Los datos recientemente conocidos relativos al déficit público del ejercicio 2015 ponen de manifiesto que el esfuerzo impulsado desde el gobierno para controlar el gasto tanto a nivel de la administración pública central como en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos no ha sido suficiente.

Lo que parece evidente es que una parte de la desviación global incurrida corresponde al gasto de la Seguridad Social, algo que ha sido inevitable y que el Gobierno de la nación ha gestionado de modo coherente intentado por todos los medios mantener razonablemente los rangos económicos de las distintas prestaciones. Por su parte, y en líneas generales, los parámetros de gasto de los Ayuntamientos se han comportado de modo razonable tras dos años seguidos de ajuste y reducción del endeudamiento en la media municipal. Y finalmente los datos han vuelto a situar en el ojo del huracàn a las Comunidades Autónomas.

Efectivamente las cifras ponen en evidencia que salvo las excepciones de Galicia y Canarias, junto con las de Navarra y País Vasco gracias a sus especiales regímenes forales, el resto de las Comunidades no han cumplido con sus objetivos de déficit presupuestados para el pasado año. Evidentemente uno de los males endémicos de estas administraciones regionales es la gestión del gasto en sueldos y salarios que en los últimos tres años se ha disparado en prácticamente 3.000 millones de euros. Lo anterior no deja de ser especialmente inquietante teniendo en consideración que en este último trienio seguíamos en recesión económica. Ello no ha sido obstáculo para que los responsables políticos hayan permitido esta desviación, máxime tratándose 2015 de un año electoral. La otra gran partida bajo descontrol ha sido la de gastos generales o gastos corrientes que asimismo se ha disparado sin justificación aparente en determinadas comunidades españolas. Particularmente grave es el caso de Cataluña, que además de acumular una deuda insoportable en el ejercicio 2015 ha seguido disparando su gasto a todos los niveles. Solamente en la partida de personal el año pasado gastó más de 600 millones que el ejercicio precedente.

Es por tanto evidente que existe un problema serio en la gestión de los recursos de nuestras comunidades. Y seguramente también ha podido existir un cierto voluntarismo en la elaboración de los presupuestos de estos entes que se vienen aprobando año tras año a sabiendas de que en buena parte de los casos no se podrían alcanzar los objetivos previstos.

De cualquier forma, antes o después habrà que abordar el tan traído y llevado asunto de la reforma del sistema de financiación autonómica. Ello conllevarà una distribución distinta a la actual de los ingresos públicos entre administraciones pero sin olvidar que lo más importante es ser muy realista a la hora de determinar las necesidades del gasto y la correcta distribución de los fondos asignados e impuestos compartidos. Lo que no tiene sentido y supone un autentico dispendio es que el endeudamiento total de nuestras comunidades autónomas se haya incrementado el pasado año en 45.500 millones de euros. Es un lujo de los muchos que nuestro pais no se puede permitir.