El supervisor calcula el impacto económico de las restricciones que incluye el nuevo Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobado por el Gobierno en noviembre, y contra la que el organismo ya ha activado el proceso de impugnación ante los tribunales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cumplió su amenaza y hace dos semanas confirmó la presentación de una demanda contra el Ministerio de Fomento por la normativa que regula la actividad de empresas como Cabify o Uber, y que blinda al sector del taxi ante la aparición de esta nueva competencia.

Tras sendos requerimientos al Consejo de Ministros solicitando la modificación del decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) y de la orden ministerial de Fomento que desarrolla algunos de sus aspectos, y sin obtener ningún resultado, la CNMC ha acabado por llevar a los tribunales al Ejecutivo y ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo.

Una ‘factura’ de 300 M por menos actividad económica

El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que la nueva regulación del negocio de vehículos con conductor (VTC) incluye restricciones a la competencia que “carecen de justificación y son claramente perjudiciales para la sociedad”, y que lo hacen sin incluir una justificación económica que las avale.

Y, de hecho, la CNMC no sólo no encuentra una justificación económica a las restricciones aprobadas, sino que muy al contrario detecta un duro impacto económico que se deriva de estas limitaciones. El organismo calcula que las restricciones recogidas en la nueva normativa conllevaría un recorte de la actividad económica en España de unos 300 millones de euros cada año, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras de las estimaciones del supervisor.

La CNMC ha decidido impugnar ambas normas –el real decreto y la orden ministerial- para remover precisamente aspectos que frenan que haya más actividad económica y que impiden competir directamente con el taxi. Entre esas restricciones se encontrarían los límites al número de licencias VTC (que se fija en función de una ratio de un permiso VTC por cada 30 licencias de taxi), la obligación de que se contrate previamente el servicio y la prohibición de recoger pasajeros directamente en la calle.

Y el organismo también recurre las normas por las restricciones geográficas a la prestación del servicio, y por los requisitos que se imponen a las empresas que quieren operar el servicio, como tener un número mínimo de vehículos o con una determinada antigüedad. “Restricciones innecesarias y discriminatorias“, sostienía la CNMC en un comunicado. “Estas barreras carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general”, sentenciaba.

Con el taxi en pie de guerra

La advertencia de la CNMC de que impugnaría el nuevo reglamento impulsado por Fomento ya puso en pie de guerra al sector del taxi, que ve en la proliferación de las empresas de VTC una amenaza directa para su actividad. Los taxistas incluso llegaron a convocar el pasado febrero una manifestación que les llevó hasta las puertas de la sede del supervisor en Madrid. En paralelo, también se ha producido una guerra entre los consejeros de la CNMC a cuenta de cómo regular la economía colaborativa y que enfrenta al presidente, José María Marín Quemada, con parte del pleno.

La batalla legal entre Competencia y el Ejecutivo coincide, además, con el regreso de Uber al mercado español. La plataforma tecnológica inauguró el mes pasado en Madrid su servicio de conductores profesionales (uberX). Y lo hacía después de algo más de un año en el dique seco en España, ya que a finales de 2014 un juez ordenó la suspensión cautelar del servicio de taxis alternativos de conductores particulares (UberPOP), precisamente por la denuncia de una de las patronales del taxi.