La Sareb, sociedad que se quedó con los activos inmobiliarios de la reestructuración bancaria, comenzó a finales de 2013 a ceder algunas de sus propiedades a las comunidades autónomas para que las convirtieran de manera temporal en viviendas sociales. Tres años después, unas 2.200 casas todavía están pendientes de la burocracia regional.

En un par de años la Sareb decidió duplicar el total de viviendas disponibles para usos sociales, de 2.000 a 4.000. A día de hoy 1.805 pisos ya han sido cedidos a las autonomías; el resto duerme el sueño de los justos.

Según los datos facilitados por la sociedad, la comunidad autónoma en la que más unidades se han cedido ha sido Cataluña, con 900 viviendas.

A este número hay que añadirle 200 más que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) puso a disposición del Ayuntamiento de Barcelona, ya que la entidad también ha extendido el programa de colaboración a los grandes municipios de España. Fruto de esta cooperación con las mayores corporaciones locales de España también se cedieron 300 viviendas al Ayuntamiento de Madrid.

De las 4.000 propiedades que la Sareb quiere ceder para usos sociales tan sólo 1.800 se han convertido en viviendas sociales

Hay otras 7 regiones con pisos de la Sareb transformados de manera temporal en viviendas sociales: Castilla y León (100 unidades), Aragón (80), Baleares (75), Canarias (50), Galicia (50), Cantabria (40) y País Vasco (10).

Además, las fuentes de la sociedad consultadas han adelantado que están muy avanzadas las negociaciones para la firma de convenios con Andalucía y Extremadura, donde se dejarían 400 y 45 unidades para uso social. Desde la Sareb han precisado que están manteniendo conversaciones con todas las comunidades autónomas y que se están concretando las cifras finales para los núcleos de Córdoba y Hospitalet de Llobregat.

Razones para las diferencias

El hecho de que en mayo del año pasado variase la composición de la mayoría de los parlamentos autonómicos ha ralentizado muchas decisiones y la disparidad en la composición de los Ejecutivos autonómicos ha influido en la diversidad de casos.

Algunos gobiernos han sido más sensibles que otros a los problemas de vivienda. Por ejemplo, en una de las comunidades autónomas con más pisos cedidos, Aragón, el PSOE gobierna con el apoyo de Podemos, una formación con una extensa agenda de políticas sociales.

Lo mismo sucede a nivel municipal, con algunos consistorios especialmente activos en materias de vivienda social. Es el caso de Madrid y Barcelona, ambos bajo el signo de la formación morada, que han sido los primeros en colaborar con la Sareb.

Esta empresa -participada en un 45% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- no está obligada por ley a destinar parte de su cartera de pisos vacíos a usos sociales. No obstante, la Sareb ha manifestado su interés en “atender, en la medida de lo posible, los casos más urgentes o de emergencia social”.

La Sareb tiene el mandato de liquidar sus activos en un periodo de 15 años

Entre los afectados por los desahucios no faltan ganas para que las 4.000 unidades comprometidas por la Sareb se acaben convirtiendo en viviendas sociales. Algunos de ellos, de hecho, ya se pusieron manos a la obra hace tiempo y okuparon pisos del llamado “banco malo”.

Uno de esos ejemplos es el de un bloque en el municipio gerundense de Salt, donde se instalaron 12 familias hace un año. Las 45 personas que habitaban en ese inmueble, propiedad de la Sareb, han acabado por salir de las viviendas tras aceptar varios alquileres sociales alternativos.

Las fuentes de la Sareb consultadas han recordado que la empresa tiene el mandato de liquidar sus activos en un plazo de 15 años desde su fundación, por lo que tiene que ir poniendo en el mercado los inmuebles. No obstante, desde la compañía han indicado que ofrecen alternativas habitacionales si los desahucios de los okupas pueden dar lugar a “casos de vulnerabilidad”.

Por otro lado también se contempla la posibilidad de que parte de los destinatarios de las viviendas sociales sean personas que las están okupando de manera irregular, una medida que ha generado división en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Foto: Flickr – srgpicker