendiendo la viabilidad económica y técnica de Garoña, pero también tiene totalmente claro que la central nunca volverá a funcionar”, explica un ejecutivo del sector eléctrico. SABEMOS ha intentado insistentemente –e insistentemente sin éxito- conocer la posición oficial de Nuclenor sobre el futuro de la planta. Sin embargo, fuentes del cuerpo técnico de la propia central de Garoña –no oficiales- comparten el convencimiento de que la planta nunca se reactivará.

Cuando el CSN diga ‘sí’, Nuclenor dirá ‘no’

La lucha que se plantea va más allá, mucho más allá, de la central burgalesa. Las eléctricas quieren que Garoña sea la llave que abra la puerta a ampliar la vida útil del resto de centrales españolas más allá de los 40 años, e incluso alcanzar los 60 años de funcionamiento. “La central va hacia el cierre definitivo. Pero la batalla por Garoña no tiene que ver ya con la posibilidad de reabrir. Garoña es sólo una batalla teórica que tiene por objetivo convertirse en una batalla práctica para el resto de centrales nucleares españolas, para permitir la ampliación de su vida útil a largo plazo”.

Y es que a pesar del aparente desencuentro entre Endesa e Iberdrola sobre el futuro de Garoña, ambas compañías confirman que no se retirará la solicitud de renovación de licencia planteada al Ministerio de Industria y al CSN. El supervisor aprobará en el plazo de dos o tres meses un informe avalando la viabilidad técnica de que Garoña vuelva a entrar en funcionamiento, pero lo hará exigiendo nuevas mejoras que requerirán inversiones millonarias a los dueños de la planta, informan fuentes conocedoras del expediente.

Una vez conocidas esas condiciones para la reactivación, y dado que Endesa e Iberdrola acumulan pérdidas de casi 230 millones de euros en dos años por mantener Garoña sin actividad, el consejo de Nuclenor decidirá desistir de volver a poner en funcionamiento la central amparándose en que no le salen las cuentas. Según fuentes del sector eléctrico y fuentes internas de la propia Garoña este escenario no es una hipótesis, sino que es la hoja de ruta efectivamente diseñada.

[En paralelo, algunos expertos del sector nuclear advierten de que el propio visto bueno condicionado del CSN podría incumplir la normativa vigente. El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas establece que la autorización de renovación de licencia faculta al titular de central a recargar combustible nuclear en la planta. Pero el informe del CSN paradójicamente dará el visto bueno a la renovación del permiso al tiempo que prohíbe cargar combustible nuclear hasta que se hagan las inversiones necesarias para cumplir con todos los requisitos de seguridad.]

La puerta para el resto de centrales

Garoña pues no reabrirá, pero el sector nuclear dispondrá de un informe oficial del Consejo de Seguridad Nuclear en el que se avalará la viabilidad técnica de ampliar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años o, incluso, que directamente confirmará que las plantas pueden llegar a funcionar directamente hasta los 60 años.

El CSN dará en junio o julio su visto bueno a reabrir Garoña, exigiendo inversiones millonarias en reformas. Nuclenor entonces rechazará volver a abrir con la excusa de que no salen las cuentas

El ‘sí’ a la reactivación de Garoña supondrá pues un precedente para el resto de plantas españolas (controladas también por Iberdrola, Endesa y Gas Natural), que verán abierta la puerta a renovar sus licencias más allá de las cuatro décadas.

Las actuales licencias de explotación de las otras centrales españolas expirarán entre 2020 y 2024, y el objetivo de las eléctricas que las operan pasa por solicitar su renovación. La primera a la que le caducarán los permisos será Almaraz (Cáceres) –controlada por Iberdrola con un 52,7% del capital, Endesa con un 36% y Gas Natural Fenosa con un 11,3%- y la planta ya ha confirmado que su intención es iniciar el año próximo el proceso de renovación por otros diez años. La concesión de la nueva licencia llevaría a la central cacereña a funcionar al menos hasta 2030, con lo que sus dos reactores ya superarían la cota de los 40 años.

Tras Almaraz I y II, le tocará el turno a Vandellós II, a la que también le expirará la licencia expiran en 2020; de Cofrentes y Ascó I y II, en 2021; y por último el permiso de actividad de Trillo concluye en 2024.

Endesa e Iberdrola presentaron en mayo de 2014 su solicitud de reactivación de la planta y pedían renovar la licencia por un periodo de 17 años, hasta 2031. Se trataba pues de la primera vez que un operador nuclear pedía ampliar el funcionamiento de una central española más allá de 10 años, como era la práctica común desde los noventa, para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad (RPS) que realiza el CSN también cada 10 años. Sin embargo, mientras la revisión técnica es obligatoria por ley cada decena de años, hacerla coincidir con la renovación de la licencia es un aspecto recogido en la guía de buenas prácticas del regulador, pero no es de obligado cumplimiento.

“Si Garoña consigue la autorización para operar 60 años sentará un precedente y se abrirá la puerta a que el resto de centrales españolas lo soliciten también directamente, anticipa a SABEMOS un experto vinculado al sector energético español contrario a la ampliación de la vida útil y que prefiere no ser identificado. “Si el CSN dice no a Nuclenor, cerrará la puerta a que el resto de centrales también pidan la ampliación por el plazo que les venga en gana. Pero si la abre… todos querrán entrar”, augura.

La barrera de los 40 años

Tradicionalmente, la vida de diseño de las centrales (el tiempo en que se espera que funcione según las especificaciones técnicas de su construcción) es de 40 años, aunque algunos países han ido ampliando ya la vida útil de las instalaciones (el tiempo que efectivamente transcurre entre la puesta en funcionamiento y su cierre) más allá de ese límite.

“Garoña es sólo una batalla teórica que se convertirá en batalla práctica para el resto de centrales nucleares españolas, para permitir la ampliación de su vida útil a largo plazo”

En España, tradicionalmente se daba por hecho que las ocho centrales nucleares operativas (siete sin contar Garoña) cerrarían cuando cumplieran las cuatro décadas. Sin embargo, el último Gobierno de Zapatero hizo legalmente posible que las nucleares puedan seguir funcionando más allá de ese límite de 40 años con la Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2011 en los últimos estertores de la legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy, ahora en funciones, fue en la pasada legislatura un paso más allá. Aunque de momento no se trata de un paso definitivo. El pasado septiembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, desveló que el borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) plantea la ampliación de la vida útil de las centrales hasta los 50 años.

Frente a un PP proclive a llevar el parque nuclear más allá del límite de los 40 años de funcionamiento, el PSOE incluía en su programa electoral para el 20-D (y posteriormente en el pacto de Gobierno con Ciudadanos) el cierre progresivo de las centrales según vayan cumpliendo las cuatro décadas, con lo que España se quedaría sin ninguna planta nuclear en 2028. Podemos tiene aún más prisa y propone clausurar las centrales en el momento mismo en que expiren sus actuales licencias de explotación, lo que la última central operativa dejaría de estarlo ya en 2024.