España es uno de los países con un mayor volumen de municipios en relación a su población; actualmente cuenta con 8.000, de los cuales 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes.

La gestión ineficiente por parte de las administraciones es uno de los problemas más discutidos en los debates políticos de las últimas elecciones. Eliminar las diputaciones, reducir el número de ayuntamientos, devolver competencias desde las autonomías… Son muchas las soluciones propuestas por los diferentes partidos, pero realmente, ¿qué permite la Ley en esta materia y qué ejemplos a seguir existen?

El problema del exceso de municipios en España viene de largo, su origen se remonta a la época medieval, cuando el reparto poblacional dependía del aprovechamiento del campo. Actualmente, esta división carece de sentido pero se mantiene por cuestiones sociales e identitarias. Sin embargo, existen municipios casi deshabitados en los que se producen “cuestiones extravagantes” casi cercanas a la comedia. Por ejemplo, pueblos dotados de polideportivos y parques infantiles cuando su media de edad está en los 70 años. El riesgo de estos asentamientos no viene tanto por la prestación de servicios, que está prácticamente garantizada en cualquier país desarrollado, sino más bien en términos de “ineficiencia, que se nota más en época de crisis económica”, asegura Domingo Gómez Orea, vocal del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España.

Un ejemplo de eficacia

“Hay que comenzar un debate interno para hacer ver al vecino que traspasar la frontera de su pueblo no supone ningún socavón en su vida diaria”, señala Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, el municipio más grande de los siete que conforman el mayor “macromunicipio” de España. Este proyecto comenzó como un “plan de eficiencia” para el pueblo; con el objetivo de aprovechar mejor las infraestructuras y la dotación de servicios se aliaron con Sevilla La Nueva, el asentamiento aledaño, y comenzaron a compartir la gestión de los territorios. En vista del éxito de medida, a partir de septiembre de 2015 comenzaron a unirse nuevas poblaciones situadas a una distancia de menos de 20 kilómetros. Quijorna, Villanueva de Perales, Villamantilla, Valdemorillo y Navalagamella conforman esta megalópolis que aúna a más de 40.000 habitantes.

“Se trata de una apuesta definitiva por la participación de la sociedad civil en el futuro político. Nos mueve que el Estado de Bienestar no se vea afectado por la crisis”, añade Gutiérrez. Con este proyecto los habitantes de todos los municipios participantes pueden acceder sin discriminación a los servicios culturales y deportivos a precio de empadronado. Además, la fusión ha generado un aumento del empleo al posibilitarse un mayor número de actividades conjuntas y a menor coste.

El término “macromunicipio” fue acuñado por el propio alcalde de Brunete, según él mismo asegura, que pertenece al Partido Popular. Con esta iniciativa, los territorios pretenden abarcar y “compartir servicios que no son propios” de Ayuntamientos tan pequeños.

No es novedad

La fusión de municipios es una alternativa contemplada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El principal objetivo que persigue esta norma es el de mantener la estabilidad presupuestaria y financiera en todos los niveles de división territorial reconocidos por la Constitución. En este sentido, el documento permite la unión de ayuntamientos siempre que “no se alteren los límites provinciales”, además recoge incentivos para potenciar esta práctica, como preferencia en las subvenciones públicas durante los cinco primeros años. Sin embargo, una vez que se adopta la decisión será efectiva obligatoriamente durante diez años, sin que los pueblos pierdan su naturaleza bajo la figura de la “organización desconcentrada”. Así, los límites entre los asentamientos no desaparecen, pero quedan unidos en una misma personalidad jurídica.

Las ventajas de la reducción del número de municipios son evidentes: el ahorro de costes en el abastecimiento de servicios, un menor número de cargos electos y sueldos públicos, la desaparición de las duplicidades con el sector privado, etc… Por ejemplo, si varios pueblos se unen de cara a contratar una prestación pública, pueden beneficiarse de las ventajas de las economías de escala y acceder a “macrocontratos” de luz o de basuras mucho más eficientes.