La Unión Europa reforma la legislación sobre el IVA después de veinte años. La brecha fiscal recaudatoria, la adaptación al e-commerce, el impulso a las Pymes y la unificación de criterios son los principales retos a los que se enfrenta el mercado único.

El anterior sistema normativo en torno al IVA se ha quedado obsoleto, es más, se planteó desde el principio como una medida transitoria que se ha alargado en el tiempo. Tras veinte años de vigencia, desde 1993, el modelo ha demostrado con creces su ineficiencia; con una brecha entre los ingresos previstos y lo realmente recaudado de 170.000 millones de euros en 2015.

“Se trata de una enorme pérdida de dinero que podría invertirse en crecimiento y empleo. Ha llegado la hora de recuperar ese dinero”, señala Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, en un informe sobre el problema. El objetivo fundamental es crear un área única respecto a la recaudación del IVA, el impuesto sobre el consumo más importante a nivel europeo. “Sin duda es una de las principales fuentes de ingresos fiscales de los Estados miembros de la UE”, añade el comisario.

El principal problema respecto al impuesto sobre el valor añadido es el de su aplicación al comercio transfronterizo, ya que engloba multitud de puntos ciegos en relación al fraude y recibe un tratamiento distinto al de las operaciones nacionales (dentro del mercado único). La propia Comisión estima que las pérdidas debidas a estas diferencias impositivas en los intercambios podrían ascender a los 50.000 millones de euros.

El Plan de Acción del IVA pone en su punto de mira esta cuestión, y propone 2017 como fecha límite para preparar un espacio europeo único en este sentido.No se trata tanto de imponer unos tipos fijos a todos los estados como de unificar los métodos de recaudación de manera que sea más difícil defraudar a nivel comunitario. “Esta Comisión ya ha propuesto medidas claras para hacer frente a la elusión fiscal de las empresas, y seremos igualmente determinantes en la lucha contra el fraude fiscal”, defiende Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social en el mismo documento.

Como propuesta principal, la Comisión aboga por mantener el principio del país de destino –hasta ahora se tributa según los tipos del país de consumo en el caso de que sea miembro- y extenderlo a las transacciones transfronterizas. Además, se espera desarrollar un sistema en internet a escala comunitaria que garantice un modelo simple de recaudación para las empresas y otro más seguro para los Estados.

Los incentivos a la cooperación entre países miembros y extracomunitarios, el trasvase continuo de información relativa al fraude fiscal y un control exhaustivo del fenómeno a lo largo del tiempo son las líneas generales que guían esta reforma. Con la aplicación de estos cambios se espera recuperar casi un 80% de las pérdidas por evasión.

La entrada en el siglo XXI
El e-commerce ya es una realidad dentro de Europa y la Comisión es consciente de que la modernización es inevitable, por lo que ha puesto fecha tope para finales de este año. El sistema de IVA en el comercio electrónico es actualmente complejo y costoso, tanto las empresas como los Estados miembros encuentran dificultades para garantizar su cumplimiento.Entre las medidas propuestas destaca la extensión del principio del país de destino (One stop shop) a los intercambios digitales. Además, el incremento del control –vía auditorias periódicas- en cada uno de los países y la retiradas de las exenciones a terceros, que en ocasiones generan un desventaja a los propios socios comunitarios al permitir la importación sin IVA fuera de nuestras fronteras.

Otra ambiciosa estrategia es el plan europeo de apoyo al crecimiento de las Pymes en el nuevo contexto digital. El paquete de medidas que se está preparando para 2017 tiene como objetivo favorecer a las pequeñas y medianas empresas a operar en el mercado internacional de forma fácil y con los mínimos costes derivados.

“El diálogo que estamos iniciando es en pos de un sistema de IVA en la UE más sencillo y más impermeable al fraude. La carga administrativa sobre las pequeñas empresas es elevada y la innovación técnica plantea nuevos retos en la recaudación de este impuesto”, añade el vicepresidente de la Comisión.