La última sentencia del Alto Tribunal sólo avala aquella parte del expediente a la que se acogieron voluntariamente los trabajadores. La situación en la fábrica de Fuenlabrada es extrema, con los trabajadores parados y entre fuertes medidas de seguridad.

La última sentencia del Tribunal Supremo respecto al ERE de Coca-Cola Iberian Partners ha dado lugar a cierta confusión mediática sobre si se admite o no la validez del despido masivo iniciado por la compañía en 2014. Los sindicatos han querido aclarar que el documento sólo afecta a aquellos trabajadores que se acogieron voluntariamente a un cambio de ubicación mientras se negociaban las condiciones de dicho expediente. Con la sentencia, el Supremo refrenda la postura de la empresa en este caso, sin embargo, Coca-Cola sigue obligada a readmitir a los 821 trabajadores despedidos arbitrariamente.

El litigio en cuestión hace referencia a una serie de condiciones que planteó la empresa durante las negociaciones del ERE por las que los trabajadores podían acogerse voluntariamente a una reubicación. Tras la decisión del Tribunal Supremo de declarar nulo el expediente de regulación en abril de 2015, estos empleados entendieron que se habían vulnerado sus derechos y presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional para invalidar dichas medidas.

Finalmente, el Alto Tribunal ha respaldado que Coca-Cola no cometió irregularidades con aquellos empleados que aceptaron su propuesta. Algo que los representantes de los trabajadores siguen sin compartir, ya que consideran que dichas modificaciones quedaron sin efecto tras la anulación del ERE, por lo que han interpuesto un recurso de casación contra el auto de ejecución de la sentencia.

Fuenlabrada, en tierra de nadie

En la misma línea, los trabajadores que todavía mantienen su empleo en la fábrica del municipio madrileño están viviendo una situación extrema, al no tener ocupación alguna y estar constantemente vigilados por un equipo de seguridad privada. “No hay ninguna inversión en centros logísticos, sólo en vigilancia privada. Hay casi más guardias jurados que trabajadores”, señala Pilar García, representante de CCOO.

Según el sindicato, los trabajadores se dedican actualmente a “abrir productos caducados y vaciar los envases”, en lugar de desempeñar sus funciones habituales. Además, la incorporación de un amplio equipo de vigilancia ha creado una atmósfera de auténtico “acoso psicológico”, denuncian desde CCOO.

Los representantes de los trabajadores se reunirán la próxima semana para valorar si es necesario actuar por la vía legal para poner fin a esta situación. Se preguntan si el objetivo de la multinacional es “minar psicológicamente” e “intimidar” a la plantilla tras el intento de despido.