El Consejo de Transparencia obliga al regulador a atender la petición de la ONG Transparencia Internacional y le da dos semanas para que entregue varios informes hasta ahora no accesibles y en los que se alertan de las dudas sobre la calidad de los terrenos elegidos en Villar de Cañas para instalar el almacén de basura nuclear.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudia actualmente dos proyectos tan polémicos como delicados. Por un lado, la petición de reapertura de la central de Santa María de Garoña, la más vieja de Europa, hasta que cumpla los 60 años. Y, por otro, el proceso para dar el visto bueno a la autorización de construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca. Y en ambos casos, los expedientes están recibiendo un tratamiento particular por parte del supervisor.

El CSN ha impuesto el secretismo en ambos casos. El organismo encargado de velar por la seguridad nuclear del país aplica un cerrojo informativo a parte de los documentos de ambos expedientes. Un cerrojo que afecta tanto al propio personal técnico del CSN, habiendo restringido el acceso informático a los informes, como a las organizaciones externas que tratan de obtener información sobre los procesos de evaluación.

El Consejo de Transparencia ordena al CSN entregar antes de dos semanas los informes de expertos en que se alerta de que el terreno elegido para instalar el almacén no es adecuado

Es el caso de la ONG Transparencia Internacional (TI), que el año pasado hizo una petición formal de información adicional a la cúpula del CSN, en la que solicitaba que se le facilitara todos los informes en que se recogen advertencias de los expertos sobre la mala calidad de los terrenos elegidos en Villar de Cañas para instalar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos Y es que existen, como mínimo, serias dudas sobre la idoneidad del suelo y la posibilidad de que su composición –de yesos y arcillas- pueda provocar la aparición de agujeros en las proximidades del cementerio nuclear. Y, con ello, se pone en cuestión la seguridad misma del proyecto.

Transparencia Internacional-España solicitó un completo listado de documentos sobre el proceso de autorización del silo nuclear. Entre ellos, la ONG reclamó los informes geotécnicos encargados ya en 2012 por Enresa –la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- para determinar la seguridad de los terrenos y en los que presuntamente se advertía de la falta de idoneidad del suelo por su composición. Y TI también solicitó que se le entregara el estudio de la consultora estadounidense URS, éste encargado por el propio CSN, en que también se alertaba de que el emplazamiento era inadecuado.

La respuesta del CSN a la petición de Transparencia Internacional fue, en el mejor de los casos, incompleta, remitiéndose a la información pública recogida en su web. Pero en esa documentación pública nunca han figurado los informes más comprometedores reclamados por TI-España. Ante la negativa del supervisor, la ONG denunció al CSN ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las administraciones.

El suelo en que se construrirá el ATC está compuesto por yesos solubles, lo que podría provocar la aparición de agujeros al contacto con el agua

Ahora el Consejo de Transparencia, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pero orgánicamente independiente, ha emitido una resolución en la que obliga al CSN a facilitar parte la información reclamada y le da un plazo máximo de quince días para hacer llegar los informes a TI, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras del expediente. Una resolución que permitirá hacer públicos los documentos que el CSN ha mantenido ocultos, en algunos casos, durante varios años.

Sin embargo, el Consejo de Transparencia no atiende todas las peticiones presentadas por TI-España, y desestima la reclamación referente a al menos otros cuatro informes solicitados.

Al Consejo de Seguridad Nuclear aún le queda una oportunidad de postergar la entrega de los informes si presenta un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia. Fuentes oficiales del CSN consultadas por SABEMOS han preferido no aclarar si el organismo recurrirá la decisión.

El Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el 27 de julio su informe favorable a la autorización de emplazamiento del almacén nuclear de Villar de Cañas, lo que en la práctica supone ratificar la idoneidad de la ubicación elegida para albergar la instalación. Sin embargo, incluso en el propio informe aprobado por el organismo se recogían las dudas de su cuerpo técnico sobre la calidad de los suelos y se emplazaba a hacer nuevos estudios en las próximas fases del proceso. Ahora el organismo avanza en los trabajos para dar el visto bueno a la autorización de construcción del cementerio nuclear, el siguiente paso en el proceso de licenciamiento del polémico proyecto.

 

EL PLENO DEL CSN, siete MESES ESPERANDO INFORMACIÓN
No sólo las organizaciones sociales encuentran dificultades para acceder a información sobre expedientes del supervisor del sector nuclear. Los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear –el órgano colegiado encargado de tomar las decisiones del organismo- aún están a la espera de recibir el documento que el área de geólogos del organismo elaboró, por iniciativa propia, para alertar de las “características desfavorables” de los terrenos elegidos para construir el almacén de residuos radioactivos en Villar de Cañas. Aún están a la espera… desde hace más de siete meses.

Los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del CSN redactaron una “nota informativa” en la que expresaban sus dudas en torno a la calidad de los suelos de la parcela y avisaba de que probablemente no se habían valorado correctamente los sobrecostes que conllevaría la construcción en esa ubicación para garantizar su seguridad. El director técnico de Seguridad Nuclear del organismo, Antonio Munuera, decidió no incluir la nota informativa de los geólogos en el informe definitivo que sirvió para que el CSN informara favorablemente para la concesión de la autorización previa del cementerio nuclear.

El documento con las dudas técnicas no sólo no se incluyó en el informe, sino que tampoco se informó de su existencia a los cinco miembros del pleno del CSN (el órgano que de forma colegiada adopta las decisiones sobre seguridad nuclear del centro). Sin embargo, el diario El País desveló la existencia de la nota informativa y una de las consejeras, la exministra Cristina Narbona, mostró su malestar en la reunión del pleno del 29 de julio por no haber tenido conocimiento de la nota ni acceso a su contenido.

Según se recoge en el acta de ese pleno de finales de julio, el presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, solicitó entonces al director técnico Munuera que “documente pormenorizadamente las circunstancias y el contenido de la nota, para que quede la debida constancia y que sea aportada al pleno por la secretaria en una próxima reunión”. Sin embargo, más de siete meses después los miembros del pleno siguen sin tener acceso al documento porque la dirección técnica no ha elevado la nota informativa al pleno, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras del proceso.

En la nota informativa, los geólogos de CITI alertaban de las “características desfavorables” del emplazamiento elegido para construir el cementerio nuclear y avisaban del impacto de esas características en la seguridad de la instalación durante toda su vida útil. “Cabe dudar si se ha comprobado con rigor la adecuada proporcionalidad real entre las necesidades técnicas a resolver por el ATC y los recursos que se necesitarán para garantizar su seguridad y para reducir las incertidumbres existentes”, se recoge en el documento elaborado por los técnicos y firmado por todos los miembros del área de geólogos.