El actual bono social, única (e ineficaz) herramienta contra la pobreza energética a nivel estatal en España, contempla un descuento del 25% de la factura de la luz y parte de los hogares que lo reciben no sufren ningún problema de vulnerabilidad. Tras años de críticas desde diferentes ámbitos, ahora una gran eléctrica también reclama cambiarlo. Los planes pasarían por implicar en la gestión del nuevo bono y de un fondo específico a la CNMC.

En España no se ha desarrollado una política específica de lucha contra la pobreza energética. Ayuntamientos y comunidades autónomas han adoptado medidas parciales para intentar contener el problema de los hogares que no pueden afrontar el gasto imprescindible en luz y gas. Una grave situación que se ha ido agudizando durante los años de crisis.

Mientras que en Reino Unido o Francia se desarrollan desde hace décadas políticas integrales, en España los consumidores vulnerables tienen como único instrumento al que agarrarse el denominado bono social, una tarifa con descuento para determinados colectivos y que se aplica sólo al recibo de la luz, no al del gas. Y que, además, está articulada de tal manera que no resulta efectiva para combatir la pobreza energética.

La propuesta de la eléctrica se articularía a través de un nuevo bono sólo en función de la renta familiar y de un nuevo fondo específico contra la pobreza energética

El bono social contempla actualmente un rebaja del 25% en relación a la tarifa que utilizan la mayoría de clientes españoles (hasta hace dos años, en lugar de un descuento, la tarifa social contemplaba la congelación del precio eléctrico al nivel de 2009, manteniéndose ajena a las continuas subidas de precio). Sin embargo, el verdadero problema es que algunos de los criterios que permiten a determinados clientes acogerse a esta tarifa social poco tienen que ver con situaciones de pobreza energética, o al menos no están vinculados necesariamente.

Al bono social pueden acogerse todos los usuarios que tengan contratada una potencia inferior a los 3 kilowatios (por ejemplo, segundas residencias) y también todas las familias numerosas (con independencia de su situación económica). Los dos aspectos sí vinculados con problemas de ingresos que dan acceso al bono social son percibir pensiones mínimas y acreditar que en la unidad familiar todos sus miembros están en paro.

Endesa pide cambios

Durante la última legislatura, el Gobierno del PP ha rechazado varias iniciativas -o siquiera propuestas procedentes de ayuntamientos o gobiernos autonómicos– de cara a reformar el bono social y hacerlo más eficaz. El Ministerio de Industria comandado por José Manuel Soria ha desoído las críticas contra el hecho de que gran parte de los 180 millones de euros  del que estaba dotado el bono social –y que ahora financian las propias eléctricas- estaba yendo a parar a familias sin ningún problema económico.

Y ahora es una de las grandes eléctricas, Endesa, la que también se une a las filas de los críticos contra la dudosa eficacia del programa y propone su reforma para que las ayudas se repartan exclusivamente por criterios de renta de los hogares. El presidente de la eléctrica, Borja Prado, y su consejero delegado, José Bogas, han cargado durante la junta de accionistas de la compañía contra el diseño del programa actual y han reclamado un nuevo bono social.

La propuesta de Endesa pasa por que la renta familiar sea el único criterio para repartir las ayudas de ese nuevo social, y que en el caso de los hogares más vulnerables -identificados como tal por los servicios sociales de los Ayuntamientos- el descuento alcance el 100% del recibo y que se abone la factura a través de un nuevo fondo específico para este tipo de situaciones.

Implicar a la CNMC

Endesa no ha facilitado muchos detalles sobre el nuevo esquema de ayudas que ha diseñado. Pero fuentes que han tenido acceso a la propuesta completa explican a SABEMOS que el nuevo mecanismo se articularía a través de un bono social similar al actual que concedería descuentos sólo en función de la renta familiar y un fondo específico para combatir los casos concretos de pobreza energética que podría estar directamente gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). De hecho, según fuentes del mercado, la propuesta ya estaría siendo estudiado por el propio regulador.

El nuevo fondo contra los casos de pobreza energética podría estar gestionado por la propia CNMC

Los directivos de Endesa no precisaron tampoco en sus intervenciones en la junta de acciones cuál sería la mejor manera de financiar el nuevo mecanismo, y se limitaron a apuntar que deberían participar ‘todos’. Actualmente, son las grandes eléctricas las que financian la práctica totalidad del bono social. El nuevo mecanismo diseñado por Endesa se financiaría en principio a través de la factura de la luz (ahora lo pagan las eléctricas… pero de manera indirecta acaba en la factura, eso sí).

En paralelo, Endesa también ve necesario para apuntalar la lucha contra la pobreza energética que una parte del Fondo de Eficiencia Energética del Gobierno, dotado con 200 millones de euros, esté destinado a realizar específicamente reformas para el aislamiento térmico de las viviendas de las familias que sufren pobreza energética.

Los intentos (fallidos) de vincular el bono a la renta

La legislación que regula el bono social, de 2009, ya establecía que se debía fijar un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar, pero este aspecto no lo ha llegado a desarrollar ningún Gobierno.  De hecho, el Partido Popular rechazó con su mayoría absoluta en los últimos años dos intentos de la oposición en este sentido.

E incluso un borrador de la propia Secretaría de Estado de Energía contemplaba fijar un umbral máximo de ingresos y vincular el bono social a la renta familiar. Pero el Gobierno acabó por aparcarlo y quedó así pendiente la única medida directa contra la pobreza energética que (por fin) se iba a contemplar en la legislación estatal.

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