PSOE y Ciudadanos plantean acabar con el privilegio de los parlamentarios, manteniendo los de miembros del Gobierno, jueces, fiscales, magistrados, vocales del CGPJ, miembros del Consejo de Estado o Defensor del Pueblo. El exministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, planteó en 2014 reducir el número de aforados a 22.

1.864. Ese es el total de aforamientos que PSOE y Ciudadanos eliminarían si pudieran desarrollar el programa de Gobierno firmado este miércoles en el Congreso. La medida solo afecta a diputados (350), senadores (266) y parlamentarios regionales (1.248), manteniéndose el privilegio para el resto de personalidades que lo ostentan, un total de 17.621, según datos que dio en 2014 el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Ese verano, Gallardón planteó eliminar todos los aforamientos salvo los de “los titulares de los poderes del Estado”: el presidente del Gobierno; los presidentes del Congreso y del Senado; el presidente del Tribunal Constitucional; el presidente del Tribunal Supremo; y los 17 presidentes de las comunidades autónomas. “Esto suma 22 personas”, zanjó.

Ahora, la que sería una de las cinco reformas constitucionales exprés de Sánchez y Rivera se conformaría con sacar del grupo de aforados a los parlamentarios nacionales. “Son los regulados en la Carta Magna, preferimos empezar por los propios, los que nos afectan personalmente”, explicaron fuentes de la negociación.

Sin embargo, la Constitución protege también al presidente del Gobierno y a los ministros. Ciudadanos informó de que no está “por acabar con todos los aforamientos” y prefiere “respetar” lo tocante a miembros del Ejecutivo.

El PSOE se dijo partidario de desaforar también a los 1.248 parlamentarios regionales, para lo cual habría que reformar todos los Estatutos de autonomía. Tal determinación aparece plasmada en el documento firmado por socialistas y naranjas: “Supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”.

Además de estos cargos, la Ley Orgánica del Poder Judicial ampara a los jueces y fiscales, a los magistrados que componen el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, a los vocales del CGPJ, a los miembros del Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos.

La última reforma incluyó en el selecto club también a los Reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía, a la Reina Letizia y a la Princesa de Asturias. La figura del Rey queda aparte porque La Constitución recoge que no puede ser juzgado en ningún caso por ningún tribunal. Algunas autonomías amparan también a los consejeros que forman parte del Gobierno regional.

El aforamiento es una polémica protección que se impone a cargos electos, de la carrera judicial o de especial dignidad para que los juzguen, en su caso, el Tribunal Supremo o los Superiores de Justicia autonómicos. Se persigue así por un lado que los jueces encargados de tales causas no sean objeto de presión y que figuras públicas no puedan ser imputadas tras demandas fraudulentas.

Es algo continuamente sujeto a polémica, por la sobreprotección que otorga a presuntos corruptos y que en otras democracias, como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, no existe. En Italia y Portugal solo el Jefe del Estado tiene tal privilegio. En Francia, el presidente y el primer ministro.

PSOE y Ciudadanos entienden que los parlamentarios debieran poder responder ante el nivel más bajo de la justicia en casos de presunta corrupción, pero dejan al margen al resto de aforados.