Los informes confidenciales que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha tenido que difundir esta semana sobre el proyecto del almacén nuclear de Villar de Cañas recogen decenas de advertencias de sus expertos técnicos y de una consultora externa sobre la mala calidad de los terrenos y sobre los estudios insuficientes presentados por Enresa –la empresa pública titular del proyecto- para solicitar los primeros permisos.

Los documentos –que el CSN ha tenido que difundir a instancias del Consejo de Transparencia– son los que utilizó el organismo para determinar su posición sobre la autorización de emplazamiento al proyecto del cementerio nuclear [ver aquí todos los informes]. A pesar de todas las dudas expresadas por los técnicos, el pleno del CSN aprobó el 27 de julio el informe en que se mostraba favorable a la autorización de emplazamiento silo, lo que en la práctica supone ratificar la idoneidad de la ubicación elegida para albergar la instalación.

Sin embargo, el visto bueno del CSN incluía condiciones. Y es que en el propio informe aprobado entonces por el organismo ya se recogían las dudas de su cuerpo técnico sobre la calidad de los suelos y se emplazaba a Enresa a hacer nuevos estudios para completar la deficiente información recabada hasta entonces como condición previa a conseguir las siguientes autorizaciones que requiere el proyecto.

Adelantar el proceso dividiéndolo

El CSN aprobó sólo la autorización previa (o autorización de emplazamiento), que en la práctica supone dar por buena la ubicación elegida. Ahora el Consejo de Seguridad Nuclear trabaja en la concesión de la autorización de construcción de la instalación. Enresa solicitó conjuntamente las dos autorizaciones, pero la cúpula del CSN –con la única oposición de la consejera Cristina Narbona– decidió fraccionar el proceso y adelantar el visto bueno a la autorización del emplazamiento sin esperar a los estudios más detallados.

En enero de 2014, Enresa presentó simultáneamente al Ministerio de Industria la solicitud de las autorizaciones de emplazamiento y de construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de basura nuclear. Simultáneamente. Y el Ministerio de Industria dio traslado al CSN de ambas solicitudes, también simultáneamente, para que emitiera sus informes preceptivos al respecto.

El CSN, sin embargo, finalmente tramitó ambas solicitudes por separado. Ha adelantado las evaluaciones para poder aprobar anticipadamente la autorización de emplazamiento (la que concedió el pasado 27 de julio) y se ha dado más tiempo para estudiar la autorización de construcción. De hecho, esta última, que es mucho más exigente en cuanto a los estudios y la información que requiere, probablemente no pueda aprobarse hasta bien entrado 2016.

Nadie se hace directamente responsable de la decisión de tramitar ambas autorizaciones por separado y de adelantar aprobación de autorización previa. Pero desde el propio Gobierno y desde Enresa se señala al CSN como el organismo que determina cómo tramitarlas y con qué plazos.

Hasta tres fuentes internas del CSN –no oficiales- apuntan que el objetivo de separar ambas autorizaciones –a pesar de las dudas que se recogen en los informes ahora hechos públicos y sin esperar a tener más información- era impulsar el proyecto del ATC e ir quemando etapas, a pesar de las críticas por las prisas desde partidos políticos y organizaciones ecologistas. E incluso estas fuentes interpretan que con el acelerón que se dio–con tres reuniones del pleno en una semana– la dirección buscaba dar el visto bueno a la autorización de emplazamiento antes de agosto y que la polémica se difuminara con las vacaciones.

Decenas de advertencias en los informes

Cuando el pleno del CSN –el órgano colegiado de cinco miembros que toma las decisiones del supervisor- aprobó por mayoría informar favorablemente de la autorización de emplazamiento conocía las dudas y la necesidad de información adicional de las que se alertaba con insistencia en los documentos difundidos esta semana (cuatro de los propios técnicos del CSN y otros dos externos).

Los informes de la consultora URS y los elaborados por el cuerpo técnico del supervisor nuclear –todos fechados entre dos y tres semanas antes del informe favorable del CSN- alertan de “incertidumbres” sobre la geología del suelo por los estudios insuficientes de Enresa, de la posibilidad de que se disuelvan algunos materiales (yesos) del terreno al contacto con el agua provocando oquedades, y de que no puede descartarse por completo el riesgo de movimientos sísmicos en la zona. En otro de los informes se recoge una amplia lista de estudios adicionales que se exigirán a Enresa para continuar en el proceso.

Dudas en el origen

De hecho, en uno de los informes del cuerpo técnico del CSN incluso se llega a subrayar que en el propio proceso que sirvió para seleccionar una parcela concreta del municipio de Villar de Cañas para ubicar el ATC, la documentación de Enresa no explica qué análisis se realizaron para determinar qué terrenos eran idóneos y se apunta que los estudios realizados entonces se limitaron a unos sondeos sin analizar la posibilidad de oquedades y expansividad del terreno.

Las características geológicas no han sido vinculantes en el proceso de selección del municipio de Villar de Cañas como emplazamiento del ATC, y tampoco lo han sido en el proceso seguido por Enresa para elegir finalmente Las Balanzas de entre las tres parcelas ofrecidas por el municipio”, advierten los técnicos.

A pesar de las dudas, el CSN dio su visto bueno al emplazamiento. Y ahora trabaja en el siguiente paso para impulsar el proyecto: las labores para aprobar a mediados de este año el informe favorable a la autorización de construcción de las instalaciones. Y ello a pesar de que el Gobierno aún no ha aprobado formalmente la autorización previa de emplazamiento  y a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha ha bloqueado legalmente el proyecto ampliando una zona de protección ambiental hasta las parcelas en que se ubicará el ATC.

 

QUEJAS POR INCLUIR HOJAS TACHADAS

Fue la ONG Transparencia Internacional la que solicitó que se hiciera información adicional sobre el proceso de autorización del proyecto del cementerio nuclear. Y ante las dilaciones y negativas del CSN, la organización presentó una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que forzó al supervisor nuclear a hacer pública parte de la documentación solicitada.

Cuando esta semana el CSN acabo difundiendo los informes, incluyó no sólo los dos a los que le obligaba el CTBG, sino también otros cuatro informes más no solicitados. Desde Transparencia Internacional (TI) se apunta que los documentos adicionales sirven no sólo para complementar la información, también busca “contrarrestar en alguna medida las opiniones desfavorables recogidas en los informes solicitados”.

Y TI también se queja de que en varios de los informes el CSN haya tachado más de un veintena de páginas antes de entregarlos. En las páginas ocultas en dos los documentos se recogían precisamente el listado de informes de Enresa y otras entidades que se habían utilizado para hacer la valoración de la idoneidad de los terrenos en que se ubicará el almacén nuclear.