El cerco se estrecha. Para el gobierno valenciano cobrarse la cabeza de Rita Barberá es una prioridad y ya ha puesto en marcha la maquinaria para conseguirlo.

Mientras el proceso judicial que rodea al equipo de la exalcaldesa de Valencia amplía su duración y adquiere la condición de pieza separada, los partidos de izquierdas mueven ya sus piezas en el tablero político valenciano para propiciar la caída del rostro político más conocido de las dos décadas de poder absoluto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

La jugada la ha iniciado Podemos, el aliado incómodo del gobierno valenciano, quien ha pedido un informe jurídico para confirmar la posibilidad de convocar una comparecencia de Rita Barberá ante las Cortes Valencianas. La justificación de Podemos es que Barberá no es una senadora electa, si no que accedió a su escaño por designación del parlamento autonómico y por ello, en opinión de los miembros de Podemos, ese mismo parlamento puede exigir a la senadora todo tipo de explicaciones.

Si el informe es positivo el partido presentaría una petición a las Cortes, donde las fuerzas de izquierdas tienen mayoría absoluta, y Rita Barberá acabaría teniendo que someterse a un interrogatorio liderado por algunos de sus peores enemigos políticos y retransmitido por internet a todos los medios valencianos y nacionales.

Un escenario que choca de frente con la estrategia de esconderse de las cámaras que está siguiendo Rita Barberá, primero enclaustrada en su casa y después en el Senado, donde en la última semana se ha ausentado de un encuentro con el Presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig —desplazado al Senado para preparar la estrategia común de los políticos valencianos de cara a convertir los problemas de financiación de la Comunidad Valenciana en un asunto nacional— y a dos reuniones convocadas por el Partido Popular, una por la dirección nacional del partido y otra por Isabel Bonig para preparar, precisamente, el encuentro con Puig.

La importancia de la pieza separada

En todo caso, Barberá cuenta a su favor con una baza inapelable, el juez instructor no le ha llamado a declarar en ningún momento de la investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Valencia.

Pero en los pasillos de Les Corts los críticos con el PP han puesto siempre en entredicho el hecho de que la exalcaldesa de Valencia no esté imputada. Y es que dentro del juego de intereses que supone siempre la política, algunos diputados de izquierdas llevan semanas alargando la sombra de la sospecha que cae sobre la actual senadora recordando que imputar un delito a una persona aforada conlleva el traslado de todo el caso al Tribunal Supremo, por lo que, en el caso de Barberá, eso supondría cambiar de manos la investigación no sólo de la presunta financiación ilegal del PP de Valencia, sino todas las actuaciones que se están realizando en la llamada Operación Taula, la investigación de la empresa IMELSA, puesto que las grabaciones realizadas en la Diputación de Valencia fueron las que acabaron llevando al registro de los despachos de los populares el Ayuntamiento de Valencia.

Esta, interesada, rumorología ha vuelto al primer plano informativo este mismo martes cuando el juez que lleva la investigación ha decidido conceder a la investigación en el ayuntamiento de Valencia un sumario propio al declararlo una pieza separada. Este mecanismo legal permitiría que, en el caso de que se pidiera la imputación de la senadora Barberá, el grueso de la Operación Taula permaneciera en Valencia mientras el Tribunal Supremo se encarga de presentar el suplicatorio al Senado para pedir el interrogatorio de Barberá.

Fuera del terreno de la especulación política esta pieza separada supone un revés para los populares valencianos a los que les urgía zanjar la crisis de imagen que les ha supuesto la imputación del grueso de sus concejales del ayuntamiento de Valencia, y que pretendían negociar con los ediles la renuncia a sus actas de concejales. Las medidas judiciales suponen la extensión del secreto de sumario hasta el próximo 14 de marzo una fecha que da tiempo de sobra al actual gobierno de la ciudad de Valencia a preparar una comisión de investigación que devolvería al primer plano mediático un escándalo que los populares tratan de olvidar.