La Comisión Europea decide prologar las medidas excepcionales implantadas desde 2014 por el veto de Rusia a las importaciones de frutas, hortalizas, carne, pescado y productos lácteos de la Unión Europea, EE UU, Australia, Canadá y Noruega por su implicación en el conflicto con Ucrania. España se encuentra entre los países más afectados por el bloqueo, sólo por detrás de Polonia.

El veto ruso a las importaciones occidentales es una muestra más de que las tensiones geopolíticas siempre acaban afectando a los más inocentes; en este caso son los productores de materias primas los que llevan dos años ante las puertas cerradas de un mercado estratégico para la exportación.

Hace casi dos años desde que Rusia decidió prohibir la compra de productos agrícolas y ganaderos con denominación de origen en la UE, EE UU, Australia, Canadá y Noruega, concretamente desde agosto de 2014. El veto ruso surgió como respuesta a las sanciones económicas impuestas por las instituciones europeas y estadounidenses a varios bancos y empresas eslavas ante la postura inmovilista de Vladimir Putin en el conflicto ucraniano.

A día de hoy, el conflicto continúa abierto y cada vez son menos los que confían en una solución pacífica a corto plazo. Entre ellos la Comisión Europea, que ha decidido alargar un año más las medidas excepcionales de apoyo a los productores, que tenían el 30 de junio como fecha límite.

Sin embargo, el organismo también considera que los países ya han tenido tiempo suficiente para adaptar sus exportaciones a esta nueva realidad y propone una reducción en el volumen de las ayudas en relación con las actuales.

España es el segundo país europeo más afectado por este veto, sólo por detrás de Polonia. Las peticiones del mercado nacional van orientadas al aumento de los cupos en las regiones que más dependían del consumo eslavo y la introducción de productos como el caqui, que ya está listado, o la granada entre los subvencionados.

Urgencia en el Mediterráneo

Otro frente abierto para la Comisión y que también toca de cerca a España es la pesca abusiva en las aguas del Mediterráneo. Según el organismo; el 93% de las especies marinas se encuentran sobreexplotadas, algo que llevan años notando los pescadores y los científicos especialistas en la zona.

Se calcula que en estas aguas pueden vivir entre 10.000 y 12.000 especies marinas diferentes. Sin embargo, la UE advierte de que esta biodiversidad está “en grave peligro” debido a la contaminación, el cambio climático y, sobre todo, la pesca abusiva, lo que a medio plazo podría causar un “daño irreparable”.

Las medidas adoptadas se han quedado obsoletas, el último paso en esta dirección fue el acuerdo de Venecia de 2003 en el que los países miembros se comprometían a mejorar la investigación, proteger las áreas más sensibles y limitar las cuotas de pesca.

Ahora, la Comisión ha puesto en marcha una nueva estrategia para el Mediterráneo que inició ayer su andadura con la primera conferencia ministerial en esta materia, a la que asistió Andrés Hermida, secretario general de Agricultura y Alimentación.