¿Dónde recortar el gasto? Los partidos encaran la campaña de las próximas generales con el firme propósito de ser austeros y ahorrar al contribuyente el coste del bloqueo político que ha impedido una investidura en estos meses. Todas las formaciones han expresado ya ese deseo, aunque están lejos de acordar el modo en que cumplirán con una demanda social que hasta el Rey verbalizó en su última ronda de consultas: ya que los comicios son inevitables, que al menos vayan precedidos de actos lo menos gravosos posibles.

La campaña de diciembre tuvo un coste de poco más de 130 millones de euros en lo que a logística y administración se refiere. Según datos del Ministerio del Interior, se gastaron 48 millones en servicios de Correos; cerca de 13 en el escrutinio y la difusión del mismo; otros 12’5 en impresión de papeletas, campañas institucionales de información o puesta a punto de colegios electorales; y 55 millones fueron invertidos por el conjunto de la administración a lo largo del proceso para proporcionar servicios como el de seguridad.

Esa partida es difícilmente recortable si se quiere dotar a las generales de todas las garantías democráticas. Pero sí podría ahorrarse en la cantidad invertida por los diferentes partidos para pedir el voto y difundir sus programas y postulados. La campaña pura y dura. Y es que la financiación de la misma procede casi en su totalidad de las arcas públicas, bien vía subvención directa -una vez pasadas las elecciones se conceden ayudas a las formaciones que obtuvieron representación, siguiendo el baremo de los resultados- o bien de forma indirecta. Y es que aunque parte de la campaña la financien los partidos con sus recursos, estos provienen en gran parte de la propia administración, a través de las subvenciones estructurales que se reparten con independencia de que haya o no elecciones.

Las subvenciones por ‘mailing’ ya se redujeron en 2015 respecto a 2011: de 22 a 18 céntimos por elector

En diciembre, las cuatro grandes formaciones (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) se dejaron 28,6 millones de euros: 12 los populares, 9 los socialistas, 3’6 los de Pablo Iglesias y 4 los de Albert Rivera. Esas son las cantidades que podrían reducirse ahora, pero depende en exclusiva de la voluntad política y de que se pongan de acuerdo porque las subvenciones electorales están recogidas en la ley. Podemos, por ejemplo, ha gastado en todas sus campañas menos de lo que podía permitirse en base a sus expectativas, cosa de la que ha presumido recientemente.

Ahora, todos están por la labor de apretarse el cinturón para que la falta de acuerdo afecte lo menos posible a las cuentas públicas. Ciudadanos propuso este miércoles reducir los gastos a la mitad, con medidas como el desarrollo de un buzoneo conjunto. El buzoneo, o mailing, es el proceso que todo partido con aspiraciones implementa para hacer llegar sus papeletas al mayor número de domicilios posible. Es algo que no existe en otros países de nuestro entorno y que tiene un elevadísimo coste que en un primer momento asumen las formaciones pero que luego es revertido por la Administración.

Así, todos los que han formado grupo parlamentario recibirán 18 céntimos por elector de cada circunscripción en la que se presentaron (en 2011 la cantidad fue de 22 céntimos por elector). Es decir, unos 6,5 millones en el caso de los partidos mayoritarios, que concurrieron en toda España. La propuesta de Albert Rivera es que el Estado haga un único envío de propaganda, en lugar de cada formación el suyo, para que esta partida se vea así sensiblemente reducida: de 30 millones a 5.

Sin consenso

Pero no hay consenso al respecto: el PP se niega a prescindir de un mecanismo que facilita el “contacto directo” con el ciudadano y la posibilidad de sortear la presión social que a su juicio persiste en lugares como País Vasco, Cataluña o Andalucía. Génova quiere que todo el mundo tenga la posibilidad de salir de casa con la papeleta del PP metida ya en el sobre y tras haber recibido la documentación directamente desde el partido, como siempre. También el PNV se mostró partidario de mantener una práctica que considera “importante”.

De modo que de ahí tampoco se podrá ahorrar. Solo queda la parte arbitraria del gasto ordinario en mítines, cartelería, alquiler de espacios o campañas de publicidad, que depende de la estrategia de cada organización. El límite de subvención ante el 20D se fijó en 37 céntimos por persona con derecho a voto de las circunscripciones donde concurriera el partido en cuestión.

Los 130 millones de gasto administrativo y logístico no son reducibles si se quieren mantener las garantías

Como quiera que el censo era de 36’5 millones de personas, ninguna formación podía recibir más de 13’5 millones de euros de ayuda electoral, excluido el mailing. Tal y como se recogió en el BOE el 31 de octubre, se fijó una dotación de 21.167’64 euros por cada escaño obtenido en las Cortes (Congreso y Senado), más 81 céntimos por cada voto a la Cámara baja y 32 por cada sufragio a la Cámara alta, siempre que se hubiera conseguido representación parlamentaria.

Esos son los máximos, ya que no se abona más de lo que cada partido gasta en campaña. Si los carteles proliferan menos, los mítines se dan en la calle y no en polideportivos o si los spots para medios de comunicación se reducen, también lo hará el coste de la campaña y en consecuencias las ulteriores subvenciones. Esto depende exclusivamente de los partidos, que tendrán que pactar un tope o una reducción porcentual del presupuesto aprobado el año pasado. No será fácil un acuerdo así y siempre se mantendría el riesgo de que uno se lo saltara y gozara así de más recursos, sabiendo que la ley garantiza el cobro de las subvenciones. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, admitió en rueda de prensa reciente que la situación es justo esa y está científicamente estudiada: se llama teoría de juegos.