La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentaron una denuncia el pasado junio por la arbitrariedad y la falta de justificación técnica en el recorte de la retribución a las energías verdes.

El fiscal no ve prevaricación. La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación que practicaba tras la denuncia presentada el pasado junio por la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) por presuntas irregularidades en el diseño y tramitación de la orden del Ministerio de Industria que sirvió para aplicar el cambio de modelo de retribución a las renovables y un fuerte recorte a las ayudas que perciben las energías verdes.

Ambas organizaciones instaron al fiscal a investigar si había habido prevaricación en la actuación del Ministerio de Industria –y en concreto en la del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal- por la “arbitrariedad y falta de respaldo técnico” para fijar los criterios que sirvieron para ejecutar el hachazo a las renovables. Como parte de su reforma eléctrica, el Gobierno aprobó en 2014 la orden ministerial que desarrollaba una nueva modalidad de retribución a las renovables y la cogeneración, y que en la práctica suponía un recorte de unos 3.000 millones al año en las subvenciones.

El nuevo modelo ponía fin al anterior sistema de primas por generación e instauraba una nueva modalidad que garantizaba una rentabilidad razonable en función de las inversiones realizadas para levantar las instalaciones de generación. La complejidad de los cálculos para establecer esa rentabilidad a las miles y miles de instalaciones en funcionamiento en España llevo al Gobierno a encargar por 595.000 euros dos informes a sendas consultoras internacionales, que debían aportar criterios técnicos objetivos para avalar los nuevos parámetros retributivos que quería aplicar Industria.

Sin embargo, el Ministerio de Industria no contó con esos informes para elaborar la nueva normativa. Una de las consultoras no llegó a entregar el informe y se le rescindió el contrato, y la otra lo entregó con posterioridad (varios meses después, de hecho) a la publicación de la orden ministerial. La Fiscalía ​justifica la no disposición de los informes en el momento de aprobación de la normativa en que en realidad “su verdadera función era la asistencia técnica en procedimientos judiciales y/o arbitrales en los que sea parte la Administración General del Estado”.

“Pese a la decepción que ha supuesto el archivo de la denuncia”, dice Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables, “creemos que las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía demuestran la solidez de los argumentos expuestos en nuestra denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el Ministerio de Industria sobre esta importante normativa”. La Fundación Renovables recuerda que aún hay que esperar a los dictámenes de la Comisión Europea y, en su caso, del Tribunal de Justicia de la UE, sobre este asunto, que ha sido denunciado por otras vías distintas a la penal.