La patronal defiende el funcionamiento de los convenios y aboga por una “flexibilidad total” de la ley en la que se eliminen definitivamente los “mínimos”. Por su parte, el sindicato denuncia la “unilateralidad” de estas negociaciones, que han dejado fuera a la inmensa mayoría de los agentes sociales y que se realizan sin ninguna seguridad jurídica para terceros.

Lo que comenzó como un foro sobre legislación laboral terminó por convertirse en un cruce de reproches entre patronal y sindicatos, y eso que no hubo un debate directo entre los ponentes. Dentro del marco de la última reforma laboral, el tema que dio mayor juego fue el de las negociaciones colectivas, que incluye a ambos como actores principales del tablero empresarial español.

Por un lado, la CEOE defiende la flexibilización total del mercado, es decir, que las empresas, como principal fuente generadora del empleo, adquieran todo el protagonismo en las negociaciones.

“La reforma laboral debe garantizar que en los acuerdos la autogestión sea lo que más prime, es decir, que se adapten a las realidades de cada empresa. Si vamos a hacer casi cualquier cosa para crear empleo debemos dar a las empresas casi cualquier herramienta para conseguirlo. La ley no crea empleos, son las empresas, en lugar de pedir y presionar a los empresarios deberíamos ayudarlos. Las empresas deben tener pleno poder sobre las normas, que en España deberían ser menos y estar mejor hechas”, señalaba Jordi García Viña, responsable de relaciones laborales en la patronal, durante su intervención en el foro organizado por Deloitte.

Desde CCOO sostienen todo lo contrario, en primer lugar denuncian la “ruptura del equilibrio” en estas conversaciones y advierten del riesgo de crear unas condiciones laborales “a espaldas de la sociedad”. Además, desde el sindicato señalan que desde la entrada en vigor de la reforma de 2012 la autoridad laboral se ha desentendido de sus obligaciones, dejando en manos de la jurisprudencia la única vía de seguridad para los empleados.

“La reforma laboral ya se presentó desde la unilateralidad, sin contar con los agentes sociales ni con el resto de fuerzas del Parlamento, como un recetario impuesto. Esta normativa rompe el equilibrio en las negociaciones colectivas al considerarlo un elemento distorsionado de la competitividad. Así, permite a los empresarios eludir la tutela judicial casi en cualquier contexto, incluidos los despidos, lo que deja totalmente desprotegidos los intereses de terceros. El nuevo sistema prioriza los convenios empresariales por encima de los sectoriales, permitiendo a las empresas imponer una serie de reglas a su medida con total libertad en materias como estructura salarial”, respondía Francisco Gualda Alcalá, responsable del gabinete de estudios jurídicos del sindicato.

Según el punto de vista de la patronal, el modelo español tiene pendientes algunas mejoras pero en términos generales funciona, siguiendo el ejemplo de nuestros vecino europeos en materia laboral. Con la flexibilización de las jornadas y de la gestión se espera que las normas se adapten mejor a las “realidades del mercado” y que las cosas comiencen a hacerse en función de la demanda. “Hay que eliminar los límites y que todo quede sujeto a los acuerdos, confiar en los negociadores”, añadía el representante de la CEOE.

La otra cara de la moneda es la que expone CCOO, un clima de “tensión y contradicción” que ha roto el sistema de negociación y gestión laboral. “Estas medidas no responden ni a la competitividad ni a la creación de empleo”, defendía el responsable del sindicato.

Otro punto de conflicto ha sido la percepción de la temporalidad de los contratos en nuestro país. Mientras que la patronal de empresarios sostiene que no es algo “necesariamente negativo” y que responde a las necesidades de las empresas en un momento concreto, los representantes de los trabajadores exigen al Gobierno que obligue a las empresas a presentar “causas objetivas” por las cuales los contratos no se hacen indefinidos.

“La ley no debe premiar las prácticas fraudulentas en la contratación temporal. Es necesario que las empresas argumenten cuál es la causa objetiva de esa temporalidad para no darles una ventaja competitiva en detrimento de los derechos de los trabajadores”, añadía Francisco Gualda durante su intervención.

Pocas perspectivas de acuerdo

A pesar de las posturas enfrentadas en materia de negociación e intervención de la autoridad laboral, si en algo se han puesto de acuerdo ambos organismo es en que las reformas deben continuar para que haya más empleo.

“En los últimos 20 años hemos visto muy pocos cambios en materia laboral. Además, los mecanismo para crear empleo son bastante ineficientes en términos de coste-efectividad. Aunque estamos creando más empleo que el resto de países todavía existen cuatro millones de parados y muchos de ellos de larga duración. El desempleo juvenil es otro de los grandes problemas que viene de atrás. Si todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido habrá que adoptar nuevas medidas”, explicaba Jordi García Viña.

Desde CCOO obreras ven como única solución la “derogación de la actual reforma” y proponen complementariamente una modificación de la Constitución que permita a España “evolucionar y salir del sistema de mínimos”.