Las eléctricas asumen el golpe en sus cuentas de mantener el pulso para reabrir una nuclear que ellas cerraron voluntariamente hace ya tres años.

La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla para los detractores de la energía nuclear, para los partidos políticos de uno y otro signo, para los diferentes bandos que se enfrentan en la particular guerra interna en el Consejo de Seguridad Nuclear… Y también empieza a convertirse en un roto en las cuentas de su propietaria, Nuclenor, participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola.

La central cesó sus operaciones de generación de energía en diciembre de 2012. Endesa e Iberdrola entonces echaron el cierre a la planta voluntariamente, en plena batalla con el Gobierno por la reforma eléctrica, y para evitar hacer frente al pago del nuevo impuesto creado para las nucleares.

Y en mayo de 2014, tras varias reformas legislativas ad hoc del Gobierno para hacerlo posible, las eléctricas solicitaron su reapertura y lo hicieron con el objetivo de renovar la licencia de explotación hasta 2031, cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Una petición que a la postre se entiende como un órdago para abrir la puerta para que el resto del parque nuclear español amplíe su vida útil de los 40 a los 60 años.

Mientras se dirime esta batalla –el Consejo de Seguridad Nuclear tiene previsto emitir su informe sobre la reactivación de la central a mediados de este año-, Endesa e Iberdrola llevan dos años apechugando en sus cuentas con la losa de mantener los costes de una central que no vuelca ni un kilovatio a la red eléctrica.

Nuclenor, dos años en números rojos

En los dos últimos años, a Iberdrola y Endesa la batalla por reabrir Garoña les ha costado 228 millones de euros. Ambas eléctricas han incluido en sus cuentas de los dos últimos ejercicios provisiones a partes iguales por importes millonarios para seguir cubriendo los costes de su filial Nuclenor.

Las cuentas de Endesa e Iberdrola correspondientes a 2015 incluyen sendos impactos negativos de 58 millones de euros. En conjunto, a ambas eléctricas Garoña les supuso un golpe de 116 millones de euros, que previsiblemente se corresponderán con unos números rojos de igual cuantía por parte de Nuclenor.

Y ese golpe se suma a las pérdidas de 112,8 millones de euros que la empresa propietaria de la central burgalesa registró en 2014 (a razón 56 millones para cada eléctrica en provisiones en los resultados de ese ejercicio). Curiosamente, en 2013, el primer ejercicio sin actividad de Garoña, Nuclenor se apuntó un beneficio de 22 millones de euros como consecuencia de la reversión de provisiones realizadas en años anteriores.

La batalla de Garoña

Endesa e Iberdrola decidieron unilateralmente cerrar Garoña en diciembre de 2012 en pleno órdago al Gobierno de Rajoy por las medidas contenidas en la reforma eléctrica. En mayo de 2014, tras varios cambios legislativos ad hoc promovidos por el Ejecutivo para hacerlo posible, Nuclenor presentó su solicitud de reactivación de la planta. Y en esa solicitud la compañía reclamaba la ampliación de la licencia por un periodo de 17 años, hasta 2031.

Se trataba pues de la primera vez que un operador nuclear pedía ampliar el funcionamiento de una central española más allá de 10 años, como era la práctica común desde los noventa, para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad (RPS) que realiza el CSN también cada 10 años. Sin embargo, mientras la revisión técnica es obligatoria por ley cada decena de años, hacerla coincidir con la renovación de la licencia es un aspecto recogido en la guía de buenas prácticas del regulador, pero no es de obligado cumplimiento.

Los dueños de la central nuclear de Garoña han vuelto en los últimos meses a apostar claramente por su reapertura. Tras varios meses de impasse en que Nuclenor venía postergando su decisión sobre si acometer las inversiones necesarias para avanzar en la reactivación de la planta, ahora la compañía ha ejecutado al menos parte de esas inversiones con el objetivo de conseguir la autorización preceptiva. Una vez conseguido el visto bueno del CSN, la decisión de otorgar la nueva licencia de explotación es potestad exclusiva del Gobierno.

Y en plena negociación para un acuerdo de legislatura tras el 20-D, la composición del futuro Gobierno será crucial para determinar el futuro de la planta, dado que la actual oposición al completo –con PSOE y Podemos a la cabeza- se han mostrado contrarios a la reactivación de la central nuclear más vieja de Europa.