El Consejo de Seguridad Nuclear continúa con los trabajos para poder dar el visto bueno a la autorización de construcción del almacén nuclear de Villar de Cañas. Ahora ha aprobado aplicar al cementerio nuclear las medidas adicionales que exige la UE a todas las instalaciones nucleares tras la catástrofe de Fukushima. Enresa está obligada a revisar el proyecto para detectar potenciales mejoras en su diseño. El nuevo paso quiebra otra vez el pleno del CSN, con un cruce de votos particulares entre los consejeros en plena polémica por las dudas sobre la calidad de los terrenos en que se ubicará el almacén y cuando su construcción ha quedado bloqueada legalmente por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El proyecto de levantar un almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) está formalmente paralizado. La Junta de Castilla-La Mancha amplió una zona de protección ambiental hasta incluir dentro de sus límites la parcela donde está previsto construir silo, y con esa maniobra el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page conseguía bloquear legalmente todas las obras dentro de esta nueva zona protegida y así frenar sine díe el proyecto.

A pesar del bloqueo legal, Enresa –la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares en España- continúa licitando y adjudicando contratos ligados a la futura construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de basura nuclear. Y, por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) continúa con los trabajos necesarios para dar su visto bueno a la autorización de construcción de la instalación.

El último de los avances del CSN de cara a impulsar el proyecto ha sido la aprobación de una instrucción técnica que obliga al ATC a ajustarse a los nuevos requisitos de seguridad que impuso en 2014 la Unión Europea a las instalaciones nucleares tras la catástrofe de Fukushima.

El proyecto, a revisión

Por un lado, la aprobación supone un paso más para avanzar en el proyecto, dado que las exigencias que establece la directiva comunitaria sólo son aplicables a las instalaciones nucleares que obtengan la autorización de construcción con fecha posterior al 14 de agosto de 2014. Y ése es el objetivo hacer viable la autorización de construcción.

Pero, por otro lado, la propuesta de instrucción técnica (IT) aprobada por el pleno del CSN el pasado 17 de febrero también implica que Enresa, la sociedad encargada de gestionar el ATC, estará obligada a revisar el proyecto para adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad en caso de accidente.

“Esta instrucción técnica requiere la realización por parte de Enresa de un estudio con una evaluación detallada de los sucesos [esto es, accidentes y otras circunstancias graves] con consecuencias en el diseño estructural, a tener en cuenta en la fase de diseño de la instalación”, apunta el Consejo de Seguridad Nuclear. El objetivo fundamental de la revisión del proyecto es identificar “potenciales mejoras en el diseño de la instalación frente a condiciones graves”, incluso aquellas que vayan “más allá de las bases de diseño” actuales de la instalación.

Enresa dispone de nueve meses para realizar esta revisión en profundidad del proyecto para comprobar y asegurarse de que el diseño del cementerio nuclear cumple con los nuevos requerimientos de seguridad o, en su defecto, identificar los aspectos que no se cumplen para proceder a su corrección. Un paso más para hacer posible la construcción del polémico almacén de basura nuclear, pero también un potencial obstáculo en caso de que haya que modificar su diseño en caso de ser necesario.

El CSN se rompe (otra vez)

El nuevo paso para hacer posible la construcción del ATC vuelve a quebrar el pleno del CSN, el órgano colegiado de cinco miembros que adopta todas las decisiones del supervisor. La propuesta de instrucción técnica con nuevos requisitos para el silo se aprobó por cuatro votos a favor y sólo uno en contra, una vez más el de la exministra socialista Cristina Narbona (que en los últimos años ha sido la única voz crítica en la cúpula del CSN contra cómo se gestiona la autorización del cementerio nuclear y también el proceso para la reapertura de la central de Garoña).

Narbona ha emitido al respecto su enésimo voto particular [ver documentos adjuntos], al considerar que la aprobación sólo sirve para avanzar en la concesión de la autorización de construcción en un proceso que “adolece de graves problemas procedimentales de origen”. En este sentido, la consejera denuncia que siguen sin disiparse las dudas sobre la mala calidad de los terrenos donde estará el ATC, que no se cuenta con la información de los estudios adicionales exigidos, y que el Gobierno aún no ha aprobado la autorización previa del proyecto del almacén.

El texto de Narbona ha sido respondido por sendos votos particulares de dos de los consejeros del CSN nombrados a propuesta del PP (Fernando Castelló y Javier Dies Llovera), en los que se considera que se refuerza la seguridad del proyecto del almacén al exigir los requisitos contemplados en la directiva de la UE y se desvincula los trabajos de evaluación técnica del CSN de las actuaciones con “interpretaciones políticas” de administraciones como la Junta de Castilla-La Mancha.

La mala calidad de los terrenos

Además de estar ignorando el bloqueo legal impuesto por la Junta de Castilla-La Mancha, Enresa y CSN avanzan en la obtención de la licencia de construcción sin que esté aprobada formalmente por el Ministerio de Industria la necesaria autorización de emplazamiento del proyecto.

El Consejo de Seguridad Nuclear dio su visto bueno el pasado julio a la autorización previa del almacén, que en la práctica suponía ratificar la idoneidad de la ubicación seleccionada. Una vez obtenido el informe favorable del CSN, el Ministerio de Medio Ambiente debe redactar la preceptiva declaración de informe ambiental del proyecto. Pero el departamento de Isabel García Tejerina sigue sin avanzar en la elaboración de esa declaración, al considerar que no está completa toda la información necesaria. Y sin la declaración de impacto ambiental, el Ministerio de Industria no puede aprobar formalmente la autorización previa o autorización de emplazamiento del almacén.

Y todo ello cuando aún no se han despejado las dudas sobre la calidad de los terrenos elegidos para albergar la instalación. Y es que en el informe favorable a la autorización previa del almacén el propio CSN reconoce las dudas sobre los suelos: ve insuficientes los datos sobre hidrogeología e hidrogeoquímica (esto es, los referentes básicamente a la reacción de los terrenos por la presencia de agua subterránea). La presencia de yesos y materiales arcillosos en la parcela elegida para construir el ATC de residuos radioactivos podría derivar en que se produzcan agujeros en el terreno.

La mala calidad de los terrenos obligará a trabajos adicionales para la construcción del ATC, que básicamente se traducirán en cimentaciones más profundas y por rellenar parte del terreno con una capa de hormigón para envolver la instalación. Es la solución que propone la propia Enresa para solventar los eventuales problemas por la calidad de los terrenos de Villar de Cañas. Una solución que, previsiblemente, encarecerá, y mucho, el proyecto de los cerca de 1.000 millones previstos.