Pese al desencuentro (total) para conformar Gobierno, las tres formaciones sí se unen para liderar el compromiso de impulsar una nueva normativa –con el apoyo de Compromís, IU, PNV, DiL, ERC, CC y Bildu- que deje en papel mojado el decreto con el que el Ejecutivo del PP que regula el autoconsumo eléctrico.

Las posibilidades de un pacto a tres bandas PSOE-Ciudadanos-Podemos para formar Gobierno (o para no impedirlo) se acercan a… cero. Socialistas y naranjas se han dado el ‘sí quiero’ en un pacto de Gobierno que la formación de Pablo Iglesias rechaza de plano. Y ahora que huele (cada vez más) a investidura fallida, los tres partidos sí han encontrado un punto de acuerdo en que sumar sus fuerzas parlamentarias y tomar medidas.

Y es que PSOE, Podemos y Ciudadanos (con el compromiso explícito de apoyo de Compromís, IU, ERC, PNV, Democracia i Llibertat, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Bildu) se han unido contra el ‘impuesto al sol’ y han pactado impulsar un nuevo real decreto en los primeros 100 días de un eventual futuro Gobierno que tumbe la regulación del autoconsumo eléctrico aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy el pasado octubre. Una regulación que, según sus detractores, directamente hacía inviable su desarrollo en España. Una vez aprobado el decreto por el futuro Gobierno, el resto de partidos se comprometen a apoyar su convalidación en las Cortes y a consensuar su desarrollo reglamentario.

El acuerdo hecho público hoy, al que se han unido todos los grupos parlamentarios salvo el PP -con lo que suman 227 diputados en el actual Congreso-, recoge el grueso de las principales reclamaciones que venía haciendo el sector fotovoltaico y las diferentes organizaciones ecologistas y prorrenovables (ojo, no todas, porque cuestiones cruciales quedan pendientes de incluirse en el futuro reglamento que desarrollará el decreto). En cualquier caso, el pacto contempla cuatro cambios sustanciales en relación a la normativa vigente.

  • DERECHO A AUTOCONSUMIR ELECTRICIDAD SIN NINGÚN RECARGO:

En primer lugar, el futuro real decreto reconocerá el derecho de autoconsumir electricidad sin ningún tipo de cargo. Se eliminarán así los recargos recogidos por el decreto impulsado por el ministro José Manuel Soria y que se aplicaba a toda la electricidad generada por las instalaciones particulares, también la electricidad que se consumía por el propio usuario. Esto es, se elminan las tasas que habían recibido la ilustrativa etiqueta de ‘impuesto al sol’.

“La energía autoconsumida instantáneamente o almacenadas en baterías y autoconsumida con posterioridad no debe contribuir dicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento se hace uso de la red eléctrica”, recoge el articulado de la futura norma. En la actualidad, se cobran cargos (peajes) a los autoproductores tanto por la electricidad autoconsumida como a la vertida en la red.

  • ELIMINAR LA PROHIBICIÓN A COMPARTIR INSTALACIONES EN COMUNIDADES DE VECINOS:

La nueva regulación impulsada por los grupos parlamentarios de la oposición permite que las instalaciones de autoconsumo puedan ser compartidas por varios clientes, así que podrán instalarse en edificios de comunidades de vecinos. El decreto del Gobierno de Mariano Rajoy prohibía compartir las instalaciones de producción entre varias personas, y eso en un país en el que un 65% de la población vive en bloques de comunidades de vecinos.

“La presente Ley habilita la posibilidad de que varios consumidores copartan instalación de autonsumo, lo que se considera imprescindible para el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico”, se subraya el texto.

  • SIMPLIFICACIÓN DE LAS TRABAS BUROCRÁTICAS:

La nueva norma también simplificará la tramitación administrativa, especialmente para las instalaciones pequeñas de menos de 100 kW -que son las que utilizan los particulares en sus viviendas o los pequeños negocios-. En este sentido, se suprime el Registro Administrativo de Autoconsumo y las instalaciones que no vierten energía a la red y sólo sirven para autoconsumir sólo tendrán que hacer una notificación, sin necesidad de obtener un punto de conexión ni ningún otro trámite administrativo.

 

  • NO A LAS MULTAS DE HASTA 60 MILLONES DE EUROS

El futuro decreto adaptaría el régimen sancionador al impacto real que pueden tener estas instalaciones en el sector eléctrico, para evitar la posibilidad de aplicar multas multimillonarias (de hasta 60 millones de euros) a pequeños consumidores, tal y como se recoge en la regulación actual.

La gran reclamación pendiente: el balance neto

A pesar de que el texto consensuado para el eventual futuro real decreto atiende buena parte de las quejas del sector, queda pendiente de regulación -a la espera del futuro desarrollo vía reglamento- el denominado balance neto, que es una de las grandes reclamaciones de los defensores del autoconsumo.

El balance neto es un sistema por el que los autoproductores de electricidad pueden verter a la red la electricidad sobrante producida y que se le descuente de la factura, pagando sólo por la diferencia entre lo consumido de la red y lo aportado por sus placas solares al sistema eléctrico. Una fórmula que es la más extendida internacionalmente, y que ya está vigente en Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Holanda, Dinamarca,Portugal, Grecia, Italia, Japón o Australia, entre otros países.

El objetivo de los grupos parlamentarios que han alcanzado el acuerdo es recogerlo en el futuro reglamento que desarrollará la normativa, pero hasta entonces las pequeñas instalaciones de menos de 100 kW seguirán pudiendo verter electricidad a la red pero sin cobrar por ella o cobrando a precios de mercado como cualquier otra instalación de generación (algo demasiado complejo para un particular).

El último golpe de Soria

El pasado octubre, apenas dos meses antes de las elecciones generales del 20-D, y a pesar de enfrentarse al rechazo unánime de toda la oposición, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico y que, según denuncia toda una legión de detractores, directamente lo hace inviable.

La regulación impulsada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, traeia nuevos cargos que deben pagar los que se atrevan a convertirse en autoconsumidores, tanto un coste fijo por la potencia instalada en casa como uno variable por la electricidad consumida. De estos recargos sólo quedan exentos aquellos hogares que decidan desengancharse por completo de la red eléctrica general: lo que resulta un impedimento crucial, porque la mayor parte del consumo de las viviendas y pymes se realiza en horarios en que no se puede producir electricidad con el sol, así que hay que utilizar la red como sistema de apoyo. Y también quedan exentos aquellos que, aun estando conectados a la red, tengan instalaciones con una potencia inferior a 10 kw (que dejarán de pagar sólo la parte variable, de la fija no se libran) y/o sean residentes en Canarias y Baleares. El resto pasan por caja.

El decreto vigente también contempla un sobrecargo específico para los que cuenten con baterías para almacenar parte de la electricidad producida por sus paneles solares (fundamental para los que quisieran ser más eficientes y reducir aún más el consumo de la red); incluye trabas burocráticas como la inscripción en un registro de autoconsumidores y la solicitud de un informe de conexión a las compañías eléctricas; recoge barreras técnicas como la obligación de colocar los equipos de medida en un lugar accesible y cerca del punto de conexión a la red de distribución, lo que encarece la instalación dado que el punto de generación eléctrica puede distar mucho del punto de conexión; y queda prohibido compartir las instalaciones de producción entre varias personas.

Además, el decreto español establece en este ámbito dos categorías diferenciadas de autoconsumidores en función del tamaño de su instalación. Los pequeños productores, con instalaciones con una potencial inferior a los 100 kilovatios, pueden verter a la red el sobrante de su energía, pero no percibirán nada (ni un euro) por ello. Pueden aportar electricidad a la red, pero regalándola. Y los grandes productores, con equipos de más de 100 kilovatios, sí que cobrarán por la electricidad vertida y lo harán al precio del mercado mayorista en el momento en que se realice el vertido. Pero el tratamiento de esta actividad es jurídica y fiscalmente igual a que recibe cualquier otro gran generador de energía del país, y se tendrá que asumir además el peaje a la generación (0,5 euros por cada MWh) y el impuesto del 7% sobre la producción.