El diputado venezolano Williams Dávila, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional venezolana, que forma parte de la coalición opositora al Gobierno de Nicolás Maduro, confirmó el envío a España de una delegación que se reunirá con la Policía Nacional.

¿Su objetivo? Recabar datos sobre las nuevas informaciones que apuntan a que la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, habría ingresado durante años más de 7 millones de euros para “crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano”.

En una tertulia en la cadena NTN24, y en la que participaba SABEMOS, Dávila hizo especial hincapié en la posibilidad de que el dinero entregado a CEPS pudiese suponer una malversación de fondos y subrayó que la Asamblea Nacional investigará la situación, hasta el punto de enviar una delegación a España con el fin de reunirse con la Policía Nacional y conseguir información al respecto.

El diputado no dudó en calificar a los responsables de dichos ingresos de “malandros” (delincuentes) y destacó un concepto que en España apenas se ha explorado: Con independencia de la responsabilidad de los dirigentes de Podemos por recibir apoyo del Gobierno chavista con el objetivo de difundir los principios bolivarianos, la acción misma de entregar el dinero podría ser considerada como una forma de “malversación de fondos”, en opinión de Dávila.

Poco antes de su intervención, el diputado tenía problemas para entrar en la Asamblea Nacional, ante la agresión de un grupo de manifestantes que llegaron a lanzar una botella en su dirección.

El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la fundación de la que proviene buena parte de los dirigentes de Podemos -los propios Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, entre otros, dejó de funcionar poco antes de que El Confidencial y ABC se hicieran eco de la noticia que vincula a esta organización con los apoyos por parte de Venezuela, un cese de actividad que se produjo sin dar explicaciones al respecto.

A principios de año, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, confirmaba que la oposición buscarías “hechos irregulares” en el vínculo del Gobierno con Pablo Iglesias.

CEPS, el "Gabinete de la Sombra"

Según Bumerán Chavez, del corresponsal de Vocento Emili Blasco, “la fundación CEPS ejerció de gabinete en la sombra para estudios y estrategia de Chávez”. Recogemos un extraco de esta publicación:

La entidad, constituida en 2002, ganó rápidamente peso tras las primeras asesorías que algunos de sus expertos habían realizado previamente para la reforma constitucional venezolana de 1999. A partir de ahí se convirtió en una consultoría permanente que, junto conocimiento técnico, le aportaba al líder venezolano autonomía respecto a miembros del Gobierno o camarillas que quisieran medrar ganando la oreja del comandante.

Con CEPS, Chávez se aseguraba tener sobre la mesa opciones de expertos externos con los que había comunión ideológica pero que, en principio, no estaban sujetos a los intereses de poder de Venezuela. El tener otras fuentes de asesoramiento le servía también a Chávez para poder modular la influencia cubana. Además, para prevenir que alguien pudiera acaparar poder por acumulación de información, Chávez prefería que ciertos aspectos se centralizaran a siete mil kilómetros de distancia. Los datos desmenuzados del Banco Central de Venezuela, por ejemplo, que no llegaban a gran parte del entorno del presidente, eran enviados en cambio a la ciudad española de Valencia, donde además se preparaban las minutas de viajes oficiales, como las visitas que se hacían Chávez y el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad.

No solo se intervenía desde una sala situacional instalada en Valencia, sino que muchas cuestiones de asesoría política, jurídica, económica, electoral y estratégica eran abordadas en primera instancia por miembros de CEPS destacados en Caracas, que contaban con el apoyo de compañeros desde España. En el momento de su eclosión política en España, la fundación se definía a sí misma como «una organización política no partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos de izquierdas».

Su credo político y económico la situaba en un espacio marginal, de izquierda alternativa, que en España o el resto de Europa quedaba fuera de la corriente central política y social y de los consensos institucionales. En la Latinoamérica del Alba, sin embargo, había encontrado dónde poner en práctica postulados que los países desarrollados desechaban. «Entendemos que el Sistema capitalista ha demostrado ser incapaz de asegurar una vida digna a la mayor parte de la población del planeta y hoy pone en riesgo la propia supervivencia del género humano», decía la presentación de su página web.

CEPS tenía más de trescientos miembros, la mayoría de los cuales compaginaban su actividad académica «con experiencia militante» en organizaciones de la izquierda política y social de España. En los últimos años el presidente de la fundación había sido Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, y el secretario, Iñigo Errejón, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, en la que tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero eran profesores de Ciencia Política.

La fundación había sido presidida previamente por Roberto Viciano y por Rubén Martínez Dalmau, ambos profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, donde también daba clases Fabiola Meco, vicepresidenta y tesorera de la entidad. A pesar de la respetabilidad que inspiraban esos puestos universitarios, en su asesoría al chavismo el grupo no dudó en recomendar prácticas contrarias a los valores democráticos, como la ocultación a la ciudadanía del alcance de la enfermedad del fallecido presidente, o que incluso vulneraban el ordenamiento jurídico, como el uso de escuchas ilegales contra la oposición.