Una semana después de que salieran a la luz los polémicos documentos la Comisión ha puesto en marcha una Directiva encaminada a combatir la elusión del impuesto de sociedades en Europa. Dicha norma obliga a las multinacionales que operen en el mercado común a publicar anualmente cuánto pagan de impuestos y dónde los pagan.

El escándalo de los Papeles de Panamá ha llegado a las más altas esferas a nivel mundial y ha demostrado la ineficiencia en los controles sobre evasión y elusión de impuestos a gran escala. El entramado de sociedades offshore descubierto tras la filtración del bufete Mossack Fonseca supuso un toque de atención para todas las instituciones reguladoras, que conciben el fraude fiscal como un problema de primer nivel.

La primera en pronunciarse y en tomar una decisión firme ha sido la Comisión Europea, que ya ha puesto en marcha una Directiva que obligará a las grandes sociedades a divulgar información sobre el país o países donde generan sus beneficios y posteriormente el lugar donde los tributan. Estas normas se extienden también a todas aquellas compañías extranjeras que sin embargo operan en el mercado común. También se tendrá en cuenta la cifra agregada relativa al total de impuestos pagados fuera de las fronteras europeas.

En principio, la regulación sólo afectará a aquellas multinacionales cuyos ingresos mundiales superen los 750 millones de euros al año. Las pequeñas y medianas empresas quedan excluidas de esta exigencia.

La nueva normativa viene a sustituir a la anterior Directiva 2013/34/UE sobre contabilidad. El objetivo de esta medida es combatir la elusión del impuesto de sociedades en Europa, que supone anualmente una pérdida de entre 50.000 y 70.000 millones de euros.

“Actualmente algunas multinacionales, a través de complejos dispositivos fiscales, pueden llegar a pagar una tercera parte menos de impuestos que las empresas que sólo operan en un país. Nuestra propuesta contribuirá a aumentar la imposición de las empresas y fomentará una competencia más leal entre las compañías, independientemente de su tamaño”, explica el comisario Jonathan Hill.

Se espera que esta nueva obligación anime a los ciudadanos examinar el comportamiento fiscal de las empresas y lograr así que éstas paguen impuestos donde obtienen sus beneficios. Además, permitirá conocer mejor los sistemas tributarios de los Estados miembros y detectar las lagunas y puntos ciegos existentes en las legislaciones.

La información estará disponible durante cinco años e incluirá también detalles relevantes como el volumen de negocio, número de trabajadores, naturaleza de la actividad, etc…

La Directiva será presentada ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE. Tras su aprobación, la norma deberá der adaptada a la legislación de todos los países miembros en un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.

En contra de los paraísos fiscales

La propuesta de la Comisión ataca especialmente a aquellos países “que no aplican las normas internacionales de buena gobernanza en el ámbito fiscal”. Es decir, la Unión Europea está decidida a combatir a los llamados paraísos fiscales donde la falta de transparencia y de regulación tributaria permite a las grandes sociedades evadir millones en impuestos.

Así, el organismo comunitario ya está manos a la obra en la elaboración de un listado actualizado con los lugares que por sus características pueden ser considerados paraísos fiscales. Este documento será por primera vez común para todos los Estados miembros, evitando así casos como el de Panamá, que estaba en la lista negra de la UE pero no en la de España.

“La lucha contra la elusión fiscal es una prioridad fundamental para esta Comisión. La estrecha cooperación entre las autoridades fiscales debe venir acompañada de transparencia pública”, señala Valdis Dombrovskis, responsable del Euro y el Diálogo Social.

Reuniones paralelas

El pasado miércoles decidieron reunirse en la sede de la OCDE de París numerosos funcionarios de alto nivel de administraciones tributarias de todo el mundo para debatir las posibilidades de obtención de datos, cooperación e intercambio de información entre los miembros de la organización.

Tanto los países miembros de la OCDE como los miembros del G20 han acordado que por el momento sea cada administración tributaria la que lleve a cabo el correspondiente seguimiento, en conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias y en el marco de los acuerdos de intercambio de información tributaria que los Gobiernos tienen suscritos entre ellos.