Activistas de la organización cuelgan pancartas contra la reapertura de la central nuclear más vieja de Europa en la sede central del regulador del sector.

La batalla contra la reapertura de Garoña ya no se juega sólo en los despachos. Greenpeace ha realizado hoy una acción de protesta en la misma sede del Consejo de Seguridad Nuclear(CSN), el supervisor del sector que estudia actualmente un informe favorable a la reactivación de la central nuclear burgalesa, la más vieja de Europa.
 
Activistas de la organización ecologista se han encaramado la fachada de la sede en Madrid del CSN y han descolgado pancartas con los lemas ‘Stop Nucleares’ y ‘Stop Garoña’. A pie de calle otro grupo de activistas mostraban pancartas en las que también reclamaban un Consejo de Seguridad Nuclear independiente de las injerencias políticas. Greenpeace ha hecho coincidir esta acción con la reunión del pleno del CSN -órgano colegiado de cinco miembros que toma las decisiones del regulador-, que estaba prevista para las 10.00 horas y que finalmente ha comenzado con casi hora y media de retraso.

 
 

 

 

 

 

“Quieren reabrir Garoña. La central nuclear más vieja de la Unión Europea está parada desde 2012, pero el Gobierno en funciones del Partido Popular está empeñado en ponerla en marcha de nuevo. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la mayoría de cuyos miembros proceden del PP, está allanando el camino hacia un informe favorable para una nueva licencia a la central. Juega así  con una tecnología obsoleta y peligrosa en favor de unos intereses políticos y económicos particulares“, sostiene Greenpeace en un comunicado. “Por ello, esta mañana hemos protestado ante la sede del CSN. Exigimos un CSN independiente, que vele realmente por la seguridad nuclear y no por los intereses particulares de políticos y empresas”.

La dirección del CSN ha anunciado que ha presentado una denuncia contra los miembros de la organización ecologista que han participado en la protesta. El pleno del organismo ha explicado en un comunicado que, por su calidad de supervisor independiente, “no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo” y  ha subrayado que sus competencias en el expediente de la central de Santa María de Garoña se limitan a la emisión de un informe técnico sobre la seguridad de la instalación y que la renovación de licencia de explotación es competencia del Ministerio de Industria. “El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones que pueden ser interpretadas como una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador que solo cumple con su labor dentro de la legalidad establecida”, ha indicado el centro.

Sólo un día después de que todos los grupos parlamentarios (con la única excepción del PP) reclamara paralizar el expediente de la reapertura de Garoña hasta que deje de haber un Gobierno en funciones, el Consejo de Seguridad Nuclear avanzó en el proceso de reactivación con la aprobación, hace dos semanas, de varias modificaciones técnicas encaminadas a la reactivación de la central más vieja de España.

Nuclenor -la empresa propietaria de la central, controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola- decidió unilateralmente cerrar Garoña en diciembre de 2012 en pleno órdago al Gobierno de Rajoy por las medidas contenidas en la reforma eléctrica. En mayo de 2014, tras varios cambios legislativos ad hoc promovidos por el Ejecutivo para hacerlo posible, Nuclenor presentó su solicitud de reactivación de la planta. Y en esa solicitud la compañía reclamaba la ampliación de la licencia por un periodo de 17 años, hasta 2031.

Se trataba pues de la primera vez que un operador nuclear pedía ampliar el funcionamiento de una central española más allá de 10 años, como era la práctica común desde los noventa, para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad (RPS) que realiza el CSN también cada 10 años. Sin embargo, mientras la revisión técnica es obligatoria por ley cada decena de años, hacerla coincidir con la renovación de la licencia es un aspecto recogido en la guía de buenas prácticas del regulador, pero no es de obligado cumplimiento.