El pacto entre PSOE y Ciudadanos contempla revocar la amnistía fiscal del gobierno del PP y exigir los 2.800 millones de euros que dejó de ingresar de los defraudadores. El sistema recaudatorio que delinea el acuerdo también incluye una bajada del IVA cultural del 21% al 10%, una reducción de la tributación de las rentas del trabajo en el IRPF y la creación de un impuesto extraordinario que gravará las “grandes fortunas”.

En el documento con los acuerdos de gobierno a los que han llegado PSOE y Ciudadanos hay un extenso punto sobre la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida.

Una de las medidas estrella del Gobierno que salga investido la semana que viene, si las formaciones consiguen superar el debate de investidura, será exigir los 2.800 millones de euros “que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores”. Se refieren a lo que dejó de ingresar el Estado como consecuencia de la amnistía fiscal, ya que esta iniciativa del Partido Popular para aflorar rentas redujo su tipo impositivo del 10% al 3%.

Además, PSOE y C’s quieren remitir a los tribunales “todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales”.

El Gobierno de PSOE y C’s remitiría a los tribunales los indicios de delitos relacionados con la corrupción o el blanqueo de capitales de quienes se acogieron a la amnistía fiscal

Entre las medidas contra el fraude también destaca un aumento de personal y recursos de la Agencia Tributaria y un nuevo estatuto que dote a este organismo de una mayor independencia del poder político. Otro ente que quieren reforzar los partidos es el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, el SEPBLAC.

En este sentido, el acuerdo contempla una revisión de la política en materia de paraísos fiscales y transparencia.

Asimismo, el pacto prevé un endurecimiento de las penas por delitos fiscales y laborales, con un refuerzo de la lucha contra la precariedad.

Como medida para luchar contra la economía sumergida, las formaciones quieren limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a 1.000 euros, además de garantizar que cualquier cobro superior a 25 euros pueda completarse con tarjeta de crédito.

Impuestos

El espíritu de Robin Hood habita en las páginas fiscales del pacto de gobierno que han suscrito PSOE y Ciudadanos. La mayor manifestación de su ectoplasma es la creación de un “impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas”, que compensará las bajadas del gravamen a los trabajadores.

Asimismo, el acuerdo contempla la creación de una oficina de control fiscal de grandes fortunas en el seno de la Agencia Tributaria.

La reforma tributaria que planean las dos formaciones, si consiguen superar los debates de investidura de la semana que viene, también incluye una remodelación del impuesto de sociedades para acercarlo más a los niveles del resto de socios de la UE.

El documento incluye la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas

Mientras, en el lado de los trabajadores, PSOE y C’s han acordado una reforma del IRPF que reduzca la tributación de las rentas del trabajo. Esta bajada se producirá “cuando la situación presupuestaria lo permita”, aclara el documento; hasta entonces, matiza, los trabajadores no sufrirán subidas de los tipos impositivos.

La recaudación fiscal en nuestro país es una de las más bajas de la Unión Europea y está muy concentrada sobre pocos contribuyentes y bases imponibles estrechas”, refleja el texto. “El nuevo gobierno propondrá reformas del sistema impositivo que eleven la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora”.

Otra iniciativa, muy demandada por los artistas, es la reducción del IVA cultural, que pasará del 21% al 10%.

Dentro del paquete de medidas fiscales, los firmantes también quieren armonizar entre las diferentes comunidades autónomas el impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio, con horquillas de máximos y mínimos. Además, PSOE y Ciudadanos plasman su intención de sustituir el impuesto de matriculación por uno sobre las emisiones contaminantes de los vehículos a motor.