La intención del Gobierno en funciones es buena, pero la cantidad destinada en acelerar el despliegue en banda ancha parece simbólica: 63 millones de euros. Si atendemos a las cifras de inversión que manejan los operadores de telefonía, cercanas a los 2.000 millones de euros en los próximos años, no parece suficiente.

Esta semana, en SABEMOS, se analizó por qué todos los partidos políticos mienten cuando hablan de banda ancha y fibra. El compromiso de llevar internet de máxima velocidad a todos los lugares de España es una utopía. Más cuando la inversión destinada a ello es de 63 millones y, lo que es más grave, al final termina en manos de los tres grandes operadores.

Por ejemplo, Orange, anunció hace unos meses que su apuesta por el despliegue de fibra óptica llegaría hasta alcanzar un total de 14 millones de unidades inmobiliarias en el año 2020, para lo que incrementará su inversión hasta alcanzar una cifra entre 1.500 y 1.700 millones de euros. Otro ejemplo es el de Telefónica, que también estima que invertirá casi 1.500 millones de euros en los próximos años. Aunque ahora está pendiente de revisión por motivos regulatorios.

En este contexto, el Gobierno concederá en 2016 nuevas ayudas por un importe máximo de 63 millones de euros para acelerar la extensión de la banda ancha ultrarrápida a zonas rurales y sin cobertura prevista. Según informa en un comunicado, el Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la convocatoria de estas ayudas, que pueden ser en forma de subvención o de anticipo FEDER.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, combinan las formas de subvención y anticipos FEDER, para las que se prevé una cuantía máxima de ocho millones de euros y 55 millones de euros, respectivamente. “Es decir, ambas son ayudas a fondo perdido que, además, se abonan anticipadamente. Los proyectos podrán tener una ejecución plurianual”, explica el Ministerio, que añade que los beneficiarios serán personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector privado que ostenten la condición de operador debidamente habilitado.

El ámbito material de esta convocatoria contempla tres líneas de actuación: extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva generación (NGA) de muy alta velocidad (100Mbps o superior), extensión de la cobertura de puntos de acceso al núcleo de la red troncal (backhaul) adecuados para la conexión de redes de acceso de nueva generación de alta velocidad y de muy alta velocidad y extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva generación de alta velocidad (30 Mbps o superior).

Asimismo, recuerda que las tres convocatorias anteriores (2013, 2014 y 2015) han supuesto ayudas a 193 proyectos de 61 operadores, con una inversión inducida de 253,5 millones de euros, que han proporcionado cobertura de banda ancha ultrarrápida a casi dos millones de hogares y empresas en 1.154 municipios y 51 áreas empresariales.