El PSOE logra el apoyo de la mayoría de partidos del Congreso para promover el cierre de la última central en 2028. Podemos se queda sin apoyos en su intento de adelantar el apagón nuclear en 2024, al expirar las actuales licencias de explotación.

La última Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de esta legislatura ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE que plantea el cierre de las ocho plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento. Esta iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad (17 votos); el voto en contra de PP y Foro de Asturias (16), y la abstención de los ocho diputados de Podemos.

Precisamente, la central nuclear más antigua de España es Garoña, que empezó a funcionar en 1971. Actualmente cuenta con 45 años desde su puesta en marcha, aunque permanece parada desde diciembre de 2012. En este sentido, la propuesta socialista exige al Gobierno que, al encontrarse en funciones, no tome ninguna decisión sobre su continuidad, a la espera de la conformación de un nuevo ejecutivo.

El resto de centrales atómicas españolas, y que todavía no han cumplido sus 40 años de funcionamiento son: Almaráz, que cuenta con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); Cofrentes (1984); y Trillo es la última central puesta en marcha en España (1987).

Esta misma comisión también debatía una proposición no de ley de Podemos, que no ha sido adelante, y que urgía al Gobierno a poner en marcha un ‘apagón nuclear’ para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplan los 40 años de funcionamiento y que se cierren cuando toque renovar su permiso de explotación. Ha contado con los únicos votos a favor del partido morado, el voto en contra de PP y Foro de Asturias, y la abstención de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad.

La iniciativa del PSOE

La impulsora de la iniciativa socialista, Pilar Lucio, ha insistido en que es necesaria una gradual disminución de la producción energética de las plantas nucleares, hacia una transición energética que permita descarbonizar la economía y sustituir la energía nuclear por las renovables.

Según ha insistido, la energía nuclear “no es una energía limpia porque genera residuos difícilmente gestionables”, además de que representa una amenaza para seguridad internacional y nacional, desde el punto de vista terrorista y medio ambiental. “Pensamos que un mix energético sin nucleares es posible y por eso proponemos una gradual disminución dentro de un Pacto de Estado por la energía para adaptar la política energética, dar al sistema una mayor estabilidad, y facilitar la transición energética”, ha agregado.

Según ha precisado, este pacto conllevará el cierre de las centrales a los 40 años como máximo de su funcionamiento, y “siempre que cumplan los requisitos del CSN”, que se desarrollen los planes de actuación industrial y adaptación económica para las zonas de transición energética, entre otras medidas.

A su vez, los socialistas reclaman la supresión del decreto para la gestión responsable de combustible nuclear gastado, donde el actual Ejecutivo cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) “para permitir la renovación de Garoña”, que ya había entrado en situación de cese definitivo de explotación. “Esa modificación se realizó para permitir que Nuclenor pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener que solicitar, como correspondía, una nueva autorización de explotación, lo que hubiera comportado mayores exigencias, en particular, una declaración de impacto ambiental”, sostiene el PSOE.

Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el CSN. Para ello, exige que el Ejecutivo apruebe el séptimo plan general de residuos radiactivos.

La iniciativa fallida de Podemos

En defensa de la iniciativa del partido morado, Juantxo López de Uralde, ha insistido en que las nucleares “no son seguras, ni limpias ni baratas”, a la vez que ha destacado que el riesgo de accidente nuclear es “real” tal y como se ha comprobado con Fukushima o este pasado martes con el 30 aniversario de Chernóbil. También ha criticado que hasta la fecha no se ha resuelto la cuestión de los residuos radiactivos.

“El mito de la nuclear barata se ha desmoronado. El presidente de Iberdrola dijo que las nucleares no son económicamente viables. Ha llegado la hora de proceder al cierre progresivo para culminar con un apagón en 2024, una vez venzan los permisos de explotación”, ha argumentado.

Por su parte, Enrique Bueno, de Ciudadanos, ha subrayado que su programa contempla el cierre progresivo de las nucleares una vez transcurridos los 40 años de vida útil para las que se crearon. Apuesta por la transición del modelo energético hacia las renovables, por el ahorro y por la eficiencia energética. Por ello, ha indicado que votará a favor de las dos iniciativas.

Mientras, Guillermo Mariscal ha justificado su voto en contra a las dos iniciativas en que no se debe infrautilizar ninguna de las capacidades disponibles. “Todo lo relacionado con la vida útil es una tarea que corresponde al CSN, que es quien vela por garantía medioambiental y sobre las personas y la seguridad radiológica”, ha precisado.

Cree que un discurso que enfrente renovables con nucleares es “insustancial” porque, a su juicio, las renovables no garantizan actualmente la seguridad de suministro y haría falta energía complementaria, que podría ser el gas o el carbón, por ejemplo, que contribuyen al aumento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.

“Si queremos ser responsables con los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo del Clima de París creo que esta tecnología que permite generación eléctrica sin emisión es un valor más, teniendo en cuenta que se cree en la necesidad de que haya neutralidad a la hora de decidir qué tecnologías permiten ese mix que garantice la sostenibilidad del sistema, la seguridad de suministro y una optimización de los costes energéticos”, ha concluido.